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La fuerza de las reglas

Al perseguir el plebiscito, el Govern puede ocultarse tras la mayoría que quiere una consulta

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno
Mariano Rajoy, presidente del Gobierno ASSOCIATED PRESS

Un gobierno democrático no solo debe ser liberal, debe parecerlo. Un referéndum ilegal es un asunto que podría haberse dejado en manos de los juzgados de guardia, que pueden enviar a la policía judicial a detenerlo si encuentran la medida proporcionada, de los funcionarios que custodian el censo y de unas ciertas multas por gastar dinero público en lo que no se debe. Toda la prevención que debería necesitar un Estado seguro de sí mismo es la de enunciar con claridad las consecuencias, sin ponerse a correr detrás de nadie. Está fuera de lugar decir que el Gobierno español es un opresor por su actividad, pese a excesos que deben juzgarse por los tribunales, como intervenir las cuentas de la Generalitat. Lo excepcional es reaccionar pasivamente, pero lo excepcional habría sido deseable.

Hay cierto tipo de normas que se cuidan bastante bien de sí mismas —salvo en caso de una verdadera revolución— y no dejar que lo hagan puede facilitar un enfrentamiento innecesario. Los filósofos distinguen a veces entre reglas constitutivas y regulativas. Las primeras diferencian lo válido de absurdos como alinear a 12 futbolistas contra 11 o declararse ganadores con independencia de lo que diga el árbitro; las segundas procuran que el juego sea limpio y ordenado. Un gol marcado cuando el árbitro aprecia fuera de juego no es un gol, como un referéndum auto-organizado sin consenso y sin reconocimiento no es un referéndum y nadie cuestiona esto seriamente, porque es parte constitutiva del juego y de la democracia. Son cosas distintas de una entrada a la espinilla, que es falta, y se suele sancionar; o de gastar dinero público para fines particulares, que es malversación, y lleva asociado multas y otras penas.

Muchas reglas constitutivas funcionan sin coacción. En el deporte rey, y perdonen la broma, quien invocara una norma propia para validar un gol con el juego parado porque “esto va de fútbol” y “queremos chutar” se descalificaría a sí mismo. Un ejemplo serio son las reglas que estipulan lo que cuenta como un matrimonio. Si la ley no reconociera a los matrimonios del mismo sexo, no los habría. No haría falta que el Gobierno se comprometiera pública y personalmente a que no los hubiese, ni impedir que las parejas de un mismo sexo trataran de casarse: no estarían casados, aunque hicieran como si lo estuvieran. El consenso social y el trabajo normal de los funcionarios se encargarían de hacerlo imposible, protegiendo incluso a una institución que hoy consideramos inacabada, como es el matrimonio tradicional, pues vivimos en una sociedad en la que tales reglas se aceptan hasta que se cambian. Y es así mientras vivamos en paz. Hacer la pose de garantizarlo desde el poder sería poco liberal y poco estético.

Lo excepcional es reaccionar pasivamente, pero lo excepcional habría sido deseable

Es cierto que ir contra el Estado es más revolucionario que ir contra la familia tradicional. Tras la aprobación, en las tristes jornadas del 6 y 7 de septiembre, de unos textos que supondrían, de no anularse, un quebranto de las reglas básicas, solo pueden pasar dos cosas. O bien el Gobierno catalán está en lo cierto, el “pueblo” le respalda unánime y estamos ante una revolución no violenta e incontenible democráticamente, o bien el Gobierno catalán no lo está, sino que actúa como jefe de parte de unos catalanes frente al resto, como escenificaron cantando el himno patriótico a capela en una asamblea sin opositores, además de contra sus conciudadanos españoles, y no va a ningún sitio con este referéndum. No hay nadie que no sepa cuál es la verdad, como no hay nadie que no sepa que el riesgo de sedición tumultuaria es insignificante.

Al perseguir el plebiscito como si se tratara de evitar un percance, en lugar de dejar hacer en silencio a quien le toque, se ha facilitado el lenguaje y los símbolos de la desobediencia civil a todo el que participe, y al Gobierno catalán el esconderse tras la mayoría que sí quiere un referéndum (pactado) para ocultar que su proyecto de independencia dista mucho de convocar a un pueblo unido. A la vez, el Gobierno central ha ocultado en la necesaria defensa del Estado de derecho su aversión a que se visibilice la demanda de cambio constitucional en Cataluña. Servidos están.

Alberto Penadés es profesor de sociología en la Universidad de Salamanca.

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