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Dueños, en masculino

La mayoría de los países ricos en recursos naturales tienen los índices de pobreza más altos o los niveles de educación más bajos

Estreculturas tiene proyectos educativos en América Latina, Asia, África y Europa.
Estreculturas tiene proyectos educativos en América Latina, Asia, África y Europa.

Con cinco años, el dueño de la pelota manda y la cosa termina a empellones. Por fortuna para la supervivencia humana, pronto aparecen las normas, el darse cuenta que sin amigos me aburro como una ostra, y al fin, los valores. En este juego de la humanidad en el que abundan los empellones, solo tenemos una pelota, el Planeta Tierra. Un planeta que consumimos al doble de su capacidad y nos repartimos francamente mal: el 1 % de la población acumula tanto como el 99 % restante. Otros cálculos estiman que el 0’7% de la población tiene el 45 % de la riqueza.

Paradójicamente, la mayoría de los países ricos en recursos naturales tienen los índices de pobreza más altos, los niveles de educación más bajos y el mayor número de conflictos violentos, recurrentes y complejos. Así, la llamada "maldición de los recursos naturales" discurre como una montaña rusa: arriba, abajo, arriba, abajo, abajo, abajo y, ¡ZAS!, círculo perverso.

Según el Africa Progress Panel, dos tercios, es decir, 175 millones de los niños y niñas que no van al colegio, viven en países con grandes recursos naturales cuyos presupuestos en educación son inferiores al 3 %. ¿Qué está pasando? Descubrirlo y tomar medidas es clave para que se cumpla el derecho a la educación en el mundo.

175 millones de los niños y niñas que no van al colegio, viven en países con grandes recursos naturales con presupuestos en educación inferiores al 3%

En el informe Educación en tierra de conflicto llama la atención un dato: de los 40 conflictos que entre 1999 y 2013 han conllevado ataques directos a la educación (destrucción de escuelas, asesinatos, agresiones o amenazas a estudiantes y a docentes), más de la mitad estaban vinculados con los recursos naturales. Señala, además, que en la última década, el 87 % de las personas desplazadas en el mundo procedían de zonas de explotación minera y petrolera.

El caso de República Democrática de Congo es tristemente paradigmático: un país con vastos recursos naturales sumido desde los años 90 en conflictos por el dominio de los mismos. La mitad de la minería está controlada por grupos armados. La violencia interrumpe la vida y golpea especialmente a las mujeres. Las personas se ven obligadas a desplazarse. Las escuelas son destruidas y las instalaciones destinadas a uso militar. Hoy por hoy es casi imposible saber dónde terminan esos minerales.

Los acaparamientos de tierras para grandes proyectos extractivos, agrarios, madereros o hidroeléctricos, también amenazan la educación. En Kenia 30.000 escuelas públicas están en riesgo de desaparecer por esta causa.

Sin embargo, la exportación de estos recursos no revierte en una mayor inversión en educación, salvo en el caso de Botsuana, una de las pocas excepciones a esta maldición. “El Estado usa el argumento de que para generar más educación hay que explotar los recursos, pero eso no es cierto”, cuenta Wilmer Fernández, director de SAIPE, organización socia de Entreculturas en la región amazónica peruana. Allí todos los indicadores educativos están muy por debajo de la media del país y arrastran una historia de conflictos entre las comunidades awajun, el Gobierno y las empresas extractivas e hidroeléctricas. En su opinión, los conflictos vinculados a proyectos extractivistas y de mega hidroeléctricas generan violencia y desarticulación social. "Quienes ponen en conflicto el territorio, vulneran los derechos de los pueblos indígenas", afirma. "Resultaría menos costoso y más sostenible que el Estado cumpliera con su deber de aplicar la Ley de Consulta".

La Corte Penal Internacional ha reconocido este año que las corporaciones podrían ser juzgadas por crímenes contra la humanidad por este tipo de hechos a raíz de una demanda interpuesta por un caso de acaparamiento de tierras en Camboya. Además, y no es casual, las agresiones y asesinatos de defensoras y defensores ambientales están aumentando: 201 asesinatos en 2016 y 117 en lo que va de año.

201 defensores medioambientales fueron asesinados en 2016 y 117 en lo que va de 2017

Los Estados de los cuales proceden estas empresas, entre ellos España, no pueden mirar para otro lado. Urge apoyar la iniciativa del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que se firme un tratado vinculante que obligue a las corporaciones transnacionales. Urge aprobar una ley que incorpore la directiva europea 2014/95 y asegure la transparencia en materia de derechos humanos y medioambiente. Urge que el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, aprobado el 31 de julio, se concrete en medidas efectivas y que no se quede en papel mojado por falta de presupuesto. Urge aumentar la Ayuda Oficial al Desarrollo y las medidas por la justicia fiscal porque hay regiones exportadoras, como la centroafricana, donde los volúmenes de fondos que se detraen a través de la evasión de impuestos superan el total de Ayuda recibida.

Dueños, en masculino, porque mientras que las mujeres cultivan la mayor parte de los alimentos del planeta, ellas y las niñas suman el 60 % de las personas infraalimentadas. Existen grandes desigualdades en el acceso a la propiedad de la tierra y los conflictos relacionados con los recursos naturales se caracterizan por la utilización de las mujeres como arma de guerra.

Hace falta un cambio. La educación está amenazada por el modelo de explotación de recursos naturales y consumo desmedido, pero también es el camino. Es esencial para la adecuada gestión de los recursos naturales, la preservación del medioambiente, la construcción de la paz y el cumplimiento de los demás derechos humanos. 2700 adolescentes participantes en el programa de Educación para la Ciudadanía Global, Red Solidaria de Jóvenes, se forman y actúan con otras redes de América Latina para conseguirlo. “Somos agentes de cambio porque tenemos mucha energía, nos ayudamos mutuamente y tenemos empatía para solucionar los problemas actuales”, explican mientras ponen en marcha proyectos de reforestación, instalaciones de reciclaje o conocimiento de grupos de consumo en su localidad.

No hacen falta dueños, sino personas capaces de regir sus vidas por los valores del respeto a los derechos humanos.

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