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Defender el agua no es un delito

La lucha de Berta Cáceres sigue más viva que nunca

Manifestación contra el asesinato de Berta Cáceres.
Manifestación contra el asesinato de Berta Cáceres.

Albertina López es una de las activistas hondureñas que desde hace varios meses lidera la lucha de los habitantes de Pajuiles, en el departamento de Atlántida, frente al proyecto hidroeléctrico de la empresa HIDROCEP. “Cuando supe del asesinato de Berta Cáceres y todo lo que sufrió por defender el río, me tocó el corazón, pero nunca imaginé que un día sería yo la que tuviera que iniciar este proceso de lucha por defender el río Mezapa”, dice. Desde el pasado mes de marzo, a través de dos campamentos permanentes, Albertina y otros pobladores de la zona intentan impedir el acceso de las máquinas hacia la parte alta de la cordillera Nombre de Dios donde está proyectada la construcción de la hidroeléctrica.

Desde entonces, la policía ha tratado varias veces de desalojar de forma violenta los campamentos; la última ocasión el pasado 15 de agosto cuando fueron detenidas 6 personas, entre ellas Albertina, quien a pesar de su avanzado estado de gestación asegura que no cejará en su lucha contra la hidroeléctrica. Ni los numerosos intentos de desalojo violento ni las amenazas de grupos cercanos a los intereses de la empresa han conseguido de momento doblegar a la población. Tampoco que el alcalde de una de las localidades afectadas insista en que hubo un sí de la población al proyecto, un proceso de elaboración de la consulta fraudulento según numerosas organizaciones, que han denunciado la manipulación de los resultados.

El apoyo jurídico y acompañamiento de oenegés como el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) está siendo clave para apoyar la resistencia activa de estas comunidades. El Ministerio Público ya emitió en 2016 un dictamen sobre el caso de HIDROCEP favorable a las pretensiones de la comunidad, enumerando los probados daños ambientales asociados al proyecto: el agua que llega a las comunidades no es apta para el consumo humano y alerta también de peligros de derrumbes y destrucción de la capa vegetal del suelo.

“Defender el agua NO es un delito. Paren la criminalización”, anuncian las pancartas de Pajuiles exigiendo al Gobierno que defienda sus derechos al agua y a la vida. Sin embargo, desde que el Partido Nacional llegara al poder en 2010, la sobreexplotación de los recursos naturales se ha convertido en una política de Estado, basada en un desprecio permanente al medioambiente y a los medios de vida de las poblaciones más vulnerables. Solo en el caso del departamento de Atlántida, situado al norte del país, existen actualmente 24 concesiones para la instalación de represas hidroeléctricas y 100 para explotación minera, según una reciente investigación a cargo del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación Eric-SJ de Honduras.

El partido en el poder recibe importantes contribuciones económicas por parte de las empresas que tienen concesiones del Estado, algo que intentó eliminar sin éxito la conocida como Ley de Política Limpia, impulsada por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) vinculada a la Organización de Estados Americanos (OEA). El texto de esta ley fue modificado por una comisión del Congreso Nacional con posterioridad a su aprobación por el pleno de la Cámara, de tal forma que la versión finalmente publicada en La Gaceta (el BOE de Honduras) y vigente en la actualidad, no incluyó la prohibición de que las empresas concesionarias del Estado financien a partidos políticos; en definitiva, las empresas tienen luz verde para seguir financiando al partido actualmente en el Gobierno.

El propietario de HIDROCEP, Jason Hawitt, es un conocido empresario hondureño de ascendencia árabe, cuya familia tiene fuertes vínculos con el gobernante Partido Nacional, lo que explica la parcialidad con la que las fuerzas de seguridad están actuando en este conflicto, en el que la violencia estatal siempre se ha dirigido contra la población y en defensa de los intereses de la empresa.

Intimidaciones, amenazas, secuestros, coacciones… Según el último informe de Global Witness, Honduras es el país más peligroso del mundo para ser activista medioambiental: 122 asesinatos desde 2010. América Latina es sin duda la región más peligrosa, donde más ambientalistas han sido amenazadas, acosadas, asesinadas y cuyas muertes han quedado impunes.

Albertina López se encuentra ahora en libertad con cargos acusada de delitos de daños y reuniones ilícitas por los que podría ser condenada a un máximo de 9 años de cárcel. En otro intento de desalojo, otras 18 personas fueron detenidas y acusadas de amenazas, usurpación, coacciones y reuniones ilícitas.

¿Quién garantiza la protección de las defensoras de la tierra y el medioambiente? El Gobierno de Honduras incumple claramente con sus obligaciones, como también lo hacen los inversores extranjeros y las instituciones financieras internacionales que deberían garantizar que todas las inversiones que se den en el país respeten los derechos humanos de las poblaciones locales.

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