¿Lo hubo o no lo hubo?

Si hubiéramos conseguido llegar hasta hoy, 1-O, de manera pacífica, (la violencia es un ingrediente que destroza cualquier cálculo) la jornada terminaría con una pregunta obvia: ¿ha habido referéndum o no? A tener en cuenta: no existen referendos “pequeñitos”. En las últimas elecciones autonómicas, en 2015, participaron 4.115.807 personas; en el referéndum del Estatut, 2.594.167 y en las generales de 2016, 3.486.069. En el proceso participativo del 9-N de 2014 votaron 2.305.290, y aunque incluyó a los mayores de 16 años, no llegó, ni tan siquiera, a igualar la participación en las elecciones europeas de junio de 2014, con 2.532.629 papeletas.

Tampoco existen referendos sin garantías. Eso no es una frase ni permite matices. Quiere decir que para que se pueda dar por celebrado sería necesario cumplir los requisitos de la Comisión de Venecia, entre ellos, que su financiación haya sido transparente y que la comisión que lo organice tenga, como mínimo, un miembro de la carrera judicial y representantes de todos los partidos con presencia en el Parlamento. El personal militar debe poder votar lo más cerca posible de sus cuarteles y las mesas electorales deberán contar, durante el transcurso de la jornada y durante el cómputo, con representantes de los partidos, designados por ellos. El uso de los referendos debe, en fin, cumplir con el sistema legal vigente “en su totalidad” y disponer de un órgano imparcial donde presentar impugnaciones.

¿Votarán hoy los catalanes? Seguramente muchos consigan meter una papeleta en alguna urna, en algún lugar, pero es seguro que no se habrán cumplido las garantías y es muy improbable que esos votos se aproximen siquiera a los 4.115.807 de las últimas elecciones autonómicas, en las que los no independentistas fueron mayoría. ¿Se habrá producido un referéndum? Pase lo que pase hoy, y observado lo ocurrido hasta este momento, no. ¿No habrán podido los catalanes expresarse libremente por culpa de los tribunales y del Gobierno central? Cierto, eso es absolutamente verdad, pero el que no se les haya permitido expresarse no autoriza a la Generalitat a actuar como si lo hubieran hecho.

Es decir, a expensas de que la jornada sea tan festiva como en otras ocasiones, el 1-O tendrá la importancia que le queramos dar. Deberíamos, por supuesto, darle importancia política, porque la habrá tenido y porque el Gobierno de Mariano Rajoy no puede quedarse ni un minuto más paralizado. Pero la traducción de la jornada será todavía más difícil para el propio Gobierno de Puigdemont que para el Gobierno central. El president sacrificó la legalidad catalana a cambio de buscar la legitimidad de los votos y, sin un referéndum homologable, habrá perdido la legalidad y la legitimidad y estará en tierra de nadie.

Donde se va a plantear el día 2 un serio problema político es en Cataluña y en sus instituciones. Puigdemont podría convocar al Parlament y formular la Declaración Unilateral de Independencia, que exige la CUP, pero eso significaría actuar “como si” los catalanes hubieran hablado, algo inaceptable democráticamente. El president podría quizás convocar elecciones autonómicas anticipadas, pero su partido, el PDeCAT, heredero de Convergència, no quiere contemplar ese escenario. Los sondeos indican que Oriol Junqueras y ERC obtendrían la presidencia de la Generalitat e iniciarían su propio proceso de negociación. La única vía que parece al alcance Puigdemont es una muy arriesgada: trasladar definitivamente el problema fuera de las instituciones catalanas, a la calle, y mantener una presión continua con manifestaciones, huelgas (parciales, porque la general tendría que contar con CC OO y con UGT, lo que parece difícil) y toda clase de movilizaciones pacíficas, con la esperanza de que Rajoy cometa una equivocación y le devuelva la legitimidad. Es una salida arriesgada porque el president no sabe hasta qué punto la sociedad catalana podrá aguantar un régimen continuo de paros y manifestaciones (sanitarias, escolares, administrativas), sin mostrarse, ella misma, harta, o sin que aparezcan problemas de orden público, encomendado a los Mossos.