Los Mossos son Estado

A medida que se acerca el 1-O aumentan las incógnitas sobre la actuación de los Mossos ante el referéndum ilegal de independencia convocado por la Generalitat. ¿Serán leales, como es su obligación, al ordenamiento constitucional y estatutario? ¿O secundarán, aunque sea pasivamente, el golpe rupturista que propician sus mandos políticos? Aunque la historia del cuerpo muestra una trayectoria legalista, algunas de las vacilaciones que vemos estos días provocan que esa pregunta esté justificada.

El cuerpo de los Mossos constituye la policía integral de Cataluña por delegación del Estado vía el artículo 150.2 de la Constitución; es cuerpo de policía judicial, al servicio de jueces y de fiscales en la prevención y persecución de delitos; y es también un símbolo del autogobierno catalán y de su incardinación en el conjunto de poderes del Estado: los Mossos son, además de la policía catalana, parte inseparable de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

En esa condición deben garantizar en Cataluña el normal desenvolvimiento del ordenamiento democrático español, constitucional y estatutario, y el cumplimiento de las leyes, normas y resoluciones judiciales de él derivadas. La hipótesis de que los Mossos negasen esa función, aunque fuera mediante una desobediencia pasiva o de bajo perfil, sería increíble, porque equivaldría a negar las razones de su propia existencia. Un cuerpo de policía que desobedece la ley o evita que se cumplan las resoluciones judiciales deja de ser tal al instante.

Lo grave de la situación actual es que los jefes políticos de los Mossos aluden a la posibilidad de que el 1-O se produzcan altercados y alteraciones del orden público. Si eso es lo previsible, y lo probable, entonces la conducta responsable de un Gobierno debe ser evitarlos. Nada mejor entonces que suspender el hecho causante de esos previsibles desórdenes, esto es, una convocatoria ilegal, tensionada y con visos de adoptar carácter tumultuoso.

Lo que es de todo punto inaceptable y muestra de la absurda situación a la que hemos llegado, es que el mismo Govern que rompe la ley y se niega a acatar las órdenes del Tribunal Constitucional, pretenda coordinar el dispositivo policial destinado a, por órdenes de la Fiscalía y los jueces que este ignora, prevenir su realización. Es por ello que el razonamiento del mando corporativo de los Mossos, que se escuda en valoraciones supuestamente técnicas sobre el orden público, resulta insostenible.

Sea el Govern o cualquier otra entidad quien convoque un acto ilegal y lo pretenda llevar a cabo sin permiso de las autoridades, convalidar de antemano la ilegalidad por la posible existencia de desórdenes supondría cancelar toda posibilidad de coerción contra esos actos, vaciar de razón de ser a las fuerzas policiales, suspender la vigencia del Estado de derecho o graduar su aplicación en función de la fuerza que cada causa o delito acumule en la calle. Ante un desafío de tal calibre al ordenamiento constitucional como el que vivimos en este momento, no son aceptables estratagemas dilatorias o exculpatorias como las que está poniendo en marcha el Govern. Los Mossos, como los demás cuerpos, son Estado, y están y deben estar inequivocamente sometidos al poder judicial.