Los Mossos acatan la orden de cerrar los colegios pero alertan del riesgo de desórdenes

El jefe de los Mossos, Josep Lluis Trapero, mantiene el criterio de que los agentes acatarán las órdenes judiciales de cerrar los centros de voto del referéndum ilegal del 1 de octubre, pero que lo harán aplicando los criterios policiales de proporcionalidad, congruencia y oportunidad. Eso podría suponer en la práctica que los agentes no clausuren algunos colegios el domingo, como les ordena el Tribunal Superior de Justicia (TSJC). El consejero Joaquim Forn aseguró que “no se podrá votar en todos los sitios”, lo que lleva implícito que en algunos sí se votará.

En una reunión mantenida con la Fiscalía este miércoles por la mañana, antes de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJC) asumiese directamente la investigación del referéndum y ordenase al ministerio público cesar en sus actuaciones, Trapero comunicó que la línea roja eran los desórdenes públicos. Más teniendo en cuenta que entre los lugares a cerrar hay centros de salud (CAP) —unos 80 y, de estos, cinco que deben estar abiertos ese fin de semana—, escuelas, juzgados (al menos uno en Igualada) e incluso algunos domicilios privados.

Los Mossos explicaron todas sus dudas y preocupaciones al fiscal jefe, José María Romero de Tejada, en la cuarta reunión que mantuvieron con los mandos de todos los cuerpos policiales. Además, le entregaron un escrito con todos los inconvenientes de la orden, según fuentes policiales.

En todo caso, a los Mossos les preocupa la posibilidad de que las inmediaciones de los centros puedan ser ocupados por centenares de ciudadanos con la voluntad de votar y que, como ya pasó hace seis años en el desalojo de la plaza de Cataluña durante las manifestaciones del movimiento 15-M, no haya forma de sacarlos sin usar la violencia. Las imágenes del desalojo de la plaza de Cataluña, en 2011, de policías aporreando a manifestantes con los brazos en alto, dieron la vuelta al mundo y supusieron un aluvión de denuncias.

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Trapero se refirió a “consecuencias no deseadas” ante el fiscal. En particular mencionó problemas de “seguridad ciudadana” y “el previsible riesgo de alteraciones de orden público que se puedan derivar” del mandato. A través de Twitter, los Mossos hicieron públicas las “consideraciones” que Trapero había trasladado a la Fiscalía en la reunión, que duró menos de hora y media. Cumplir con la orden “no excluye la responsabilidad profesional” de contemplar esas “consecuencias no deseadas”, añadieron a través de la red social.

Custodiar urnas

Cuando los Mossos plantearon “temas y problemas” derivados de la orden de la Fiscalía de cerrar los colegios antes del sábado (el TSJC les ordena ahora hacerlo el domingo), el ministerio público les recordó que había 2.000 antidisturbios de la Policía que les podían dar apoyo. En todo caso, los Mossos insistieron en que acatarán las órdenes de las autoridades judiciales. A última hora de ayer, la policía catalana no se había pronunciado sobre las instrucciones comunicadas por el Tribunal Superior de Justicia.

El auto del tribunal deja ahora sin efecto la orden que la Fiscalía remitió ayer a todas las policías locales y que algunas, como la Guardia Urbana de Barcelona, ya habían recibido. En esta les comunicaba su obligación de tomar las “medidas oportunas” para impedir que el material electoral perteneciente al Estado que guardan los Ayuntamientos catalanes, como las urnas, pueda ser empleado para el referéndum. Y les ordenó “garantizar su custodia y asegurar que el material” no sea utilizado. También les indicaba que debían colaborar con los Mossos d’Esquadra (igual que el resto de policías) si así se les requería, para precintar los centros de votación del 1 de octubre.

Paralelamente, las entidades de la comunidad educativa hicieron un llamamiento a las familias a mantener abiertos los colegios el 1 de octubre. Bajo el paraguas del proyecto Escoles Obertes, diversas organizaciones como Plataforma per la Llengua, Som Escola o el sindicato USTEC, montaron una página web (escolesobertes.eu) para que la gente se apunte como voluntaria a mantener las escuelas abiertas, aunque no detallaron cómo lo harán, informa Jessica Mouzo. La CUP acusó a Mariano Rajoy de “maltratador” y llamó a romper los precintos de los colegios.