Renovables, sí, pero ¿de quién?

Pocos ponen ya en duda que estamos inmersos en una transición energética sin precedentes que nos conducirá a un mundo impulsado exclusivamente por energías renovables antes de finalizar el siglo. No está tan claro, sin embargo, si el proceso conllevará, además del imparable cambio tecnológico, una reconfiguración en la propiedad de las instalaciones.

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Algunas de las fuentes renovables de energía, singularmente la solar fotovoltaica, son modulares. Esto es, admiten configuraciones en un amplio rango de tamaños, desde pequeñas instalaciones diseñadas para abastecer parcialmente a una vivienda hasta grandes plantas con capacidad de producción comparable con las centrales convencionales. Esta modularidad facilita una dispersión de las fuentes de producción de energía eléctrica desconocida hasta la fecha. Los sistemas eléctricos pasan fácilmente de unas decenas de centrales a varios centenares de miles o incluso millones. Alemania, por ejemplo, ya cuenta con más de 1,8 millones de tejados con energía solar, California está cerca de los 700.000 y España, a pesar de las restricciones que ha impuesto a su desarrollo, suma más de 61.000 instalaciones fotovoltaicas (a diferencia de las anteriores, eso sí, nuestro modelo se ha centrado en los denominados huertos solares sobre suelo en lugar de hacerlo como el resto, en tejados).

La digitalización de estas nuevas tecnologías de generación distribuida, unida a una nueva concepción más descentralizada de su gestión, así como del desarrollo de sistemas de almacenamiento de energía dispersos por el territorio, son claves para afrontar una adecuada integración en nuestro sistema eléctrico de tan ingente número de instalaciones.

Hay quien defiende —nuestro ministro de Energía, entre otros— que es preferible hacer grandes instalaciones solares sobre suelo antes que cubrir la misma energía con miles de pequeñas instalaciones sobre tejado. El argumento que suelen esgrimir es que el importe de la inversión, responsable de más del 80% del coste total de esta fuente de energía, es mucho menor en aquellas gracias a las economías de escala alcanzadas. Pocas veces tienen en cuenta que las pérdidas en la red de transporte de electricidad son tanto menores cuanto más cerca se encuentra la producción del consumo, por lo que un adecuado desarrollo de la generación distribuida, dimensionada para abastecer el consumo local sin demasiados excedentes, puede conllevar un importante ahorro en costes de red.

Pero es que, con independencia de los costes de red, la propia dispersión en la titularidad de las centrales eléctricas favorece sensiblemente la competencia en los mercados eléctricos. Los españoles lo sabemos muy bien, los precios que pagamos por la electricidad llevan años sin seguir correlación alguna con los costes de su producción. Por sí sola, una reducción de costes no nos garantiza pagar menos por la luz.

Los reguladores lo saben bien. Lo denominan poder de mercado y se produce cuando una elevada concentración en la titularidad de la oferta permite a las empresas fijar precios muy distintos de los que resultarían en un contexto de competencia perfecta. Los organismos reguladores cuentan entre sus misiones la supervisión de los mercados energéticos y la correspondiente instrucción de expedientes sancionadores en caso de que identifiquen situaciones de ejercicio de poder de mercado. Estas herramientas son, sin duda, necesarias, pero muy difíciles y muy lentas de utilizar en la práctica, por lo que eliminar de raíz la posibilidad de ejercicio es mucho más eficaz que perseguir conductas ilegales.

A las razones anteriores de menores costes de red y mayor competencia se une también una ventaja más difícil de valorar. ¿Cuánto vale la llamada democratización energética, esto es, que por primera vez seamos los consumidores en lugar de los Gobiernos los que elijamos las fuentes de energía que utilizamos? ¿En cuánto más valoramos una casa que se autoabastece de electricidad prácticamente en su totalidad con recibos de luz mínimos?

El escenario más probable es el de una combinación de grandes plantas renovables operadas por empresas eléctricas con pequeñas instalaciones propiedad de los consumidores. Una ponderación adecuada de ambas que tenga en cuenta todos los costes, pero también el número de operadores a efectos de garantizar la competencia y que deje espacio a la iniciativa personal de cada cual a la hora de formar parte de la solución es, sin duda, la mejor solución.

Jorge Morales de Labra es ingeniero industrial especializado en el sector eléctrico. @jorpow