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En estos días hemos conocido emocionantes imágenes de columnas de guerrilleros de las FARC movilizándose por senderos y ríos hacia las 31 zonas y campamentos donde en pocas semanas más deberán hacer la dejación definitiva de sus armas. Comienza así la larga marcha de Colombia rumbo a una paz estable y duradera, una que no solo silencie los fusiles, sino que erradique las miserias, injusticias y carencias que fueron el combustible de la guerra.

El primer punto del Acuerdo de La Habana se refiere a la Reforma Rural Integral, a través de la cual se obtiene la paz territorial. La estrategia que se plantea es la transformación estructural del campo, y el punto 1 del Acuerdo explicita las políticas que deberán implementarse para producir este ambicioso cambio. Los campesinos y otras poblaciones rurales son considerados, una y otra vez a lo largo del texto del Acuerdo, sujetos y actores esenciales de la paz territorial. A fines del 2015, el presidente Juan Manuel Santos recibió y aprobó los informes finales de la Misión para la Transformación del Campo, que aportan el diagnóstico y, sobretodo, una completa familia de propuestas de políticas y programas, para concretar las orientaciones contenidas en el Acuerdo de La Habana.

Las agencias del Gobierno de Colombia que tienen las mayores responsabilidades en el post-conflicto rural han identificado 51 municipios en donde este año se dará inicio a las nuevas políticas y programas. En ellos habitan 1,6 millones de personas, de los cuales casi 40% son habitantes urbanos. En 14 de estos municipios, la población urbana es mayoritaria, y en otros 14 supera un tercio de la población total. La Misión para la Transformación del Campo encontró que el 76% de la mal llamada “población rural dispersa”, en realidad vive en estrecho contacto con al menos una ciudad de más de 25.000 habitantes.

El 76% de la mal llamada “población rural dispersa” vive en estrecho contacto con al menos una ciudad de más de 25.000 habitantes.

Por su parte, Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural y la Universidad de Los Andes han afinado esas estimaciones usando datos de los censos de población y registros satelitales, y han concluido que solo un tercio de la población rural vive en municipios que no tienen un vínculo fuerte con un centro urbano, y que el resto vive en las proximidades de alguna ciudad de entre 15.000 y 600.000 habitantes (y, de ellos, dos tercios cerca de una ciudad con entre 50.000 y 600.000 pobladores). Esa ruralidad es mucho más compleja que la que se refleja en las políticas públicas, y esos territorios rural-urbanos, con sus 15 millones de habitantes, son importantísimos escenarios del postconflicto rural, insuficientemente reconocidos y valorados hasta ahora.

En todos esos territorios, entre estos núcleos urbanos y las zonas rurales que los rodean, hay una densa malla de interdependencias. El campesino reside en la vereda rural, pero compra y vende en la ciudad. El comerciante del pueblo depende en un grado importante de clientes rurales. Las mujeres del campo, especialmente las más jóvenes y con mayor nivel educacional, buscan empleos urbanos, y muchos residentes urbanos son trabajadores agrícolas en ciertas épocas del año. Es la ciudad donde la producción agrícola se encuentra con los canales de comercialización que llevan los alimentos a las ciudades mayores.

Desde el punto de vista del postconflicto, los balances y contrapesos políticos no son solo los que se dan en el espacio social del campo, como era el caso cuando los primeros guerrilleros se subieron al monte hace cinco décadas. Ahora, hay actores “urbanos” cuyas decisiones e intereses inciden sobre el territorio y sobre el acceso a y el uso de los recursos naturales (la tierra, el agua, los minerales, los bosques) y sobre la gobernabilidad local, y son variables determinantes de las ecuaciones políticas que hay que recalibrar para que en el futuro los conflictos de canalicen y resuelvan por las vias democráticas y sin recurso de la fuerza.

Las políticas del postconflicto rural no pueden ser puramente agrarias, porque pasarían por el lado de la vida real de estos millones de personas

Esta interdependencia rural-urbana en los territorios del postconflicto no es adecuadamente reconocida en el Acuerdo de La Habana. Se menciona en ese documento que uno de los grandes objetivos es cerrar las brechas campo-ciudad en distintas dimensiones del bienestar, como la educación, la salud o la vivienda. Pero la agenda de desarrollo económico en el componente rural del Acuerdo, se refiere casi exclusivamente al campo y a la agricultura. En estos territorios, el campo no tiene espacio de desarrollo posible si no hay inversiones que habiliten a los núcleos urbanos como los lugares de conexión con los mercados de alimentos, o de acceso al financiamiento y a la asistencia técnica. Pero, además, para una buena parte de la población, serán estos pueblos y ciudades las que proveerán los trabajos no agrícolas en que ellas se desempeñan. Finalmente, estos pueblos y ciudades del postconflicto rural, tendrán un fuerte peso en los procesos políticos y cívicos locales, cuya importancia es decisiva en una Colombia rural que debe reconstituir las normas y las instituciones de la convivencia democrática, en reemplazo del uso de las armas como argumento de poder.

Esa realidad donde lo rural y lo urbano se funden en un único territorio, es algo común en Colombia, como en otros países de América Latina, como han establecido distintos estudios de la red internacional de investigación coordinada por Rimisp-Centro Latinoamericano de Desarrollo Rural. Entre las grandes ciudades como Bogotá, Cali, o Medellín, y las veredas rurales distantes y aisladas de la Amazonía o del Chocó, hay un enorme espacio intermedio, rural y urbano a la vez, donde viven 18 millones de colombianos. Las políticas del postconflicto rural no pueden ser puramente agrarias, porque pasarían por el lado de la vida real de estos millones de personas. Será en los pequeños y medianos centros urbanos como Quibdó, San Andrés de Tumaco, Montelíbano o Miranda, donde se jugará buena parte de la suerte de la transformación estructural rural de una Colombia en paz.

Julio Berdegué: Dr. en Ciencias Sociales por la Universidad de Wageningen, Holanda. Investigador Principal y Coordinador del Grupo de trabajo Desarrollo con Cohesión Territorial en Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.

Santiago Satizabal: Economista, Magíster en Economía de la Universidad de los Andes, Colombia, investigador en desarrollo territorial y organizaciones civiles. Asistente de Investigación en Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural