La FAO y el Vaticano piden liberar a los esclavos del mar

"Torturaban y asesinaban a otros pescadores, y luego los tiraban al mar. Abusaban de la tripulación de muchas formas: palizas, golpes y muertes en mar abierto". El testimonio de Tun Thet Soe, un joven de Myanmar que escapó de una red de explotación y tráfico de personas en buques pesqueros de Tailandia, no es un caso aislado en el sector. Tampoco es algo excepcional en el mundo. El Índice global de la esclavitud, elaborado por la fundación Walk Free, estima que en 2016 hay 45,8 millones de personas que viven sometidos y explotados. Talleres en India, China, Pakistán o Bangladesh (los países con más casos según el índice) son las imágenes que suelen venir a la mente al hablar de la esclavitud moderna.

Pero los buques pesqueros son también escenario de estos abusos de derechos humanos, con una circunstancia que hace más vulnerables a las víctimas. La estancia en alta mar, aislados, hace mucho más difícil escapar o denunciar a los explotadores. Este lunes, en el día mundial de la pesca, la FAO (agencia de la ONU de la alimentación) y el Vaticano han hecho un llamamiento conjunto a la comunidad internacional para luchar contra los abusos en los mares.

Cerca de 38 millones de personas se dedican directamente a la captura de pescado, según datos de la Organización Internacional del Trabajo. Pero la propia naturaleza clandestina del tráfico de personas y la explotación laboral hace complicado encontrar cifras de estas actividades en la pesca. Un estudio de una ONG de Tailandia —uno de los países más señalados por las irregularidades en su industria pesquera— calcula que solo allí hay unas 200.000 personas trabajando sin que haya ningún tipo de registro sobre sus condiciones.

Los sueldos, que los pescadores al final casi nunca cobran,  no suelen llegar a los cuatro euros diarios por turnos de entre 16 y 18 horas

El relato de Tun Tet Shoe, recogido en un estudio de la ONG británica Environmental Justice Foundation, cumple con los "rasgos comunes" de persona explotada, según ha expuesto en un evento en la sede de la FAO en Roma el religioso Bruno Ciceri, miembro del pontificio consejo (una suerte de ministerio vaticano) para los Migrantes. El origen es casi siempre una situación de pobreza y falta de oportunidades en su lugar de origen. "Son jóvenes, en muchos casos analfabetos y sin experiencia en la vida. Es fácil engañarlos", ha denunciado Ciceri, que trabajó como capellán en Taiwán y Filipinas.

Tanto si caen una red de trata de personas como si firman contratos abusivos, las condiciones son parecidas, según Ciceri. Lo que suele cambiar es el tipo de reclutador. En el segundo caso, muchas veces los conseguidores de trabajos prometedores que acaban siendo un infierno en alta mar son familiares o amigos de los explotados, que se niegan a denunciarlos complicando todavía más la persecución de estas redes.

Los que firman esos remedos de contrato —"muchas veces con el dedo"— pagan dinero al reclutador para el pasaporte, el examen médico y el transporte. Y con un visado de turismo, que no de trabajo, viajan a otro país en busca de su sueño. "En realidad lo que comienza es una pesadilla" de hasta dos y tres años sin documentación y sin apenas salir del barco, ha sentenciado el religioso, que también colabora con la organización por los derechos de los marineros Seafarers Rights International. "Pocas veces los pescadores reciben el salario acordado", ha criticado. Pero además esos sueldos prometidos no suelen llegar a los cuatro euros diarios por turnos de entre 16 y 18 horas. “Es peor que la esclavitud”, en palabras de Ciceri. Eso sí, el trabajador sí que debe pagar sumas de más de 1.800 euros si en algún momento queda inhabilitado para cumplir con su parte.

Algo que no es poco habitual, dadas las condiciones de falta de alimentación adecuada y atención médica, además de las carencias de equipamiento y seguridad para una actividad, la pesca, que ya es de por sí de las más peligrosas, con unas 24.000 muertes al año. Y eso sin contar las palizas, vejaciones y abusos sexuales o directamente homicidios que se cometen con impunidad por parte de oficiales en estas redes de explotación.

Todas estos abusos van al alimón con la pesca ilegal, ya que los intereses de ambas redes criminales coinciden. "Somos testigos de una situación trágica ante la cual la comunidad internacional debe desplegar sus esfuerzos para eliminar el trabajo forzoso", ha manifestado el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin. En ese sentido, tanto Parolin como el resto de los intervinientes han destacado dos instrumentos que la legalidad internacional ha desarrollado recientemente: la convención 188 de la Organización Internacional del Trabajo, que entrará en vigor en 2017, y el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto, impulsado por la FAO y en funcionamiento desde este año.

Además de aplicar estos tratados y otras medidas coercitivas contra quienes cometen estos abusos, Parolin cree necesario desarrollar capacidades para rescatar y proteger a los explotados. El director general de la FAO, José Graziano da Silva, se ha referido también a la iniciativa Esperanza azul para el Mediterráneo, que pretende crear oportunidades de vida y trabajo para las comunidades costeras más vulnerables. "Tenemos que garantizar que el pescado que llega a nuestros platos no es solo sostenible medioambientalmente, sino que respalda el bienestar social y económico de quienes lo capturan y elaboran", ha instado Graziano.