“Ahora empieza el trabajo duro”
Los firmantes del acuerdo de control en puerto de la pesca ilegal encaran el reto de ponerlo en práctica
Hasta 26 millones de toneladas y 23.000 millones de dólares. Son las cifras aproximadas de lo que mueve al año la pesca ilegal. Toda una industria paralela que a veces lleva aparejados otros delitos, como tráfico de personas o explotación de las tripulaciones. Y los peores efectos, claro, se los llevan los países en desarrollo. Un informe del Overseas Development Institute y la Fundación PorCausa alertaba la semana pasada de que esta actividad ilícita ahoga a Estados costeros como los de África Occidental, a los que priva de recursos y oportunidades de empleo mientras amenaza su seguridad alimentaria. El acuerdo internacional auspiciado por la FAO (agencia de la ONU para la alimentación y la agricultura) que entró en vigor el pasado 5 de junio aspira a acorralar a los piratas del pescado y reforzar a los Estados más débiles en la lucha contra quienes esquilman sus mares.
"El problema persiste porque sigue habiendo mercado para la pesca ilegal. Y el camino a ese mercado pasa por los puertos", reflexionaba este lunes João Aguiar Machado, director general de Pesca de la Comisión Europea en un acto de reconocimiento a los más de 30 firmantes (la Unión Europea firmó como uno solo) del tratado, más conocido por sus siglas en inglés (PSMA). La idea, por tanto, es establecer controles portuarios eficaces que dejen sin posibilidad de refugio a las embarcaciones piratas, como una forma más de estrechar el cerco sobre ellas.
La otra pata del convenio es que los Estados compartan información para identificar a los sospechosos y conseguir que estén fichados en todo el mundo. Pero aunque la firma del pacto internacional es un paso, poner en práctica el sistema requerirá muchos esfuerzos, como apuntaba este lunes David Balton, subsecretario adjunto de Estados Unidos. "Ahora llega el trabajo duro".
Faltan por sumarse al acuerdo gigantes como China o Rusia, pero también países de África Occidental que sufren los efectos de la pesca ilegal
El primer reto es conseguir que todos los firmantes —también y sobre todo, aquellos con menos medios— puedan aplicar esos controles de forma efectiva. Para eso hace falta formación de inspectores y funcionarios, reformas legislativas, medios técnicos y, claro está, financiación. "Sin asistencia no podremos implementar este acuerdo", reconocía Saboto Caesar, ministro de Pesca del archipiélago caribeño de San Vicente y las Granadinas. "Pero estamos tranquilos porque el propio acuerdo contempla ese apoyo", añadía. Efectivamente, el texto prevé fondos (Corea del Sur ya ha confirmado su contribución) y también una formación técnica sobre cómo realizar las inspecciones que la FAO ya ha comenzado a impartir. Pero Caesar pedía más —"hay que extender la ayuda"— mientras se felicitaba por la cooperación entre esta agencia de la ONU y Google. "Habrá que recurrir a la tecnología para ir un paso por delante de los pescadores ilegales", apuntaba.
La evaluación de daños es demoledora en África Occidental, pero no solo allí. En Indonesia, un país que se ha mostrado firme en la guerra contra quienes faenan en sus aguas de forma ilícita —llegando a hundir pesqueros— el número de pequeños pescadores se ha reducido a la mitad desde 2003, obligando a cientos de miles de familias a buscar otros medios de vida. El país ha dejado de ingresar 20.000 millones de dólares, según Susi Pudjiastuti, la ministra del ramo, y afronta encontronazos con países con gran volumen de pesca como China, que no se ha sumado al acuerdo.
Porque esa es la otra parte por donde puede hacer aguas la red de puertos seguros que propone el acuerdo: que aún queden muchos Estados por sumarse, algunos tan relevantes como la mencionada China, Rusia o Japón. Pero es que también faltan algunos de los más afectados por las consecuencias de las capturas ilegales o no declaradas.
En toda la costa de África Occidental solo se han adherido Gabón, Cabo Verde, Sudáfrica y Guinea. Esto quiere decir que, entre otras cosas, el resto de países de la zona no accederá por ahora a la mejora de capacidades de control que incluye el acuerdo. El presidente de Guinea, Alpha Condé, recordaba la importancia del pescado y su industria para todo el continente africano y hacía un llamamiento a sus vecinos para proteger el sector pesquero.
Pequeños Estados insulares y otros países en desarrollo reconocen la dificultad de poner en práctica el acuerdo si no reciben asistencia
Mientras se preparan los fondos y se desarrollan los programas de asistencia, y a la espera de nuevas adhesiones, los Estados que sí están a bordo ya tienen deberes para casa, como recordaba en el evento celebrado este lunes en el marco del 32º Comité de Pesca de la FAO la ministra indonesia Pudjiastuti. "Gran parte de la pesca ilegal no pasa por puerto, sino que se transfiere del buque pesquero a otro lejos de las costas", evitando muchas veces este último las sospechas de las autoridades portuarias. Intensificar las inspecciones y compartir más y mejor información (hay varios proyectos en marcha) son otras de las tareas que quedan y que los representantes de firmantes y no firmantes podrán discutir durante el Comité esta semana.
Parece claro que el acuerdo, titulado "de medidas del Estado rector del puerto", no resolverá por sí solo la complejidad del problema, como reconocía Pudjiastuti. Pero, en palabras del director general de la agencia, Jose Graziano da Silva, la colaboración entre países puede ser "el comienzo de una nueva era" en la lucha por atrapar a los culpables de pesca ilegal, no regulada o no declarada.
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