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Doble cacería

Son los tribunales, y no las masas airadas, los que deben impartir justicia

caza del león cecil
Carteles de protesta en la clínica dental de Walter Palmer, el cazador que dio muerte al león ‘Cecil’, en Bloomington, Minnesota.

Hace unos días, un legendario león del parque nacional de Hwange, en Zimbabue, fue engañado por unos cazadores para apartarlo de la zona protegida en la que vivía. Poco después una flecha disparada por el dentista estadounidense Walter Palmer lo dejaba malherido. Empezaba así la larga agonía de Cecil hasta que, casi dos días después, fue rematado con un disparo. El debate sobre el respeto a la vida animal y un indignado clamor contra la frivolidad de unos cazadores que pagan abultadas cifras para acumular nuevos trofeos que acrediten su destreza en el arte de matar saltaron de inmediato a los medios y las redes sociales. La legítima denuncia de un abuso intolerable —liquidar a un animal protegido— y la exigencia de justicia fue derivando enseguida hacia una explosión viral (y material: las puertas de la clínica del dentista se llenaron de amenazas) de furia vengativa.

Ni siquiera entre las asociaciones conservacionistas hay un acuerdo unánime sobre cómo tratar la caza mayor. Mientras las más radicales abogan por la prohibición total, otras —con las que coincide este periódico— defienden que una estricta regulación de la misma y la posibilidad de obtener cuantiosas recaudaciones de su explotación es lo que precisamente permite velar con mayores garantías por las distintas especies en zonas protegidas. Y que facilitan, al mismo tiempo, los recursos económicos para enfrentarse a las grandes mafias que operan fuera de la ley y que producen los mayores desafueros con esos animales que quedan desamparados si los países que deberían protegerlos no pueden hacerlo. La batalla es ardua y compleja —días antes de la muerte de Cecil, 23 elefantes bebés fueron capturados en el mismo parque de Hwange y exportados a China—, pues tiene que ver con materias como el marfil, que alientan mercados millonarios envenenados por la corrupción.

La defensa de la vida animal resulta así un objetivo indeclinable, y la imponente (y al mismo tiempo frágil) figura de Cecil puede servir de acicate para revisar la legislación de los países afectados y valorar si los medios para combatir un mal tan extendido son suficientes. Algunos pasos de las autoridades de Hwange —dos de los implicados están ya bajo la jurisdicción de un tribunal— apuntan en la buena dirección, mientras se estudia cómo proceder legalmente contra el cazador estadounidense.

La larga sombra que está velando la urgente intervención de la justicia es la amenazadora actividad de una multitud airada. La muerte de Cecil ha llenado de argumentos a cuantos reclaman piedad por los animales. Sin embargo, el bombardeo de ignominias lanzadas contra Walter Palmer por una multitud —incluso cargada de razón— tiene algo de linchamiento. Las nuevas tecnologías, cuando facilitan estas explosiones, son peligrosas. Y así, junto a un lema amable como Todos somos Cecil, conviven severas descalificaciones de celebridades o insultos grotescos (“púdrete en el infierno”). Por graves que sean los delitos, ese no puede ser nunca el camino.

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