La lucha por existir de un barrio fronterizo

Mientras conduce junto al cauce seco del río Tijuana en dirección sureste, Míriam Mendoza, promotora pedagógica crecida en el suburbio de El Florido, señala una montaña enorme, yerma y plana por arriba: “Vamos detrás del Cerro Colorado, antes tierra de nadie. Circulaban memes de Simba en los que su padre le decía: 'Más allá es El Florido. No vayas. Ni se te ocurra”. En la ladera, piedras blancas forman letras, grandes, como para los pasajeros de un avión: “Jesús Cristo es el Señor”. Es común. Una mesilla, casas trepadoras y otra alusión al más allá. El más acá es difícil.

La colonia Maclovio Rojas también queda detrás del cerro, y en 2011 superó en fama a El Florido. Arriba de una loma coronada por muros de ladrillo y concreto, al cabo de calles arenosas y casitas de bloque, aparecieron dos fosas cerradas. Hedían. Ocultaban 17.000 litros de vísceras humanas. A Santiago Meza, en cínica alusión, lo llamaban El Pozolero. El pozole es un caldo. Y Meza, un sinaloense al servicio del narco, confesó haber llevado allí y disuelto en sosa cáustica unos 300 cadáveres. Cobraba 600 dólares semanales por una rutina que llegó a considerar “normal”. Además de neumáticos usados como en toda Tijuana, allí hay fotos de desaparecidos, preguntas escritas hacia el cielo y unas pinturas murales (ver fotogalería). Una pequeña muestra de que alguien —las autoridades no— intentó decir que El Maclovio tenía otra historia, no sólo restos inimaginables del horror humano.

En la colonia Maclovio Rojas se encontraron dos fosas que ocultaban 17.000 litros de vísceras humanas

Maclovio Rojas, donde también existe una planta de Hyundai, ya tenía mala fama cuando le llevaron tantos muertos. La colonia tomó el nombre de un líder campesino supuestamente atropellado en los ochenta. Empezó como ejido, un terreno cultivable solicitado al Gobierno federal por algunos guerrerenses y oaxaqueños, 25 familias campesinas migradas del sur que en 1988 ocuparon terrenos federales junto a El Florido. Según la ley, cualquier mexicano podía asentarse en suelo público y solicitar formalmente la compra para cultivarlo y poblarlo en comunidad. Crearon una asociación agraria, pidieron 1.800 hectáreas polvorientas, se asentaron y empezaron a pagar. Pero en 1992, el gobierno priista de Carlos Salinas de Gortari reformó la ley agraria y autorizó a vender ejidos. En 1994, el Tratado de Libre Comercio de América de Norte (TLCAN) eliminó aranceles. Muchas empresas manufactureras (maquilas) se mudaron del norte al sur de la frontera buscando mano de obra barata. Y un ejido aledaño solicitó esas mismas tierras que en 1995 le fueron concedidas. En El Maclovio denuncian que ese ejido nunca cultivó. Y que, en cambio, no tardó en venderse.

Hoy, decenas de remolques de camiones ocupan una explanada baldía junto al poblado. Los remolques salen de la planta que Hyundai inició en 1989 bajo acuerdos preexistentes. Las vías que vienen de San Diego, California, pasan cerca, y la tierra valdrá más cuando se construya la línea Tecate-Ensenada, cuyo puerto en el Pacífico mexicano facilitará la exportación. Los vecinos ya no pelean los terrenos de Hyundai (que en Tijuana emplea ahora a 3.000 personas, varias de El Maclovio, y en 2014 inauguró una planta contigua). Sólo las 197 hectáreas que habitan y que ya pagaron. Pero no tienen papeles.

27 años después de establecerse legalmente, no son dueños de su suelo. Al ser reconocidos como posesionarios, no propietarios, todo eran trabas para lograr agua, luz o alcantarillado, y varios vecinos pagaron su lucha con la cárcel. Con el PRI de vuelta a la alcaldía lograron sólo algo de calma. El PAN, la derecha, lleva desde 1989 al frente Baja California, su estado, y fue siempre su mayor azote. Y el PRD, la izquierda, sólo logró cierta representación tras sonadas huelgas de obreros. La inversión extranjera obsesionaba a la política local, más preocupada por la competitividad de China. Tal vez El Maclovio no significaba muchos votos. Sin escrituras, señalados, se organizaron y siguieron adelante.

Un problema estatal

El Maclovio es un barrio singular entre otros cientos. Según el diario Frontera, en el estado de Baja California 140.000 familias vivían en 2014 en terrenos en litigio. 3.500 de ellas en Maclovio Rojas. Lo que a mitad del siglo XX fue una política nacional —se buscaba poblar la frontera por seguridad— lo continuaron los migrantes del Programa Bracero, habitualmente del sur de México, a quienes EE UU ofrecía trabajo estacional en sus campos. Esos temporeros se afincaron en el norte mexicano, y tanto la eclosión de maquilas a partir de los años 70 como la agroindustria —ambas encontraron mano de obra barata con las devaluaciones del peso—, sumadas a ventajas impositivas, hicieron que el norte del país se poblara desordenadamente. En esos tiempos, los propios partidos invitaban a invadir terrenos.

Los vecinos ya no pelean los terrenos de Hyundai ; sólo las 197 hectáreas que pagaron, pero no tienen papeles

Hoy hay más de 3.000 maquilas a lo largo de la frontera con más de un millón de puestos fijos; en los campos mexicanos se estiman más de dos millones de jornaleros, muchos malviviendo en sobreexplotadas plantaciones del norte, como las de San Quintín. Etnias, lenguas y hábitos de todo México y Centroamérica se hibridan en El Maclovio y otras colonias del estado, lo que algunos llaman el “pequeño Norte”. Pero su producción, consumida al otro lado de la frontera, es muda.

El periodista neoyorquino David Bacon recopiló en Hijos del libre comercio (El Viejo Topo, 2005) algunas batallas que los trabajadores fronterizos libraron en el cambio de siglo: las artimañas de los sindicatos charros, pagados por las corporaciones para mantener a raya a los empleados, se vieron en la huelga ante Han Young, proveedora de chasis de Hyundai; las quejas por las condiciones de semiesclavitud en San Quintín ya fueron acalladas cuando la Policía, desacatando incluso sentencias judiciales, detuvo a sus líderes en los 90. Invertir en México requería mano de obra barata. Y los campesinos sin capacidad exportadora de las parcelas montañosas sureñas seguían migrando a EE UU. O a la frontera. El gobierno de Bill Clinton pretendió que un tratado anexo al TLCAN velara por los trabajadores, pero México no aceptó injerencias: cada país se vigilaría a sí mismo. Entonces, el poder de los sindicatos oficiales y la búsqueda de inversión a toda costa echaron mano de corruptelas locales para garantizar que los trabajadores no se sublevaran. Cuando sucedía, se les acusaba de estar dirigidos por intereses extranjeros —como United Farm Workers, el sindicato de César Chávez—, y de amedrentar a los inversores. Se perdieron años de logros sindicales. Los líderes despedidos no lograban emplearse en otras maquilas porque listas negras con sus nombres circulaban por toda la frontera.

Bacon también narra cómo se enquistó el problema en El Maclovio. Uno de los líderes del sindicato independiente de Han Young, habitante de la colonia, recibió el apoyo vecinal. Entonces comenzaron a ser hostigados por la Policía. Hubo despliegues espectaculares para detener a vecinos como Hortensia Hernández.

La lucha por existir

Hernández y su hijo viven del sueldo de su esposo mecánico. Antes, pasó de 2002 a 2008 escondida, viviendo “a salto de mata”. Entre 1995 y 2002 la detuvieron tres veces y pasó un año en prisión. Junto a otros dos líderes vecinales fue acusada de "despojo" por desviar tomas de agua —una práctica que no suele perseguirse, habitual en barrios sin suministro— y le sumaron aquello de "agravado por instigadora". La segunda vez fue igual, y la tercera por vender agua. Aunque la soltaban por falta de pruebas, aún teme que puedan colgarle algún delito. Hernández tiene detractores. Otros muchos le agradecen. Ella anhela un empleo normal, pero su “trabajo” no le deja tiempo.

De las tres fosas halladas al Pozolero, las más complejas estaban en El Maclovio. Hernández no ve relación directa entre ello y la Policía, ni las corporaciones, menos aún con sus vecinos. Pero, igual que reconoce chicos en la droga, y hay mujeres asaltadas en calles oscuras como en colonias similares, piensa que un barrio sin infraestructura da para que algo tan macabro pueda suceder y pase inadvertido. Un baldío los puso en el mapa del horror, algo similar a los feminicidios de Ciudad Juárez. “Nos juzgan como narcos. Nosotros hemos levantado todo con nuestro trabajo, hacemos el que no hace el Gobierno, que nos quiere fuera". Pero esa trayectoria no ha pasado desapercibida para investigadores de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), como Paola Ovalle. “Venían de estados del sur; formaban parte de colectivos, estaban fuertemente politizados y tenían un sentido de comunidad”, explica. Atrajeron a ONG y a documentalistas estadounidenses. Un profesor universitario de San Diego vio allí más democracia que en el resto de México. “El Gobierno nos odia; para las organizaciones sociales somos un ejemplo a seguir”, dice Hernández.

No sin papeles

México no creció como se esperaba con el TLCAN. Para el Banco Mundial, el tratado resultó “positivo, aunque insuficiente” tras la devaluación de 1994, y la falta de inversión en educación e infraestructura, así como de “calidad institucional”, pesaron. Invertir en relaciones con los barrios trabajadores podría aportar estabilidad y mayor productividad. “Pero eso significaría aplicar la Ley mexicana del Trabajo, y la garantía es no aplicar la ley”, zanja Ramón Corona, un experimentado asesor defeño. “Das prioridad a las fábricas en políticas urbanas y mantienes los impuestos a quien hace vivienda. Tendrás una clase trabajadora explotada y una renovación [rotación] muy alta.”

En los últimos años, El Maclovio obtuvo suministro legal de luz; ya pagan agua, aunque el servicio municipal usa la instalación que hicieron los vecinos; y una calle pavimentada —una— roza esa loma repleta de casas hechas de madera, bloques y puertas metálicas desechadas del país vecino. Los pobladores hicieron huelgas de hambre y marchas —caminando a la sede del Gobierno en Mexicali, a 160 kilómetros, un vecino murió de infarto—. Con cuotas autoimpuestas levantaron tres escuelas, canchas, un centro comunitario, y pagan a profesores y vigilantes. Ahora, el camión de la basura los visita, el 22254 es su código postal y tienen clave catastral. Que no escrituras. Y, aunque programas públicos o grupos religiosos ayudan puntualmente —se levantó otra escuela—, el desarrollo identitario y artístico viene de entusiastas como Míriam Mendoza, que coordina un centro cultural, o Ramón García y Libre Gutiérrez, artistas que crearon sobre las fosas.

Con cuotas autoimpuestas, los vecinos levantaron tres escuelas, canchas, un centro comunitario, y pagan a profesores y vigilantes

Las fosas terminaron selladas: cómo reconocer los restos. Junto a las otras dos, cuentan, quedaron hedor y vecinos huidizos. Los de El Maclovio, que recibieron amenazas, se unieron a la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California en torno a un proyecto coordinado por la UABC al que bautizaron RECO. Recordar, reconstruir, reconciliar. Tras memoriales inacabados como en Villas de Salvárcar (Ciudad Juárez), hicieron valer su trayectoria sin esperar nada de las autoridades. Menos el olvido, todo suma. Para ello, los artistas y jóvenes de la colonia (como Libre Gutiérrez) crearon, literalmente, sobre las fosas. “No podía ser un memorial si la herida sigue abierta”. Los lazos de comunidad y la experiencia de lucha de El Maclovio se sumaron al proyecto.

Los llamados Tribunales Agrarios fallarán sobre las escrituras. Alejandro Monraz, director del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda estatal, dice al teléfono: “Veo un juicio aún muy largo, y veo inejecutable una orden de desalojo, son miles de familias viviendo”. Prevé que al Gobierno federal le tocará mediar para indemnizarlas. O reubicarlas. Las colinas que rodean El Florido siguen valiendo mucho, pese a memes jocosos. Y Hortensia Hernández no quiere ni oír de abandonarlas. Maclovio Rojas pudo significar muerte, pero otros, dice, pusieron allí su vida.