Una paz sostenible para Colombia

Todos los colombianos queremos y añoramos la paz. Pero construir la paz en nuestro país implica que en el territorio reine el imperio de la ley y que los ciudadanos podamos ejercer plenamente nuestras libertades.

Ante esa premisa duele cuando internacionalmente se ha tratado de vender que los colombianos estamos divididos entre la guerra y la paz y que las personificaciones de esas dos palabras son Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Para alimentar esa división conceptual algunos analistas señalan que durante el gobierno Uribe, se profesó la guerra como política de Estado. Esa forma de pensar desconoce que en ese periodo los colombianos vimos las mayores reducciones porcentuales en homicidios, secuestros, extorsiones y actos terroristas e igualmente experimentamos producto de una agenda de seguridad como valor democrático, mayor inversión, altos niveles de recaudo tributario y una incuestionable recuperación de la confianza. Producto de esas realidades Colombia pudo expandir sus programas sociales mientras el ingreso per capita y la clase media se expandían con velocidad.

Durante el gobierno Uribe la paz jamás dejó de ser una prioridad, hasta el punto que se desmovilizaron más de cuarenta mil guerrilleros y paramilitares, dentro del marco de una legislación que exigió los principios de paz, justicia y reparación para todos los grupos armados ilegales.

Fue con esas banderas que Juan Manuel Santos resultó elegido en el año 2010. Desafortunadamente al llegar el nuevo gobierno los cantos de sirena que las FARC habían utilizado en el pasado llegaron a los oídos del gobierno y con ingenua convicción se construyó un proceso de negociación sin mayores compromisos por parte de la organización terrorista.

En Septiembre del año 2012 se nos dijo a los colombianos que el nuevo proceso duraría meses, que no se cometerían los errores del pasado y que los acuerdos serían sometidos a un referendo. Hoy han pasado casi tres años desde aquella alocución presidencial y las FARC han seguido atentando contra la infraestructura, la población civil y las Fuerzas Militares, mientras arrecian la extorsión y la minería ilegal.

Además de la continuidad de su terror que siembra desesperanza en los colombianos, las FARC presionan al gobierno para no refrendar los acuerdos y no pagar cárcel por sus crímenes. Insisten en dejar las armas más no entregarlas, acondicionar un marco jurídico para su propia justicia a través de una Comisión de la Verdad y fijar directivas para definir la agenda agraria y la estructura de las Fuerzas Militares. Para muchos ceder ante estas demandas es aceptable debido a que un acuerdo con las FARC es una oportunidad utilitarista, donde las bondades están por encima de cualquier consideración jurídica o moral.

Las FARC presionan al gobierno para no refrendar los acuerdos y no pagar cárcel por sus crímenes

Contrario a esa paz utilitarista, existe una visión de la paz que se basa en la existencia de imperativos categóricos que buscan prevenir la impunidad. ¿Cuál es esa paz? Aquella que reconoce que podemos reducir sustancialmente las penas por crímenes de lesa humanidad, pero con la aplicación de penas privativas de la libertad. Aquella que exige la entrega verificada de las armas, el desmonte del aparato narcotraficante y la extinción de dominio de los bienes producto de esa actividad. Aquella que permite la participación en política pero prohibiendo la representación electoral por parte de quienes han sido condenados por delitos de lesa humanidad. Aquella que extiende beneficios generosos de desmovilización y reinserción a la base guerrillera y aquella que exige reparación moral, económica y jurídica a las víctimas.

Existen quienes creen que esta paz es imposible y que para construir un acuerdo debemos darle a las FARC una salida digna. Proceder conforme a ese enfoque es desconocer que la paz debe ser ante todo digna para el pueblo y la institucionalidad colombiana.

Quienes defendemos una paz con imperativos categóricos queremos una Colombia donde triunfe el imperio de la Ley sobre la ilegalidad. Las FARC y el Gobierno deben entender que cualquier acuerdo perfumado de impunidad será frágil e insostenible, debido a que millones de colombianos y la Corte Penal Internacional sabemos que ese camino es un premio al delito, un altar al criminal y la configuración de la injusticia. Lo que nos preocupa como diría Martin Luther King Jr. es que “permitir una injusticia significa abrir el camino a todas las que siguen”

Iván Duque Márquez es senador colombiano por el Partido Centro Democrático