La basura de la prosperidad

En Ecuador la palabra basura quiere dejar de oler a deshonra y castigo, a alcoholismo y exclusión. El término deshecho aspira a despojarse de su estrecho vínculo con la enfermedad, la pobreza y la vergüenza para moverse hacia el lado opuesto del espectro y convertirse en un elemento de inclusión y transformación de las comunidades.

Durante décadas, el país ha tenido una recogida tan deficiente de los residuos producidos por sus ciudadanos que gran parte acababan los barrancos y en las orillas de los ríos. Una vez se encontraba una cuneta suficientemente profunda donde arrinconar el problema, los camiones de la basura comenzaban a llegarla a diario desde los municipios. Así, descarga tras descarga, se iban creando grandes montañas de escombros que se convertían en vertederos de forma espontánea. Allí, la única selección y reutilización era la que hacían las familias desfavorecidas que llegaban detrás de los camiones para buscar entre la basura objetos de valor para revender. Para sobrevivir.

Según los datos de la ONG española Alianza por la Solidaridad (APS), en las ciudades se recoge el 49% de los residuos, mientras que en las zonas rurales la gestión es prácticamente inexistente. Así, sólo el 30% de la basura recibe tratamiento adecuado.

Ramiro Padilla recuerda el enorme esfuerzo que tuvo que hacer para poner en pie una empresa de gestión de residuos, de la que es gerente, en Pueblo Cañar, en la provincia de Azuay. “Convencer a cualquier población es difícil, pero persuadir a las comunidades indígenas, aún lo es más. Son pueblos muy ligados a la pacha mama (la madre tierra) y se negaban a apoyar la apertura de lo que consideran un foco de miseria, que asocian a los vertederos que siempre han visto en su país”. Los niños buscando en la basura y los ríos rebosantes de suciedad, cuanto más lejos, mejor.

Padilla, indígena él mismo, ha conseguido levantar su proyecto a pesar de las dificultades y resistencias que ha encontrado en el camino. Se muestra orgulloso de sentirse un pieza importante en un cambio de gran calado para su pueblo. Su empresa, creada en 2012, emplea en condiciones dignas a 78 personas que han visto como sus sueldos engordaban con el nuevo vertedero.

Si antes de 2012 el salario de un agente de limpieza era de 280 dólares al mes, en 2014, en el EMMAI (Empresa Mancomunadas de Aseo Integral) gestionado por Padilla se pagan 531 dólares mensuales. “Es difícil subir la autoestima de quienes trabajan en la basura. Por eso hemos hecho un esfuerzo por cambiar también la terminología. Ya no se les llama basureros sino agentes de limpieza y todos llevan un uniforme digno en sus jornadas de trabajo". Una imagen muy distinta de la de los hediondos vertederos clandestinos, que el gobierno ecuatoriano ordenó sellar.

El Azuay es la provincia más beneficiada de las siete en las que se desarrollan los proyectos de reciclaje de Alianza por la Solidaridad, cofinanciados entre la AECID y las autoridades ecuatorianas. Para que desecho y pobreza dejen de ser sinónimos. En total, la ONG ha impulsado la creación de empresas en 5 de las 22 provincias del país durante los últimos 10 años (Manabí, Guayas, Chimborazo, Tungurahua y Azuay).

La basura ya no es un castigo

Es una mañana de octubre en la Cuenca del Paute, en plena sierra ecuatoriana, sobre un paisaje montañoso de la provincia del Azuay, se encuentra el último de los Centro de Gestión de Residuos Sólidos que ha ayudado a poner en pie la ONG APS. Varios obreros, encaramados en el tejado de esta estructura a punto de ser inaugurada, se afanan en poner los últimos ladrillos de lo que serán las oficinas. Abrirá a principios de 2015.

Más allá de esta escena, quedan la zona de separación y reciclaje de la basura, la planta de compostaje y el relleno sanitario donde se enterrará y sellará la parte de basura que no es reutilizable. Es el corazón del centro. Sin embargo, el gerente Diego Montesdeoca, comienza la visita por las instalaciones para los trabajadores: los vestuarios donde se podrán duchar y donde, cada mañana, cambiarán sus ropas por un mono de trabajo.

“La parte técnica es importante, pero hemos firmado un plan de gestión a 20 años. Esto no sobrevivirá sin la comunicación adecuada de nuestro trabajo en la comunidad ni la dignificación del trabajador a través del sueldo y la formación en los conocimientos técnicos que se requieren”, detalla Montesdeoca. La cesión del proyecto no solo supone la creación de empleos en la zona, sino que, además, el gobierno local recibe 10.000 dólares mensuales por albergar la planta en su territorio. Una cantidad que debe ser destinada a solucionar los problemas de la población, especialmente el alcoholismo y la violencia de género. Es lo que llaman “el plan de corresponsabilidad social”.

“El éxito del proyecto depende de la aceptación y la participación ciudadana", abunda el gerente. Por eso, añade, también está prevista la construcción de un mirador y un centro de enseñanza donde los escolares de los colegios locales puedan ir y conocer el proceso de reciclado.

La implicación de los niños es considerado uno de los pilares básicos para lograr la sostenibilidad a largo plazo de las instalaciones. Los responsables del programa han comprobado que los pequeños tienen una gran capacidad de convencer en casa sobre los beneficios del reciclaje. Y el triángulo de profesores, niños y padres funciona para cambiar las actitudes hacia la basura. “En algunas comunidades se han hecho concursos de carteles de cómo reciclar dentro de los colegios. Luego, los mensajes creados por los niños, son los que informan en su propio vecindario", explica Juan José Vidal, el madrileño que coordina este proyecto en Ecuador para APS. "También recuerdo una comunidad donde los niños compusieron la canción que suena en el camión de recogida de la basura”, añade.

Para finales de 2015, los residuos sólidos de cinco municipios —Gualaceo, Chordeleg, Guachapala, Sigsig y El Pan— se gestionarán en este centro. Estas comunidades cerraron sus vertederos clandestinos hace cuatro años. Ahora, y de manera provisional, la basura de los 14.000 habitantes de los pueblos se lleva a un centro en Gualaceo, uno de los cantones de la provincia de Azuay.

Un modelo mancomunado

Alianza por la Solidaridad trabaja, desde 2004, en el cierre de basureros ilegales. Y promueve la apertura de empresas mancomunadas, formadas por diferentes municipios que se asocian para tratar la basura de forma global, responsable y eficiente. Estas entidades se llaman EMMAI (Empresa Mancomunadas de Aseo Integral) y su modelo de gestión está siendo replicado por el Gobierno ecuatoriano en otras regiones.

“La mancomunidad permite tener un proyecto ambicioso con los recursos unidos de varios municipios. Mejor uno bien gestionado que cinco mal”, razona Juan José Vidal. Para el funcionamiento de un centro de gestión de residuos es necesario comprar retroexcavadoras, tractores y camiones; el hecho de hacerlo de manera mancomunada reduce los costes. “Hace unos ocho años hablar de mancomunidad aquí era imposible”, recuerda Vidal.

Desde 2007, la evolución de estas empresas ha ido a la par del proceso de reformas políticas de Ecuador y de las diferentes leyes nacidas de la nueva Constitución. Ahora, el plan llamado “del buen vivir” incluye como objetivo la erradicación total de los botaderos a cielo abierto y un máximo de 80 rellenos sanitarios en todo el país para el año 2017. De los 221 municipios que hay en el país, el 80% aún utiliza los vertederos espontáneos para deshacerse de su basura, según datos del Ministerio del Ambiente. Eso, en números reales, son 200 basureros abiertos frente a 20 rellenos sanitarios. Por ahora.