10 millones de ciudadanos de segunda frente al infarto cerebral

Un día, a la madre de Carmen Aleix se le formó un coágulo que obstruyó el paso de sangre hacia un rincón de su cerebro. Como otras 120.000 personas cada año en España, sufrió un ictus, cuyo desenlace más habitual es un infarto cerebral. Células de su cerebro murieron asfixiadas por la falta de oxígeno. La mitad de su cuerpo quedó paralizada. Tras los primeros días de incertidumbre en el hospital, Aleix decidió llevarse a su madre, Brígida, de 82 años, de vuelta a su vivienda.

“Me la traje a casa pensando que iba a morir, pero vivió 17 años más, la mayor parte del tiempo en una silla de ruedas”, recuerda Aleix, presidenta de la Federación Española de Ictus. Eran otros tiempos, mucho antes de que la atención a estos pacientes mejorara drásticamente con la implantación en hospitales de todo el mundo de las llamadas unidades de ictus. Estos equipamientos, básicamente, consisten en una cama con un neurólogo presente las 24 horas del día, enfermeros entrenados y monitorización para detectar rápidamente cualquier complicación. Para un paciente, pueden marcar la diferencia entre recuperarse y quedarse de por vida en una silla de ruedas.

El éxito de las unidades de ictus era tal que en 2008 todas las comunidades autónomas suscribieron la Estrategia del Ictus, impulsada por el ministro socialista de Sanidad Bernat Soria, y se comprometieron a cumplirla en 2010. El objetivo era tener al menos una de estas camas especializadas por cada 100.000 habitantes.

El objetivo era una cama por cada 100.000 habitantes. Andalucía tiene una por cada 700.000

Cuatro años después de la fecha límite, la Estrategia del Ictus es papel mojado. Un total de 20 provincias (en las que viven alrededor de 10 millones de personas) todavía no tienen ni una unidad de ictus, pese a que 15 de ellas cuentan con más de 300.000 habitantes, según los últimos datos de Jaime Gállego, coordinador del Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología.

“Hemos retrocedido a la época en la que mi madre sufrió el ictus”, reflexiona Aleix. Su federación recuerda que el ictus provoca la muerte en un 30% de los afectados y una discapacidad grave en otro 40%. En el caso de Aleix, tuvo que abandonar su trabajo como administrativa en una empresa para atender “las 24 horas del día” a su madre hemipléjica. Su familia tenía que turnarse para bajarla a la calle desde un tercer piso sin ascensor en Barcelona antes de poder mudarse a una casa adaptada.

“Las unidades de ictus no son caras, de hecho, son rentables. Pueden salvar vidas y minimizan las discapacidades, que es lo que aumenta los gastos. Prevenir es economizar, pero los políticos son cortoplacistas”, critica.

Los datos le dan la razón. En España, sólo hay 55 unidades de ictus, concentradas en Madrid y Barcelona. En Andalucía, solo hay unidades en Málaga y Sevilla. En Galicia, otra, en Santiago de Compostela. En Extremadura, otra, en Cáceres. En Castilla-La Mancha, dos operativas, en Toledo y Albacete.

Las unidades de ictus no son caras, de hecho, son rentables. Pueden salvar vidas y minimizan las discapacidades", afirma la presidenta de la federación de afectados

“La implantación de la Estrategia del Ictus está parada, pero sigue habiendo desigualdades enormes”, señala Gállego, que trabaja en una unidad especializada en el Hospital de Navarra, en Pamplona. “No me acostumbro a ver la tragedia que supone un ictus, tanto para el paciente como para su familia. 120.000 ictus al año es un problema de salud colosal, una catástrofe, pero se puede tratar”, matiza.

Gállego hace un llamamiento a las autoridades sanitarias autonómicas y al Ministerio de Sanidad de Ana Mato para que “no se pongan una venda en los ojos” y “luchen por la equidad terapéutica”. El neurólogo Juan Carlos López, del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, coincide con Gállego: “En cierta medida, hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda frente al ictus”.

López ha encabezado un equipo de 20 colegas de la Sociedad Española de Neurología que ha estudiado la implantación de la Estrategia del Ictus en España, con información de 136 hospitales públicos. Con datos de 2012, solo Cantabria y Navarra cumplían con el objetivo de tener al menos una cama especializada cada 100.000 habitantes. En Andalucía, había una cama por cada millón de personas. Con datos de 2014, sería una cama por cada 700.000. “Volvemos a lo de siempre, al desequilibrio entre el norte y el sur”, remacha López.

Aleix pide que cese “la desidia de los políticos” a la hora de implantar unas unidades que han demostrado ser rentables económicamente y que aumentan la supervivencia y la autonomía de los pacientes de ictus, según una revisión de la Colaboración Cochrane, una organización que evalúa la eficacia de las intervenciones sanitarias. “Después de lo que he pasado, no me gustaría que nadie pasara por lo mismo, ni las personas que sufren el ictus ni sus familiares”, zanja la presidenta.