Alarmas sanitarias

El pánico ante el ébola se ha instalado en los países más golpeados por el virus. En Liberia y Sierra Leona, donde la epidemia está lejos de ser controlada, el número de afectados aumenta sin parar. Sus ya de por sí precarios sistemas sanitarios están desbordados y son muchas las personas afectadas por otras enfermedades (tifus, malaria) que no están siendo atendidas. En un intento por frenar la propagación del ébola, Liberia ha decretado el toque de queda, ha declarado bajo cuarentena barrios enteros y ha implicado al ejército para sofocar las revueltas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), que tardó varios meses en decretar la emergencia pública internacional, y Médicos sin Fronteras reconocen que se ven impotentes para frenar el brote. “Va más deprisa que nuestra capacidad de respuesta”, ha dicho la presidenta de la ONG, Joanne Liu, que demanda más medios para reabrir los hospitales, una tarea que Naciones Unidas debería afrontar de inmediato.

Hasta el momento, las cifras oficiales hablan de 2.743 enfermos, de los que han fallecido 1.350, todos en África salvo el sacerdote español Miguel Pajares, que murió el día 12 en Madrid tras ser repatriado desde Liberia. La infección, pues, parece confinada a África y los expertos sostienen que el riesgo de que salte a otros continentes es relativamente bajo. Pero ya se sabe que el miedo es contagioso.

Extremar las precauciones para controlar el virus no tiene nada que ver con generar alarmas o adoptar medidas injustificadas. Cerrar las fronteras a los afectados con el virus, como hizo ayer Sudáfrica, no es una receta que vaya a contener por sí misma el ébola. Pero no hacerlo no significa que se vaya a bajar la guardia. Vigilar el tránsito de pasajeros en los aeropuertos para detectar casos sospechosos es fundamental.

En este marco, España ha dictado protocolos de actuación muy precisos para activar las alertas y se han establecido hospitales de referencia. Pero conviene no alarmar a la población cada vez que un viajero muestre síntomas de fiebre. Las autoridades tienen la obligación de transmitir toda la información relevante y se les ha de exigir la máxima transparencia a la hora de abordar una crisis sanitaria de alcance internacional como esta. Pero eso no las obliga a dar detalles de cada caso sospechoso analizado (de los que ninguno ha dado positivo), pues esto solo ayudaría a generar una innecesaria psicosis en la ciudadanía.