Impago sin contagio

El desacuerdo entre el Gobierno argentino y los fondos buitre (holdouts) que reclaman el pago de la totalidad de la deuda no es un episodio accidental, ni tampoco un caso de mala fe política del juez Thomas Griesa o de los propios fondos, como se pretende transmitir a los argentinos desde instancias de su Gobierno. Es, para empezar, una situación extremadamente confusa en la que, por una parte, el Ejecutivo de Cristina Fernández tendrá que dar muchas explicaciones sobre la forma en la que han enfocado las negociaciones con el mediador, Daniel Pollack; y los holdouts también deberían aclarar las causas por las que no se ha pactado un pago diferido, para evitar la cláusula, incluida en el acuerdo de quita con la mayoría de la deuda, que obliga al tesoro argentino a pagar a todos sus acreedores en las mismas condiciones que pague al mejor tratado.

No es difícil reconocer que el equipo económico argentino, dirigido por Axel Kicillof, tenía parte de razón cuando argumentaba ante los fondos buitre que la prima de retribución a sus inversiones, bastante más elevada que la que se obtiene en un país más estable, compensaba de antemano cualquier riesgo de quita en la deuda; y que, por tanto, su pretensión de cobrar el 100% de lo adeudado (comprado a otros acreedores), por unos 1.500 millones de dólares, no estaba justificada.

Pero desde el momento que el juez Griesa falló en contra de Argentina, el Gobierno fue perdiendo poco a poco las razones. Primero, debido a una campaña demagógica y perjudicial (¡Patria o buitres!) que erosionaba el buen clima necesario en toda negociación; y después porque dejó el grueso de la negociación para los últimos días del mes de gracia concedido por Griesa. En estos momentos, la situación técnica es de impago selectivo, aunque Kicillof se escude en que los bancos privados argentinos (a los que se ha pasado la responsabilidad de buscar el dinero) siguen negociando.

Argentina ha demostrado poca pericia negociadora; a no ser que cuente con una prolongación de las negociaciones que tendría que ser avalada por el juez. Los fondos, por su parte, corren el riesgo de no cobrar si se declara el impago. En el maremágnum financiero y judicial subsiguiente, cualquier cosa puede pasar. Era fácil llegar a un acuerdo por el cual Argentina se comprometiera a garantizar el pago a partir de 2015; pero ha pesado probablemente más la desconfianza hacia el Gobierno de Cristina Fernández que las ventajas de un arreglo convencional.

Lo más probable hoy es una declaración inminente de default (para activar los seguros de los créditos). Pero hay que recordar que el fondo de la cuestión es un desacuerdo en una negociación judicial. El pacto sigue siendo posible, deseable y útil. Porque aunque un default argentino en estos momentos tenga poca capacidad de contagio a los mercados mundiales —pero dañará todavía más las mermadas rentas de los argentinos con la retirada de inversiones exteriores—, es un problema que puede complicarse con facilidad.