Esperanza defraudada

El que ha sido considerado como el cuarto pilar del Estado de bienestar, las prestaciones previstas en la Ley de la Dependencia, corre el peligro de retroceder a causa de las dificultades que presenta su financiación. En 2013 el número de beneficiarios se ha reducido en más de 15.000 personas y se estima que son miles los dependientes que fallecen sin haber llegado a percibir la ayuda a la que tenían derecho. A 30 de septiembre percibían algún tipo de ayuda 736.249 personas y otras 198.041 permanecían en la lista de espera de las Administraciones, pendientes de recibir una prestación para la que ya cumplen los requisitos.

La aplicación de la ley en enero de 2007 con un gran apoyo político supuso un gran salto adelante en el bienestar social de los españoles y generó unas expectativas que se han truncado. Pero el nuevo sistema nació lastrado por una carencia fundamental: la ausencia de un cálculo riguroso de las obligaciones económicas que comportaría cuando desarrollara todas sus posibilidades. Esta carencia se ha convertido en un obstáculo insalvable en un contexto de crisis que no estaba en el horizonte en el momento en que fue aprobada la ley. La caída de los ingresos fiscales en los cinco años que llevamos de crisis ha afectado al todavía débil sistema y amenaza su continuidad. Los ajustes aplicados en 2012 han supuesto este año un ahorro de 1.108 millones de euros, a costa de dejar sin prestación a miles de dependientes y en el paro a muchos cuidadores. Todo ello repercute sobre unas familias que afrontan la carga de sus dependientes en un contexto de precariedad general y creciente dificultad económica.

Los sistemas de protección social no deben contemplarse exclusivamente desde la perspectiva del gasto. Los países nórdicos han logrado convertir las voluminosas partidas de su gasto social en un motor de actividad que refuerza su economía, pues genera puestos de trabajo y libera a la sociedad de unas cargas que pueden destinar a otros objetivos. Esto, que está muy claro en momentos de bonanza económica, choca en situaciones de crisis con la dificultad de garantizar los ingresos fiscales necesarios para sostener los programas. Pero incluso en situación de crisis, es posible priorizar. Y en un contexto de empobrecimiento de la tercera edad y de otras capas de la población, incluidas las clases medias, los inevitables ajustes en el gasto público han de tener siempre en cuenta el coste social y el sufrimiento que provocan.