Servicios en peligro

Una espesa sombra se cierne sobre la continuidad de los servicios sociales que prestan buena parte de los municipios españoles. La aprobación, el viernes, del proyecto de ley de reforma de la Administración local por el Consejo de Ministros no ahuyenta las inquietudes iniciales.

Los profesionales del sector han traducido el peor escenario esperable de esta ley: 70.000 empleados en servicios sociales, que trabajan para 2,6 millones de beneficiarios, 30.000 plazas en residencias de la tercera edad y mecanismos muy extendidos de ayuda a domicilio corren peligro.

Esa inquietud deriva de que, en aras de unos deseables objetivos —la simplificación administrativa, la eliminación de duplicidades y el ahorro derivado de ambas— se ha optado por una medida discutible e incierta: la reubicación de muchos servicios sociales prestados por los municipios en las respectivas comunidades autónomas. Ocurre que la mayor parte de estas atraviesan una crisis financiera de subsistencia, por lo que, pese a las cautelas del proyecto, resulta obligado preguntarse por la continuidad de dichos servicios.

Este temor resulta tanto más pertinente cuanto que la etérea cuantificación oficial del presunto ahorro de la reforma, unos 8.000 millones, sigue duplicando la previsión inicial.

Esos riesgos sociales merecen ser reconsiderados en el trámite legislativo. También otras derivaciones políticas de su filosofía global. El Ejecutivo la presenta como una concreción del principio “una competencia, una Administración”. Pero aunque sea sugestivo, ese principio es extraño al espíritu de la Constitución, que más bien opta por la concurrencia competencial entre Administraciones. Y por ende, su aplicación masiva exigiría una reforma de la Carta Magna antes que su desnaturalización subrepticia por sucesivas leyes orgánicas.

Es un problema jurídico, pero también político, que en este caso se traduce en la eventual conculcación del principio de autonomía municipal a cargo de un intervencionismo gubernamental abusivo, como subrayó el Consejo de Estado.

Debe solventarse no solo por razones democráticas, pues las diputaciones que se busca reforzar son organismos de elección indirecta, y no directa como los municipios. Sino también por razones de equidad, pues estos conforman, frente al Gobierno central y a los autonómicos, el nivel de gobernanza que mejor ha cumplido los objetivos de déficit. ¿Por qué, pues, castigarlos?