Fraude organizado

Aunque se sabía que la situación financiera de Pescanova era delicada, las conclusiones de la investigación de la auditora KPMG sobre las cuentas de la compañía ha empeorado todas las expectativas. La deuda real, 3.281 millones de euros, cuadruplica la reconocida; presenta un neto patrimonial negativo de casi 1.000 millones; la sociedad, pues, está en quiebra técnica y el auditor declara textualmente que las prácticas contables de ocultamiento de la deuda, para magnificar los resultados generados, “no fueron fortuitas, sino el resultado de una planificación consciente” durante varios años. KPMG concluye que “existen indicios fundados de que determinadas personas de la cúpula directiva de Pescanova han instruido, ejecutado, llevado a cabo o conocido, en mayor o menor medida, dichas prácticas”.

Es decir, durante los últimos años Pescanova operó como un mecanismo organizado de fraude financiero y societario más que como una empresa alimentaria. Es obligado subrayar que el fraude se desarrolló con casi total impunidad, por desconocimiento o negligencia, delante de su Consejo de Administración, parte del cual está imputado, y, por supuesto, delante de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La CNMV suele excusarse en los modestos poderes que tiene para corregir el comportamiento de las empresas, pero parte de sus obligaciones consiste en disponer y analizar la información necesaria que le permita alertar al mercado sobre este tipo de situaciones fraudulentas.

Conocido el informe de KPMG, que será remitido a la Audiencia Nacional y a los gestores del concurso de acreedores, ya no cabe aceptar al presidente del Consejo, Manuel Fernández de Sousa, ni al equipo de dirección más argumentos dilatorios. No se trata de “errores”, ni de celebrar que gracias a ellos “Pescanova sigue viva”, como todavía sostiene Fernández de Sousa, sino de una estafa societaria a gran escala, encaminada sistemáticamente a ocultar las cuentas mediante artificios, sociedades interpuestas, manipulación de facturas y tergiversación de precios.

No hay excusa para que Fernández de Sousa presente la dimisión. Es una nueva oportunidad para que los tribunales actúen en defensa de los accionistas, para que los Consejos de las empresas recuerden la tarea de vigilancia de los equipos directivos y para que la CNMV perfeccione sus resortes de información sobre las empresas que operan en los mercados.