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EDITORIAL

Esfuerzo autonómico

El Gobierno debe revertir a las comunidades

la flexibilidad que Bruselas dará al déficit

Contra las simplificaciones populistas, las comunidades autónomas han realizado en 2012 un notable esfuerzo por sanear sus finanzas. Para calibrarlo con exactitud habrá que esperar al cierre del ejercicio, que suele ser siempre peor de lo previsto. El ritmo de saneamiento, hasta el mes de octubre, es notable. El gasto general se ha reducido en un 2,17%, dentro del cual las inversiones han sido el capítulo más perjudicado, con un descenso del 25,3%, mientras que los gastos corrientes han aumentado un 14,93%, pese a que el gasto en nóminas ha decrecido un 4,5%, merced a las decenas de miles de empleos laboral-administrativos perdidos.

Seguramente la orientación del esfuerzo en la contención del gasto es mejorable. Lo más fácil es sajar inversiones, como se ha hecho de entrada, con el efecto recesivo inducido. Y después cancelar empleos precarios. No tiene mucho sentido que aumenten los gastos corrientes globales cuando bajan los correspondientes a las remuneraciones. Parte del secreto de los desequilibrios estriba en el aumento de los intereses de la deuda autonómica: su cuantía ha descendido algo, pero su coste ha aumentado debido al alza de la prima de riesgo.

De forma mejorable, sí, pero la cuestión es que las finanzas autonómicas se han ordenado significativamente. Mientras acabaron 2011 con un déficit del 3,4% sobre el PIB, lo harán en este ejercicio algo por encima del previsto 1,5%: algo notable, pues supone reducirlo en casi la mitad. Ello ha sido posible también, en gran medida, gracias a dos instrumentos puestos a su disposición por el Gobierno: el plan de pagos (atrasados) a los proveedores y el fondo de liquidez autonómica. Ambos son mecanismos muy útiles, pero su creación obedece a la responsabilidad política del nivel administrativo internacionalmente responsable, no a ningún arrebato de generosidad sobrevenida.

Hará bien Hacienda en no reincidir en su altanería amenazante respecto a las autonomías, y en reconocer ese esfuerzo. Sobre todo porque se trata de una exigencia superior a la que se autoimpone el propio Gobierno. En tres ejercicios, el déficit de las comunidades debe pasar del 3,4%, al 1,5% y de este al 0,7% en 2013: a razón de reducirlo a la mitad en cada año. Mientras que la Administración central se queda con un tope más amplio este año, el 4,5%, y también el próximo, un 3,8%, lo que supone una ventaja excesiva para ella en relación con las demás. Que además afrontan los gastos más inelásticos y socialmente más delicados: educación y sanidad.

Esa ventaja deviene abusiva si se considera que todo el margen del aumento en los impuestos de mayor potencia recaudatoria (IRPF e IVA) y la flexibilización otorgada por Bruselas los acapara el Gobierno en solitario. Las autonomías llevan razón cuando reclaman que la mayor flexibilidad que Bruselas se apresta a otorgar a España para los dos próximos años debe revertir también sobre ellas. También para que el gasto social y el Estado de bienestar no resulten estrangulados.

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