Seriedad frente al fraude

El mismo día en que se produjo la detención del empresario y expresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Gerardo Díaz Ferrán, el Gobierno hizo pública una estimación de los datos provisionales de la amnistía fiscal, según los cuales el monto de lo recaudado se sitúa en 1.200 millones de euros, algo menos de la mitad de lo previsto. A falta de razones para sacar pecho por la recaudación en sí, los ministros de Hacienda y de Economía, Cristóbal Montoro y Luis de Guindos, resaltaron la importancia de haber aflorado bases imponibles por valor de 12.000 millones, dado que tributarán en lo sucesivo.

Más allá de lo discutible de este blanqueo legal a cambio de un modesto gravamen, parece evidente la existencia de mucho dinero situado fuera del alcance del fisco español. Y esto es insostenible para un Gobierno que da prioridad a la reducción del déficit público, cuya causa no es solo el exceso de gasto, sino la falta de ingresos. Las consecuencias del gran fraude las están pagando sectores populares en forma de severos recortes del gasto social. La escasez de recaudación se ha producido a pesar de las advertencias del Gobierno a los despachos de asesores fiscales sobre su intención de usar una reforma legal, que entrará en vigor en breve, para impedir la prescripción de responsabilidades por cuentas o bienes inmuebles descubiertos por Hacienda en otros países. Por eso, la seriedad en la lucha contra el fraude se hace aún más indispensable en un país sobre el que se ha incrementado fuertemente el escrutinio internacional.

Si la detención de Díaz Ferrán es una coincidencia o no con el fin de la amnistía fiscal, es una hipótesis inverificable. Pero actuaciones como esta pueden operar a modo de recordatorio de que las patentes de corso sobre patrimonios ocultos y cuentas opacas no son eternas. Díaz Ferrán montó un grupo de empresas poco ortodoxo, con participaciones cruzadas, utilización de la caja para tapar agujeros y un presunto vaciamiento patrimonial de compañías como Marsans y Air Comet. La acción por la que ha sido detenido tiene su origen en una querella de empresarios turísticos que le atribuyen, a él y a sus socios, ocultación de bienes para no hacer frente a una deuda de decenas de millones. La investigación ha localizado 4,8 millones de euros en Suiza, mientras se intenta buscar más dinero, hasta 50 millones, en paraísos fiscales.

Poca ejemplaridad ha demostrado quien sostenía que la crisis económica no tenía más solución que “trabajar más y cobrar menos” (y admitía que ni él mismo volaría en su propia aerolínea). Pero las extravagancias no son las que le sitúan ante la justicia, sino presuntos delitos —alzamiento de bienes y blanqueo— más otros asuntos pendientes por la compra de Aerolíneas Argentinas en 2001. La exigencia de responsabilidades es indispensable para separar a los empresarios honrados de los que no lo son.