El Gobierno de Madrid abre expediente a tres eléctricas por cobrar consumos estimados

La Comunidad de Madrid ha informado hoy de que ha abierto expediente sancionador a tres empresas eléctricas en la región, que pueden enfrentarse a multas de hasta 3,87 millones de euros por facturar servicios no prestados e infringir las leyes de protección de los consumidores. ¿A qué tres compañías? No se sabe, porque la Comunidad no lo indica en su comunicado. Preguntada la Consejería de Economía y Consumo al respecto, explican que se reservan el nombre de las tres eléctricas, ya que se trata de un procedimiento abierto. En Madrid, al menos nueve compañías comercializan la luz: Endesa Energía, Endesa Energía XXI, Hidrocantábrico, EDF, Iberdrola, Unión Fenosa, Gas Natural, Nexus Energía y Madrileña Suministro de Gas. "La ley prohíbe dar los nombres individualizados de las compañías y por eso no los doy", ha explicado después el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, para después precisar que el expediente está en "trámite de alegaciones". FACUA-Consumidores en Acción y CECU Madrid han aplaudido la decisión.

Según indica la Comunidad en la nota, el expediente se ha abierto además al estimar que estas compañías vulneran los derechos de los consumidores a recibir una información eficaz y suficiente, para instarles a facturar "siempre de acuerdo a una lectura real" y para que "las facturas sean más claras". La Comunidad de Madrid añade que la apertura de expedientes sancionadores se basa en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que, según recuerdan, "califica como abusivas y por tanto, prohibidas y sancionables, las estipulaciones contractuales que prevean el cobro de servicios o productos no usados o consumidos de manera efectiva". La ley madrileña sanciona como infracción de consumo "la realización de transacciones en las que se imponga injustificadamente al consumidor condiciones, recargos o cobros indebidos".

"Una factura incomprensible"

Madrid pretende que las eléctricas vuelvan al antiguo sistema de facturación bimestral, que realicen lecturas mensuales "que certifiquen que al consumidor se le cobra por la electricidad consumida" o que sigan facturando mensualmente sólo por los costes fijos. Como ejemplo cita el alquiler de contadores, cuya cuantificación es independiente del consumo eléctrico realizado en los meses en los que no se efectúe la lectura del contador. La Comunidad considera además que las eléctricas no expresan claramente los periodos de consumo facturados y tampoco explican cómo se realiza la regularización de consumo para adecuar la facturación a la lectura real, lo que al final da lugar a "una factura incomprensible para la mayoría de los consumidores reclamantes".

Según la Administración regional, el cambio de normativa impulsado por Industria que impuso la facturación mensual estimada ha dado lugar a más de 14.000 reclamaciones de los consumidores madrileños. La mayoría de ellas hacen referencia al sector de la electricidad: en 2008, 798 reclamaciones; en 2009, 10.880 (un incremento del 1.263%) y en 2010 se registraron más de 1.600 reclamaciones. El Gobierno regional recuerda que mantuvo el año pasado varias reuniones con las comercializadoras de electricidad para exponerles las quejas de los consumidores por la falta de claridad en las facturas y la confusión que causa el método de estimación e instarles a que cobraran sólo los consumos reales.

También que han denunciado "reiteradamente" que Industria impuso el año pasado la facturación mensual "con el objetivo de camuflar la subida real de la electricidad" y que la Consejería de Economía y Hacienda ha calculado que las tarifas de la luz fijadas por el Gobierno han subido un 50% de media en los últimos años. La liberalización del sector eléctrico en España, según Madrid, provoca "indefensión y confusión" en los consumidores y "no responde a las directrices de Bruselas, pues el mercado sigue intervenido por una política gubernamental plagada de errores y quien lo paga, y cada vez más caro, es el consumidor".

Desde Chinchón, donde ha acudido para presentar una campaña turística, Beteta ha indicado que "la Comunidad lleva tiempo analizando las miles de denuncias de los consumidores con relación a la factura eléctrica". "Hemos llegado a la conclusión de que era necesario abrir un expediente porque entendemos que no son conforme a la Ley general del consumidor las actuaciones que se están llevando a cabo", ha manifestado el consejero. "Pensamos que el consumo estimado no es razonable. De generalizarse, las compañías telefónicas podrían decir 'y por qué no también vamos a hacer una estimación de consumo y cobrar cada 15 días o cada semana'. Cuando uno está pagando un servicio va a acompañado el impuesto del valor añadido. Cómo es posible que paguemos un impuesto por un bien que no hemos consumido", ha añadido.

Por su parte, Facua ha anunciado que va a emprender "denuncias contra el sector en el resto de comunidades para que lleven a cabo actuaciones similares". "El expediente sancionador del Gobierno madrileño es una consecuencia del modelo de facturación impuesto por Industria, que fue rechazado desde el principio por las asociaciones de consumidores", ha añadido. Por su parte, Cecu Madrid ha considerado que la iniciativa sancionadora de la Comunidad de Madrid está "totalmente justificada ya que los consumidores se sienten completamente indefensos con las nuevas normas impulsadas por Industria, y muy especialmente con la práctica de facturar por estimación, que parece abusiva y contraria a los derechos de los consumidores".