La competencia en la luz, sólo a medias

No espere mucho del mercado libre de la electricidad. Alrededor de 26 millones de clientes de baja tensión pueden elegir al comprador, aunque sólo 1,5 millones (6%) están obligados a hacerlo, principalmente pymes.

El resto (micropymes, autónomos y la mayoría de hogares) puede buscar ofertas, si las encuentra. O seguir bajo el paraguas de la tarifa de último recurso (TUR), que el Gobierno ha fijado en un 2% más respecto a la anterior, y que sólo suministran las cinco grandes eléctricas. La competencia se abre, pero a medias. Además, los consumidores de alta tensión llevan un año liberalizados y aún hay 20.000 que no han encontrado ofertas satisfactorias.

El mercado libre conlleva en teoría más competencia entre empresas, que ofrecen mejores servicios y a precios más competitivos. "Si está bien hecha la desregulación, beneficia al consumidor, porque los precios tienden a bajar. El perjudicado es quien pierde el monopolio", explica Ferran Brunet, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona. "En la práctica", prosigue Brunet, "los consumidores menos informados sobre el mercado que se abre no se benefician tanto de las ventajas que la situación ofrece. Por eso se fijan tarifas refugio. El Estado garantiza que los que no tienen capacidad para competir no paguen facturas desorbitadas".

Cinco grandes empresas se reparten el grueso del mercado

La electricidad está considerada el primer servicio de interés público

La liberalización "es un cambio fundamental y complejo, sobre todo para las empresas", dice Pedro Rivero, presidente de Unesa, la patronal eléctrica. "El consumidor tiene libertad para elegir y las compañías están obligadas a competir. Ahora tendrán que salir a la calle a buscar clientes", cuando antes los tenían garantizados por zonas y al precio fijado por el Gobierno.

Las empresas compartirán la información sobre su cartera de clientes para que otros puedan presentar sus ofertas. Esta base de datos de los consumidores de electricidad y gas se gestiona desde la Oficina de Cambios de Suministrador. Es una sociedad mercantil en la que participan distribuidoras y comercializadoras.

El proceso empezó en 1997 con la Ley del Sector Eléctrico. Adaptaba una directiva de la Unión Europea (UE) que garantiza la libre circulación de personas, mercancías, capitales y servicios. La UE ha ido unificando en sucesivas directivas las leyes y mercados de los países miembros con el objetivo de llegar al mercado energético común europeo. "Realmente ha trabajado muy bien, porque no es nada fácil recrear la competencia en sectores de monopolio natural como el eléctrico", sostiene Brunet.

La electricidad, sin embargo, no es un servicio cualquiera, es el primer servicio de interés público. "A diferencia de tomates o pescado, que llegan de cualquier parte, la electricidad llega por una red (costosa de construir y mantener) y afecta al medio ambiente", explica Joan Prat, secretario general de la Asociación de Empresas Eléctricas (Aseme).

Las organizaciones de consumidores no comparten las bondades del proceso. La OCU critica que "ha traído pocas ventajas, muchas incertidumbres y no se nota en una bajada de precios". Lo decía antes de conocer la nueva tarifa. Después, consideró que con la subida "la factura eléctrica se ha incrementado un 7% para la mayoría de consumidores en 2009". La OCU denunció que los clientes con tarifa de discriminación horaria eran los más perjudicados: pagarían un 17% más. La denuncia sirvió para que el Gobierno corrigiera la tarifa ahorro en el BOE dos semanas después del nuevo sistema.

Rubén Sánchez, portavoz de Facua, va más allá: "La liberalización se hace para que las empresas ganen más dinero y no para beneficiar al consumidor. Hasta la fecha, ninguna ha traído precios más bajos y mejor servicio. ¿Por qué si no la Comisión Europea regula el precio de las llamadas en itinerancia (roaming)? Es asumir públicamente el fracaso de la apertura del mercado europeo del móvil".

Si las organizaciones de consumidores no parecen contentas, tampoco lo están los fabricantes de luz. Unos más que otros. En Iberdrola dicen que la apertura "siempre es positiva". Ahora, argumentan, pueden entrar en zonas donde antes no tenían autorización para vender. "La liberalización es real" para la mayoría de empresas, que ahora también podrán elegir si quieren un "producto cuya procedencia es energéticamente más limpia".

Unión Fenosa, en plena fusión con Gas Natural, considera que conviene diferenciar a pymes de hogares. Ricardo Galindo, su director de mercadotecnia, explica: "Los clientes con potencias superiores a 10 kilovatios (pymes) no sólo se beneficiarán de mejores condiciones económicas, sino de ayudas en el ahorro energético".

Emili Rousaud, fundador de Factor Energía, la primera comercializadora nacida en 1999 en un mercado abierto, discrepa: "No es una liberalización completa, porque la TUR, más que de último es de primer recurso: no hay margen para realizar ofertas competitivas a los hogares". Prat añade: "El nivel de competencia no es el adecuado, pero es complejo de conseguir por la situación actual".

La Comisión Nacional de la Energía (CNE) no ha elaborado ningún informe para determinar si la regulación fomenta o no la competencia. Eso sí, ante el despiste general, ha abierto una ventanilla virtual para resolver dudas del consumidor, que incluye calculadora de precios.

Extraoficialmente, en cambio, fuentes de la CNE aseguran que la TUR ha desvirtuado el proceso porque es demasiado amplia y distorsionará el mercado. Como la mayoría de los consumidores no están obligados a elegir, el mapa queda igual y beneficia a las grandes empresas. En definitiva, la apertura es limitada y no favorece a las pequeñas comercializadoras, sin margen para competir. "Es difícil que haya ofertas que mejoren sustancialmente la TUR, porque nadie puede vender sabiendo que pierde dinero", admite Rivero.

Además, arrastramos 16.500 millones de euros de déficit. Unesa advirtió en abril de que el fin de las tarifas reguladas no implicaría el abaratamiento de la luz, porque la nueva tarifa se debe ajustar al coste real de la electricidad. La subida del 2% aplicada, explica Industria, "refleja los costes de la energía y de su transporte (peajes). Tiene que ser ajustada: ni estar por debajo (frenaría la competencia) ni por encima (perjudicaría al consumidor)".

El presidente de Unesa considera que se ajusta al decreto ley, pero advierte: "Libertad y proteccionismo se llevan bastante mal. Son dos filosofías opuestas. El paraguas de la TUR está basado en un proteccionismo transitorio. Entendemos que el Gobierno no quiera liberalizar todo el mercado ahora para ver cómo evolucionan los precios". La patronal "supone" que se mantendrá tres años, "aunque luego ya no tendrá sentido este exceso de proteccionismo". Es decir, considera contraproducente "mantener una tarifa refugio a 23 millones de clientes" en el futuro. Industria, sin embargo, no contempla que desaparezca. "En el sector gasista, sin déficit y liberalizado, hay tarifa de último recurso y nadie se queja".

Facua también ha denunciado "irregularidades". En su opinión, "cientos de miles de abonados de pequeñas distribuidoras han sido dados de alta en comercializadoras libres". Se refiere a quienes están obligados a liberalizarse porque tienen potencias contratadas superiores a 10 kilovatios y las filiales comerciales de sus hasta ahora únicas distribuidoras no dan la tarifa de último recurso.

Desde la CNE explican que, "efectivamente", este problema se da entre aquellos clientes conectados a redes de distribuidores sin conexión de último recurso (CUR), porque el real decreto 485/2009 presenta "inconsistencias". Por un lado, establece que los consumidores con potencia inferior a 10 kilovatios pasan automáticamente a tarifa si no eligen otro suministrador libre. Por el otro, que los distribuidores pueden elegir a qué comercializadora envían a sus clientes. Una situación que, según la CNE, genera "indefensión" al cliente.

Prat replica: "No aplicaremos oficialmente la TUR, pero nuestras ofertas en el mercado libre van en esta dirección a nivel de precio. No sólo eso, nuestras condiciones son mejores porque somos más pequeños, nos movemos en el ámbito local y damos atención personalizada". Rivero considera que "hay 26 comercializadoras libres y sólo las cinco grandes soportan el déficit. Nosotros ya pedíamos que entre todos lo asumiéramos. Si quieren participar, bienvenidos al club, esto no es un chollo". Prat duda de que el déficit sea el motivo de dejarles fuera. "Nosotros no somos responsables del déficit, que se genera en la producción. Luego no tenemos por qué asumirlo".

Desde Industria han preferido que asumieran la tarifa refugio empresas "solventes" para evitar riesgos de quiebra de los pequeños. Rousaud discrepa: "¿Solvencia? ¿Qué solvencia? ¿Quieren decir, por ejemplo, que eléctricas con un siglo de servicio a sus espaldas no lo son? Es absolutamente discriminatorio que no podamos ser comercializadores de último recurso".