Faltan médicos y 14 nuevas facultades aumentarán un 13% los graduados. Pero, ¿pueden ser demasiados?
La falta de un registro de doctores impide la planificación de las necesidades por especialidades y existe el riesgo de un exceso de licenciados como sucedió en los años ochenta
España vive un déficit temporal de médicos recién graduados, pero ¿hay riesgo de formar a demasiados y abocar a parte al paro como ya pasó en los años ochenta? ¿O la carga de trabajo de cada profesional es tan descomunal que se necesitan muchos más? Al menos ―hay otras iniciativas sobre la mesa― dentro de una década 14 facultades de Medicina estarán titulando a sus primeras promociones: cinco públicas y nueve privadas. Supondrá, en un cálculo conservador de este diario, que salgan al mercado laboral al menos un 13% de graduados más: 900 doctores más cada curso (matricularán un mínimo de 1.000 alumnos en primer curso, aunque probablemente irán subiendo el número de plazas según madure su proyecto). En junio de 2023, se titularon 6.587 facultativos (5.417 en la pública y 1.170 en la privada), un 5% más que cuando se estableció el plan Bolonia en 2015.
No es fácil hacer ninguna previsión de las necesidades, porque España no ha llegado a poner en marcha un Registro de Profesionales Sanitarios que permita planificar con unas cifras oficiales y al día. Esta es una petición que se repite en el tiempo de la conferencia de decanos de Medicina, sus estudiantes y los sindicatos.
Un documento del Ministerio de Sanidad hecho público en 2024 calcula que faltan 5.874 doctores en el total de las especialidades (4.500 en familia), que se llegará al equilibrio en 2032 y en 2035 habrá un superávit de 6.000 efectivos. A los cuatro años de terminar la carrera, los médicos (casi todos cursando el MIR, el 93% afiliado a la Seguridad Social) cobran 38.273 euros de media, pero la temporalidad es alta y el tiempo para tratar a los pacientes muy escaso en muchas especialidades.
Hay cinco universidades públicas ―Alicante, Almería, Jaén, Huelva y Publica de Navarra, que suman 296 plazas en primer curso este 2024/25— que aún no han otorgado los diplomas a sus primeros estudiantes. Además, probablemente en el curso 2026/27 (está en el aire) comenzarán las clases en las de León y Burgos, tras un acuerdo regional salomónico, y en la de La Rioja, la única autonomía que no tiene en su oferta el título estrella, que otorga prestigio, atrae a los mejores expedientes y muchos fondos de investigación. En este caso, se estudia una horquilla muy amplia: suman entre 135 y 210 plazas.
En el campo privado, Madrid, que cuenta con más alumnos en primero en la privada (110.000 euros el título), acaban de implantar el grado la Universidad Camilo y la Antonio Nebrija que juntan 180 plazas. Además, por primera vez, hay un grado privado de Medicina en tres comunidades que no han graduado: Andalucía (Loyola), País Vasco (Deusto) y Canarias (Fernando Pessoa), que aportan otros 190. A su vez en Aragón la San Jorge (100 autorizadas) no tardará en abrir Medicina en Zaragoza y la Fernando III, del CEU, aspira a impartir el curso que viene Medicina en Sevilla (60 plazas). La Europea de Extremadura pronto se votará en el Parlamento regional (no se comparten detalles del grado) y en la misma tramitación se encuentra la Universidad de Mallorca (60 plazas).
En el plano público se oferta Medicina en 37 de los 50 centros. En la recámara queda la Carlos III, que ansía contar con el grado desde hace cinco años y Vigo quiere que Santiago deje de tener el monopolio. Y en la esfera privada, en Oviedo quiere abrir negocio la Universidad Europea de Asturias con Medicina en el catálogo, mientras que la Abat Oliva-CEU, de Barcelona, persigue el grado, pero la Generalitat obliga a su rectorado a tener las plazas de prácticas para los seis años aseguradas. “La capacidad de los centros asistenciales en Cataluña [hospitales y ambulatorios] es la que es”, razona su directora general de Universidades, Victoria Girona.
En 2023, el Gobierno reservó 52 millones de euros de los Presupuestos para crear 750 plazas de primer curso de Medicina en la pública, aunque fueron 706. La docencia de este grado es tan cara que muchas veces la pública oferta menos plazas de las que tiene autorizadas o por tensiones con la privada por las prácticas en hospitales, como ocurre con la Complutense. Por cada plaza de más, con el acuerdo los campus reciben 15.000 euros al año ―la partida puede destinarse a contratar personal―, y durante los seis años que dura la carrera, hasta que se gradúen tres promociones. “Una financiación tan extraordinaria supone, sin duda, una oportunidad para que las facultades mejoren sus infraestructuras”, reconoció entonces el presidente de la conferencia de decanos, Pablo Lara. La institución académica se había resistido a este aumento. El pasado año comenzaron la carrera 9.063 bachilleres, un 13,5% más que una década antes.
“Habría que recordar, no hace demasiados años, el elevado número de médicos en paro que existía y el tipo de contratos laborales que se ofrecían”, alerta la conferencia de decanos en un reciente artículo. En 1987 se contabilizaron 30.000 doctores desempleados, pese a haber masificación y listas de espera en la sanidad pública. “Es una pena no poder estudiar Medicina, pero es aún peor no poder ejercerla o hacerlo en unas condiciones laborales que no permitan prestar la asistencia para la que se está preparado tras un periodo de formación de 10-11 años en el grado y la FSE [Formación Sanitaria Especializada]”, añaden. Por eso creen que es imprescindible el Registro de Profesionales Sanitarios.
Sheila Jurado, coordinadora de MIR del Sindicato Amyts, que comparte la necesidad de este registro de profesionales, es muy gráfica: “Tú cuando tienes que comprar, miras la nevera y si te falta leche, la compras. Esta es la situación, algunas especialidades se quejan porque se están aumentando las plazas MIR y va a haber un superávit, por ejemplo, en cirugía vascular, pero hay otras especialidades como medicina en familia, que ahora mismo tienen una situación de déficit real”.
Jurado se plantea hasta qué punto puede considerarse que se forman demasiados facultativos cuando hay una evidente sobrecarga de trabajo. Muchos trabajan 170 horas al mes, con múltiples guardias de 24 horas y los niveles de estrés están desbocados. “Se necesitarían dos o tres por cada uno para dar la atención necesaria a nuestros pacientes”. Y recuerda que “cada año se van entre 400 y 600 médicos especialistas españoles a ejercer a Europa ―según datos de colegiación―, y sin embargo, las comunidades autónomas en el país están contratando a médicos sin especialidad”.
“Más plazas en Medicina desafía la capacidad de infraestructuras y de docentes para evitar la masificación en los hospitales, porque nosotros en los últimos tres o cuatro años nos formamos en gran parte a través de las prácticas en los hospitales”, reconoce Jurado. En la última convocatoria salieron 8.772 plazas MIR, más que los nuevos graduados, menguando la bolsa de descolgados de convocatorias anteriores. ¿Pero qué ocurrirá cuando dentro de una década las promociones sea mucho más numerosas?
Javier Tello, director general del grupo CEU ―con estudios de Medicina en Madrid y Valencia, pronto en Sevilla e interés en Barcelona― defiende que haya más plazas. “Hay un déficit creciente de médicos y de enfermería. Ya hay hospitales públicos y privados con espacios cerrados por falta de enfermería. Lo cual es una tragedia en un país en el que vamos hacia una mayor atención de la salud y del bienestar y, por tanto, a una mayor demanda de servicios de atención”, explica.
Sin embargo, este crecimiento, si se hace sin planificación como hasta ahora, choca con las necesidades de la ciudadanía, explican en el Consejo de Estudiantes de Medicina, que también se opone a la apertura de nuevas plazas. “No se atiende a necesidades demográficas ni del Sistema Nacional de Salud. Aceptar a más estudiantes sin considerar el impacto que puede tener sobre las facultades públicas o los hospitales universitarios públicos es una medida que, en vez de potenciar la sanidad española, deteriora la formación de las estudiantes de Medicina y daña el derecho a la intimidad de los pacientes”, razona Markel Gamarra, su presidente. “Además, cuando este aumento de plazas se realiza a través de la creación de nuevas facultades de medicina privadas, se tiende a la privatización de nuestro sistema educativo”.
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