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El Gobierno aprobará un plan para garantizar la educación en emergencias como una dana

La caótica respuesta de la Generalitat en Valencia, donde miles de niños y adolescentes pasaron más de un mes sin atención escolar, pone de manifiesto la necesidad de que España prepare su sistema educativo ante escenarios catastróficos

Biblioteca del colegio público Lluis Vives, en Massanasa, en noviembre.
Biblioteca del colegio público Lluis Vives, en Massanasa, en noviembre.Samuel Sánchez
Ignacio Zafra

El Gobierno está preparando un plan para garantizar la continuidad educativa en contextos de emergencia como una pandemia o los efectos de una dana como la que devastó Valencia en octubre. Una previsión que las organizaciones que trabajan en la materia consideran urgente, ya que el avance del calentamiento global, advierten, multiplica el riesgo de que España sufra acontecimientos meteorológicos extremos. El Ministerio de Educación espera poder aprobarlo, tras trabajar en él con las comunidades autónomas, en los primeros meses de 2025, mediante un real decreto u otro tipo de norma. Contar con dicha base legal permitirá que docentes, estudiantes y familias exijan una respuesta rápida y efectiva a sus administraciones educativas ante situaciones catastróficas. Algo que, según el sentir mayoritario de la comunidad educativa valenciana, no ha ocurrido en el caso de la dana.

El Ejecutivo desarrollará lo previsto en la disposición adicional décima de la ley orgánica de Educación, la Lomloe, que establece que el Gobierno “regulará las normas necesarias” para dotar a España de un “plan de contingencia para situaciones de emergencia” que garantice “la continuidad educativa” y “el derecho a la educación del alumnado en cualquier circunstancia”. La disposición adicional menciona algunos de los elementos que deberá incluir el plan: la forma en que se reorganizarán los centros, las vías de comunicación con el alumnado y las familias, la participación de la comunidad educativa durante el periodo de emergencia, el aseguramiento de los medios y conocimientos para que la escuela pueda saltar a la modalidad online, y el modo en que se adaptarán “el currículo” (los contenidos) y “las programaciones didácticas” (el diseño de las clases) para centrar la actividad escolar en las cuestiones esenciales.

La elaboración de la actual ley educativa, aprobada en diciembre de 2020, coincidió con la pandemia del coronavirus, recuerda Alejandro Tiana, que era entonces secretario de Estado de Educación. “Aquello hizo que tomáramos conciencia de que el sistema educativo tenía que prepararse para afrontar no solo un escenario como el de la pandemia, sino las diversas situaciones de disrupción con las que puede encontrarse ―desde un terremoto a la erupción de un volcán o una inundación―, como han hecho otros países”, afirma.

La influencia del periodo pandémico en la redacción de la disposición adicional se aprecia en la forma en que subraya la necesidad de preparar a los centros para la enseñanza online ―un objetivo al que el Gobierno ha destinado en los últimos años 1.400 millones de euros procedentes de los fondos europeos―. Debido a las características de la covid, la enseñanza telemática se impuso entonces como la principal alternativa a las clases presenciales. El plan que elabore el Gobierno debería contemplar, sin embargo, otras herramientas. Por un lado, comenta Tiana, porque ciertos escenarios de emergencia pueden implicar la interrupción de la conexión a internet. Y, por otra parte, porque la docencia online no es idónea para todas las edades ―no es adecuada, por ejemplo, para los más pequeños― ni para todos los perfiles de alumnado, como también mostró la pandemia.

María Civit, especialista en educación de emergencia de la ONG Educo, considera muy importantes otros dos elementos para facilitar la continuidad educativa. El primero es proporcionar a los niños y adolescentes material de estudio no digital diseñado para el trabajo autónomo, como por ejemplo cuadernos, que puede ser, además, compatible con la docencia online. El segundo, tener previstos espacios alternativos donde reanudar la actividad escolar cuando los centros de enseñanza resulten dañados. Las características de los colegios e institutos hacen difícil replicar en lugares distintos el modelo de clase estándar, por lo que la reubicación temporal debe ponerse en relación con la adaptación de los contenidos y el diseño de las sesiones. Los beneficios de ir a la escuela están por encima, en todo caso, apunta Civit, del mantenimiento de la fórmula docente clásica; el hecho de que niños y adolescentes puedan reencontrarse con sus iguales en un entorno seguro supervisado por profesionales de la enseñanza ―algo que miles de estudiantes de los municipios afectados por la dana no pudieron hacer durante más de un mes― ya es de por sí muy positivo.

La atención socioemocional de los chavales tras la situación de emergencia, es otro elemento que debe contemplar el plan, dice Civit, así como formar a profesorado y estudiantes para saber reaccionar ante una, y preparar las infraestructuras educativas para hacerlas más resistentes. “Esto tiene que ver con dónde y cómo se construyen. Y debería tenerse en cuenta a la hora de la reconstrucción de los centros educativos en Valencia”, afirma la responsable de Acción Humanitaria de Educo, una organización que ha trabajado en las últimas semanas en la zona afectada por la dana junto a la Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE), Entreculturas y Save the Children.

Críticas

La gestión escolar de la crisis por parte de la Generalitat ha sido muy criticada por la comunidad educativa valenciana, entre otras cosas por la falta de planificación. “Decir que ha sido desorganizada implicaría un grado de organización al que no se ha llegado”, afirma Rubén Pacheco, presidente de la confederación de familias de la Comunidad Valenciana Gonzalo Anaya. “La respuesta ha sido deficiente, poco empática, y carente de unos objetivos claros”, añade. Este periódico ha intentado sin éxito recabar el punto de vista de la Consejería de Educación.

Una fuente de las organizaciones especializadas en emergencias que han trabajado en Valencia que pide no ser identificada afirma que, en otros países no desarrollados inmersos en situaciones de emergencia por diversos motivos ha observado que las escuelas son con frecuencia reconvertidas como centros logísticos. Y ver que eso mismo sucedía en Valencia, prosigue, le resultó descorazonador. Una reflexión parecida a la que hacen Pacheco y otros miembros de la comunidad educativa valenciana. “En varios de los centros educativos que estaban en condiciones, lo que se hizo fue instalar allí a los efectivos de los cuerpos de emergencia, en vez de que pudieran volver a usarlos los niños y las niñas. Los colegios tienen patios, cierto, pero ¿no se podían utilizar los grandes aparcamientos de empresas que no iban a poder reabrir en meses? ¿O no se podían acondicionar los grandes solares que hay en la zona para acoger esas fuerzas de emergencia?”, pregunta el presidente de la confederación Gonzalo Anaya.

Pacheco añade que después de la dana uno de los mensajes más reiterados por las autoridades fue que había que priorizar: “Cuando ves que la vuelta a las aulas y la atención del alumnado no solo no se produce rápidamente, sino que prácticamente todo lo demás va delante, la conclusión a la que uno llega es que, para ellos, la educación de los niños y las niñas no es prioritaria, lo cual es de una gravedad apabullante”.

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Sobre la firma

Ignacio Zafra
Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.
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