La escuela pública pierde 16.026 profesores en dos años de forma muy desigual según los territorios, calcula CC OO

La escuela pública inició hace dos años el curso con el refuerzo de 33.323 profesores para adaptarse a los protocolos sanitarios diseñados para evitar los contagios de covid. De aquel aumento se han perdido 16.026, según el cálculo presentado este lunes por Comisiones Obreras, que reclama un incremento global de 84.055 docentes para abordar las necesidades prioritarias de la educación pública.

La evolución no ha sido homogénea en todos los territorios. Respecto a la situación previa a la pandemia, en el arranque del curso 2019-2020 (es decir, antes de la incorporación de los 33.323 profesores de refuerzo covid en septiembre de 2020) destacan los aumentos de Andalucía, (4.320 profesores más), Comunidad Valenciana (2.285), Castilla-La Mancha (2.313) y Canarias (1.600), así como los de algunas autonomías pequeñas, como La Rioja (477), Asturias (392) y Navarra (379). Cataluña representa un caso particular: aunque según el cálculo de Comisiones ha iniciado el curso con una plantilla similar a la que tenía antes de la pandemia, en enero incorporará 3.400 profesores por la reducción del horario lectivo aprobada por la Generalitat.

En la situación opuesta se encuentran Murcia, que ha iniciado las clases con 400 profesores menos que en septiembre de 2020, y Madrid que, pese a ser la tercera comunidad más poblada, solo tiene 180 más.

En Galicia hay 395 profesores más, en Castilla y León, 506, en Euskadi, 678, y en Baleares, 210. Cantabria ha vuelto al mismo número de profesores que tenía hace dos cursos, según CC OO, mientras que Extremadura lo ha incrementado en 59 (si se contabiliza a los 300 que prevé incorporar en octubre), y Aragón, en 79. A pesar de tener poblaciones escolares muy pequeñas, Ceuta y Melilla, cuyas plantillas dependen directamente del Ministerio de Educación, han experimentado un aumento de 215 docentes en ambos casos.

Según el cálculo del sindicato, el gran recorte de los refuerzos se produjo a lo largo del curso pasado, con 12.284 profesores menos, mientras que el descenso este año ha sido de 3.742. En los movimientos de las plantillas de los centros públicos intervienen factores que difieren entre comunidades, como el peso de la escuela pública, la variación de alumnado y la expansión de esta última en la Educación Infantil de 0-3 años y la Formación Profesional de grado medio y superior, que son etapas no obligatorias.

Comisiones Obreras reclama a las administraciones educativas no solo que no reduzcan los recursos extraordinarios que desplegaron por la pandemia, sino que los amplíen para aumentar la calidad de la enseñanza, la atención a la diversidad y las condiciones laborales del profesorado. El sindicato pide, en total, un aumento de 84.055 profesores, que desglosa en varios apartados. El que más contrataciones requeriría, 28.111, sería para reducir la carga de los docentes a 23 periodos lectivos semanales en Infantil y Primaria y a 18 en el resto de etapas, que ahora alcanzan, según los lugares, hasta 25 y 20 respectivamente. Los incrementos de plantilla permitirían, al repartirse la jornada entre más docentes, reducir el horario del profesorado a 35 horas semanales totales, en lugar de las 37,5 actuales.

El siguiente capítulo que más docentes adicionales requeriría (23.040) sería la reducción de las ratios utilizando para ello el criterio de que los alumnos con necesidades educativas especiales “cuente doble a efectos de ratio de los grupos ordinarios en los centros públicos”. “No se puede perder de vista que la educación pública asume el 80% del alumnado de estas características a nivel general, pero especialmente del alumnado en desventaja social o de incorporación tardía”, señala el sindicato en su informe.

Más funciones para los mismos profesores

Muy cerca en cantidad de profesores adicionales necesarios, 22.024, se sitúa la creación de un puesto específico en cada centro educativo para actuar como coordinador de bienestar. La nueva figura procede de la ley de protección integral a la infancia, debe ponerse en marcha este curso, y el sindicato la considera urgente para mejorar la convivencia en los centros, reducir los casos de acoso y “fomentar el bienestar psíquico y mental” del alumnado.

CC OO lamenta que buena parte de las comunidades autónomas la está implantado sin reforzar los centros, lo que supone sumarles más funciones a los docentes. Así ha ocurrido en Andalucía, Cantabria, Cataluña, Madrid, Navarra, Euskadi y La Rioja. En Extremadura, Asturias, Canarias y La Rioja se contempla una reducción variable de la carga lectiva del coordinador. En Castilla-La Mancha, Murcia y Baleares dicha reducción solo está prevista en caso de que el instituto tenga disponibilidad de horas para ello. Y la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Aragón y Galicia ni siquiera han aprobado de momento sus normativas.

El sindicato plantea que haya un coordinador de bienestar en todos los centros educativos de enseñanzas de régimen general (desde las escuelas de infantil a los institutos que imparten Formación Profesional) y también en los de enseñanzas de régimen especial (como escuelas de música y danza o de idiomas). Si solo se crearan en los colegios de infantil y primaria y los institutos de secundaria, serían necesarios 14.401.

El resto de contrataciones que reclama Comisiones Obreras corresponden a docentes de apoyo para estudiantes con dificultades específicas de aprendizaje, 18.151, así como para reforzar los servicios de orientación de los centros educativos, 10.026.

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