Las autonomías anuncian la contratación de 25.000 profesores de refuerzo con grandes diferencias regionales

Solo Madrid y Andalucía prevén reducir el número de docentes de apoyo covid: entre ambas comunidades suman 10.000 enseñantes menos. Cuatro territorios aún no han presentado sus planes

Una clase en un colegio público de Valencia el curso pasado.
Una clase en un colegio público de Valencia el curso pasado.Mònica Torres

Las comunidades autónomas prevén, hasta el momento, contratar a 25.191 docentes de refuerzo covid para el curso que está a punto de empezar, según los datos que han proporcionado a EL PAÍS. La cifra aumentará porque cuatro comunidades, Cataluña, Murcia, Aragón y La Rioja, todavía no han anunciado sus planes, que se esperan para los próximos días. El número total se quedará previsiblemente por debajo del que hubo el curso pasado, cuando las contrataciones a lo largo del curso oscilaron entre los 35.000 y los 39.000 docentes de refuerzo.

Ocho territorios prevén mantener un número igual o similar de refuerzos que el año pasado. Se trata de Castilla-La Mancha (3.000 docentes), País Vasco (1.064), Baleares (540) y Navarra (379), además de Castilla y León (1.300), Galicia (1.250), Extremadura (700) y Asturias (392), si bien los cuatro últimos advierten de que las cantidades todavía podrían cambiar algo. Tres territorios han comunicado un aumento de las contrataciones: la Comunidad Valenciana (que incorporará a 5.042 docentes de refuerzo, 668 más que el curso pasado), Canarias (2.674, añade 174) y Cantabria (619, 150 más). En el otro extremo se sitúa Madrid, que ha anunciado que contratará a 2.931 profesores de refuerzo, 7.679 menos que el pasado curso, cuando llegaron a ser 10.610 (si bien una parte de los mismos terminaron su contrato en Navidad). Andalucía, el territorio con mayor población escolar de España, también reducirá los refuerzos, aunque de forma menos drástica: tendrá 5.300, unos 2.400 menos que el curso pasado.

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Los datos mencionados incluyen tanto las contrataciones directas que las Administraciones autonómicas realizarán para sus redes públicas como la incorporación de profesorado de refuerzo en la escuela concertada que las autonomías prevén financiar.

¿Por qué (hasta ahora) 11 comunidades van a mantener o incrementar el número de profesores si el nuevo protocolo higiénico sanitario les permite ampliar el número de alumnos por aula? Fuentes autonómicas afirman, por un lado, que la vuelta a la plena presencialidad en los institutos obligará a hacer desdobles y a habilitar espacios en muchos centros, sobre todo en los antiguos, que tienen aulas donde, pese a la reducción de la distancia mínima interpersonal (de 1,5 metros a 1,2), no cabrá un grupo estándar completo.

Y, además, prosiguen las mismas fuentes, parte del profesorado no se destinará a dividir las clases para cumplir con las ratios máximas, que fue la prioridad el curso pasado, sino a ampliar los programas de refuerzo para paliar el impacto educativo acumulado desde el inicio de la pandemia como consecuencia de los confinamientos y la enseñanza semipresencial. Unos programas que se concretarán en clases de apoyo para el alumnado con dificultades o en la introducción de un segundo profesor en clase para ofrecer una atención más personalizada a los chavales.

Lluvia de dinero

Hace unos meses las comunidades hacían cálculos de contratación más restrictivos. Pero desde primavera, señalan fuentes autonómicas, el Ministerio de Educación y el de Hacienda han abierto el grifo del dinero, gracias en buena medida a los fondos de recuperación europeos. El Gobierno acordó a principios de agosto entregar a las autonomías 13.486 millones de euros –el 70% en septiembre y el resto en noviembre– para hacer frente a la pandemia. En la Conferencia Sectorial de Educación del pasado miércoles se dio la paradoja de que algunos consejeros autonómicos pidieron a la ministra. Pilar Alegría. que el Gobierno limite la capacidad de sus propios Ejecutivos para distribuir los fondos y les imponga que una parte deba ir destinada a educación. La ministra instó a las comunidades a fijar la formación como una prioridad a la hora de repartir el fondo covid, pero parece descartado que el Gobierno establezca un carácter finalista para el dinero.

El año pasado, el Gobierno entregó a las autonomías un fondo covid de 16.000 millones y dijo que 2.000 de ellos debían destinarse a educación. Pero como las autonomías no tenían que justificar su destino, tampoco hubo un control de cómo habían utilizado el dinero.

Además del fondo general covid de 13.486 millones, el Ministerio de Educación ha aprobado en los últimos meses grandes partidas económicas para las autonomías. Se trata de las destinadas a programas de refuerzo y orientación del alumnado (150 millones), Formación Profesional y digitalización del sistema educativo (cerca de 1.000 millones en cada caso), aumento de plazas de educación infantil (200 millones) y ayudas a la compra de libros de texto y materiales didácticos (48,5 millones). Unos fondos que han desahogado los presupuestos educativos y han facilitado que la mayoría mantenga, al menos, los refuerzos.

Impacto desigual

La valoración de la comunidad educativa es muy diferente en función de los planes de sus consejerías. Antoni González Picornell, presidente de la asociación de directores de institutos públicos de la Comunidad Valenciana, está satisfecho. “En nuestro caso los refuerzos se concretaron entre junio y julio. Al diseñar la organización de los centros para el nuevo curso, cada centro dijo cuántos profesores necesitaba para garantizar el 100% de presencialidad, y así ha funcionado”. En el otro lado, Mari Carmen Morillas, presidenta de la federación de familias Giner de los Ríos, de Madrid, lamenta la pérdida del 72% del profesorado de refuerzo en su región. “Está claro que para nuestro Gobierno la educación no es una prioridad. Tristemente, además, no ha habido ningún diálogo con las familias. No nos han convocado a una reunión y ni siquiera han sido capaces de realizar una llamada”.

Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, el sindicato mayoritario en el sector, afirma que las diferencias entre unas comunidades y otras reflejan “la importancia” que cada una da a la educación. Y también critica la decisión del Gobierno y del conjunto de las comunidades de relajar las normas de prevención en los centros educativos, permitiendo un mayor número de alumnos por aula, lo que a su vez se traduce en una menor necesidad de profesorado. “Han enviado un mal mensaje”, dice García, “muy diferente al del curso pasado y parecido a una vuelta a la vieja normalidad. Y es un error porque la variante delta es muy contagiosa, los alumnos mayores de 12 años todavía no están vacunados con pauta completa, y en los menores de 12 no está prevista su vacunación”.

Los pediatras advierten del riesgo de la delta en las aulas

La Asociación Española de Pediatría ha pedido este viernes mantener en el regreso a las aulas las mismas normas de prevención de contagios que el curso pasado, debido a la alta incidencia (más del doble de la que había en mayo, cuando Gobierno y autonomías aprobaron suavizarlas) y la “irrupción de la variante delta, mucho más infecciosa y posiblemente con mayor transmisibilidad que sus predecesoras”.

“Deberemos ser muy cautos y vigilantes porque desconocemos si las medidas que se aplicaron el año pasado seguirán siendo igual de efectivas a la hora de contener la transmisión intraescolar en este nuevo contexto”, advierte la entidad. Los pediatras abogan por mantener en el arranque del curso el mismo número de alumnos por clase que el curso pasado (la nueva norma permite que aumenten principalmente en infantil y en secundaria), así como el resto de medidas de prevención, especialmente el uso de mascarilla en mayores de seis años y la ventilación. “Si las tendencias observadas son parecidas a las del año pasado”, prosiguen, “podrán progresivamente relajarse”.

La asociación añade que la reducción de las ratios de alumnos por clase, la ventilación de los espacios y el traslado de actividades escolares al aire libre son “actuaciones excelentes que aseguran una mejor calidad educativa” y que deberían permanecer en los centros después de que concluya la pandemia.

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Sobre la firma

Ignacio Zafra

Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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