La escuela pública aumentó su plantilla cuatro veces más que la privada en lo que va de pandemia

“Los docentes de la concertada destinaron horas y horas que no les pagaron ni de broma”, afirma un responsable sindical. La pública concentra la mayor parte del alumnado vulnerable, que fue el que más acusó los confinamientos

Una clase de la ESO en un centro público valenciano en mayo.
Una clase de la ESO en un centro público valenciano en mayo.KIKE TABERNER

La plantilla de profesorado de la escuela pública ha crecido cuatro veces más que la de la privada durante la pandemia. El número de docentes de las enseñanzas de régimen general en los centros públicos ha pasado de 517.851 en el curso 2019-2020, cuando la covid cortocircuitó el sistema educativo, a 549.140 en el curso que acaba de terminar, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación. Es decir, 31.289 profesores más, un aumento del 6%. El número de docentes en la enseñanza privada (englobando en ella tanto la escuela concertada como la no subvencionada) aumentó en 2.810 docentes, hasta los 210.044, un 1,4%. En dicho periodo ambas redes educativas perdieron un porcentaje similar de alumnado: un 0,63% la pública y un 0,75% la privada. Esta última, coinciden diversas fuentes del sector, resistió la pandemia sobrecargando a sus docentes. Los expertos señalan, por otra parte, que la escuela pública acoge a la mayor parte del alumnado socioculturalmente desfavorecido, que fue el que más acusó el golpe educativo del coronavirus y el que más refuerzo requiere.

El dato de cómo han evolucionado las plantillas docentes en los últimos cursos requiere matices. Lo que casi nadie discute es que si la pandemia ha puesto en una situación extremadamente difícil a todo el sistema educativo y a todos los docentes, el caso del profesorado de los centros privados, menos protegidos laboralmente que en la pública, fue especialmente duro. Ane, el nombre que elige la maestra de un centro privado concertado vasco para hablar con libertad de aquel periodo, afirma: “Teníamos un seguimiento exhaustivo de todo lo que hacíamos por parte del colegio. Aunque sea una escuela, no deja de ser una empresa, en la que los clientes son los padres. Se nos metió mucha presión [sobre todo en el confinamiento] en el sentido de transmitirnos que si ellos dejaban de pagar porque sentían que no estaban recibiendo lo bastante a cambio, eso también nos iba a afectar a nosotros económicamente”. Aunque la legislación educativa prohíbe el pago de cuotas en la enseñanza concertada, que está subvencionada por el Estado, se trata de una práctica extendida, según abundantes estudios.

Ane recuerda “la sensación de haber trabajado más que nunca”, aunque el hecho de saber manejarse con las nuevas tecnologías, cuenta, le permitió navegar por las aguas de la enseñanza telemática, que la pandemia implantó en su escuela y en muchos otros centros privados de la noche a la mañana (de forma casi literal). Un escenario que los docentes vivieron, además de durante el confinamiento, en los dos cursos siguientes cada vez que su clase era puesta en cuarentena. “Hubo compañeros míos que lo pasaron muy mal. No sabían siquiera hacer un PowerPoint. Encontrarte en una situación en la que tienes que crear todo de cero sin saber siquiera cómo se hace una videollamada grupal en la que además tienes que meter un PowerPoint les resultó muy, muy estresante”.

“En la pública también debió pasar, pero los docentes en la escuela concertada de Baleares, que es la que más conozco”, afirma Jaume Coll, responsable de enseñanza privada en las islas del sindicato UGT, “hicieron un sobresfuerzo enorme, destinando horas y horas que no les han pagado ni de broma, para intentar dar respuesta a la situación sin las herramientas necesarias”. Meritxell Ruiz, secretaria general de Escoles Cristianes de Catalunya, la patronal catalana de centros concertados católicos, añade: “El profesorado ha tenido que hacer un esfuerzo extra, evidentemente. Y lo ha hecho porque, como se ha visto, los resultados no han sido peores”. Ruiz afirma que el déficit de profesores en la concertada venía de antes de la pandemia, y sostiene que ese es el motivo por el que muchos centros concertados cobran cuotas a las familias. Dicho pago se convierte, en todo caso, en una barrera económica para las familias desfavorecidas que explica en buena medida la elevada tasa de segregación escolar que presenta España.

El elemento clave del aumento de profesores en la enseñanza pública en los dos últimos cursos es el cupo de refuerzo covid, en torno a 30.000 docentes, que las comunidades autónomas contrataron con fondos del Gobierno para reducir el número de alumnos por clase y cumplir los protocolos sanitarios, y que algunas comunidades, como Madrid, ya dejaron de hacer el curso pasado.

La concertada también se benefició de los fondos, aunque en grado desigual según las comunidades autónomas. Hay, sin embargo, otros factores en movimiento que han influido en la evolución de las plantillas de profesorado en estos últimos años. Uno es la crisis de las escuelas infantiles privadas como consecuencia del fuerte descenso de la natalidad, la renuencia de muchos padres a matricular a sus hijos en la primera parte de la pandemia, y la expansión de la oferta pública. La enseñanza privada ha perdido 2.000 docentes (un 8,3% del profesorado) desde 2019.

Ha influido también el crecimiento de plazas públicas de Formación Profesional, impulsadas por el Ministerio de Educación y financiadas en parte con fondos europeos. El aumento de plazas públicas (46.277 en los tres últimos cursos) en ciclos de FP de grado medio y superior ha ido en paralelo al crecimiento de plazas privadas de Formación Profesional (39.096). El efecto en términos de empleo no puede determinarse, porque las estadísticas disponibles no hilan tan fino, pero la repercusión debe con toda probabilidad haber sido mayor en la red educativa pública, donde la ratio profesor alumnos es siempre inferior que en la privada en todas las enseñanzas.

El curso pasado, en el conjunto del sistema, por cada docente de la privada hubo 12,9 alumnos, y por cada profesor de la pública, 10,1. La diferencia de ratio entre ambas redes educativas, que se redujo a mínimos históricos durante los años que siguieron a la crisis financiera, fue el curso pasado la mayor desde 2009.

Colegio de la Fundación Educación Católica (FEC) Jesús, en Madrid, en enero.
Colegio de la Fundación Educación Católica (FEC) Jesús, en Madrid, en enero.Víctor Sainz

Mayor necesidad de recursos

El sindicato mayoritario en enseñanza, CC OO, cuestiona el dato de aumento de profesorado en la pública que muestran los datos del Ministerio de Educación que, como recuerda su responsable, Francisco García, son un avance estadístico (los datos consolidados del pasado curso no se publicarán hasta el año que viene). García señala que los datos del Ministerio de Hacienda muestran un descenso de 22.110 nóminas pagadas a docentes en la enseñanza pública entre enero de 2021 y enero de 2022, hasta quedar un total de 530.215.

Fuentes autonómicas apuntan a que el desajuste entre las estadísticas de ambos ministerios, que no es infrecuente, puede ser algo mayor este año debido a la finalización de contratos de refuerzo covid en diciembre de 2021, que sí contaron para la estadística del Ministerio de Educación, porque estaban a principio de curso, en septiembre, pero no aparecen en la foto realizada por el de Hacienda en diciembre. García añade, en todo caso, que ante las dificultades que planteó la pandemia para mantener la docencia, la escuela pública tenía una mayor necesidad de refuerzos al concentrar a la mayor parte del alumnado socialmente vulnerable y con problemas tecnológicos para mantenerse conectados durante los confinamientos.

El aumento de docentes, indica en la misma línea Miquel Àngel Alegre, sociólogo de la Fundació Bofill, resulta especialmente útil en los centros de “mayor complejidad social”, que se concentran muy mayoritariamente en la escuela pública. Para que realmente sea efectiva, prosigue, el incremento de profesorado debe ir acompañado de un plan “estructurado” que incorpore otras medidas, como pueden ser “una mayor tutorización y atención a la diversidad, más trabajo de orientación y con las familias, intervenciones dentro y fuera de los centros, grupos reducidos donde sea necesario y codocencia (dos o más profesores en una misma clase) donde no lo sea”, así como un incremento de autonomía de los centros para decidir cuántos recursos recibe, en qué momento y a qué los destina en función de su contexto social y su proyecto educativo.

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Sobre la firma

Ignacio Zafra

Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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