LEY DE UNIVERSIDADES
Tribuna
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Por un modelo democrático de universidad pública

Un colectivo de profesorado pide al nuevo ministro un cambio de rumbo en la política de educación superior

Estudiantes en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Estudiantes en la Universidad Autónoma de Barcelona.CRISTÓBAL CASTRO

Este pasado verano, el Ministerio de Universidades dio a conocer una primera versión del anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario. La aparición del mismo supuso una profunda decepción para quienes anhelamos una universidad entendida como servicio público orientado hacia el bien común. El primer borrador de esta reforma del sistema universitario introducía una gobernanza más jerárquica y piramidal estableciendo un modelo presidencialista y gerencial que daba más poder a los rectores, cambiaba el sistema de elección y participación recortando la democracia interna, mermaba los derechos estudiantiles y reducía su participación, a la vez que creaba figuras laborales, como los “profesores distinguidos”, que eludían los procesos de selección pública y transparente.

A pesar de las críticas recibidas, provenientes de distintos sectores de la comunidad universitaria, la última versión difundida del anteproyecto de la LOSU seguía manteniendo un enfoque neoliberal. Así lo denunciaba el Frente de Estudiantes, exponiendo que “el diseño del ministro Castells no es el de una universidad orientada al servicio de la mayoría social, sino el de una educación superior sometida a los intereses privados”, donde las empresas privadas ganan influencia en los consejos sociales, la formación dual generalizada se adecúa a las demandas de las empresas de mano de obra barata, garantizando que se reproduzca y consoliden condiciones abusivas de temporalidad, largas alternancias en el paro y contratos precarios.

La LOSU mantiene la doble vía paralela funcionarial y laboral, inédita en otras administraciones; lo cual fomenta la precariedad, la laboralización de las plantillas y la discriminación y las desigualdades entre figuras laborales y los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios. Sorprende que la LOSU siga manteniendo un porcentaje de temporalidad tan alto, el 20%, cuando en otras administraciones públicas el máximo es del 8%.

No parece que las propuestas de reformas impulsadas por el anterior gabinete del exministro Castells abordaran los problemas estructurales reales de las universidades: la persistencia de grupos demasiado numerosos en aulas abarrotadas, a pesar de las promesas del Plan Bolonia; la falta de profesorado estable y de renovación de la plantilla docente universitaria; el incremento exponencial de universidades privadas como negocios que no responden a ninguna necesidad social (desde hace 23 años, desde la Politécnica de Cartagena, no se ha vuelto a crear ninguna universidad pública, mientras se han autorizado 38 universidades-negocios privados).

Por otra parte, esas reformas consolidan el modelo actual de evaluación y acreditación del profesorado universitario, en el que la docencia se infravalora frente a la investigación que, a su vez, prioriza un determinado tipo de conocimiento rentable, basado principalmente en la publicación de artículos en revistas controladas por dos empresas privadas (Clarivate y Elsevier), lo que ha originado un aumento exponencial de publicaciones de tipo productivista y credencialista.

No se solucionaba tampoco el problema de la absurda paradoja de un sistema que mantiene criterios de excelencia productivista para aquellos que se inician en la profesión docente e investigadora mientras que les mantiene en condiciones de precariedad y sin la estabilidad necesaria, formando su identidad académica en una absurda competitividad.

Si a la LOSU le sumamos la Ley de Convivencia del anterior ministro de universidades que, como denuncian los estudiantes, no ha tenido en cuenta sus aportaciones, hace que pierdan representatividad en los órganos de decisión universitarios, abre la puerta a incrementar aún más la privatización y convierte en punible cualquier forma de protesta estudiantil (la interrupción de la actividad lectiva es sancionable), vemos cómo se estaba configurando una universidad que profundiza el modelo neoliberal. Esta propuesta de ley, que se supone iba a derogar el régimen disciplinario universitario franquista, que databa de 1954, realmente elimina cualquier sistema de mediación en caso de conflicto frente a la falta de un alumno o alumna. En ella, de hecho, desaparecía la parte de procesos alternativos al régimen sancionador y suprime todas las funciones de la comisión de convivencia. Parece más bien una ley mordaza 2.0 que estimula la “obediencia debida”. Convirtiéndose en la coraza represiva de la LOSU.

Por eso, desde Uni-Digna —colectivo compuesto por profesorado de diversas ramas de conocimiento de las universidades públicas españolas— le pedimos al nuevo ministro de universidades un cambio de rumbo en la política universitaria. Es hora de que la comunidad universitaria, con el apoyo de la sociedad, defienda y luche para exigir a nuestros representantes electos un modelo democrático de universidad pública al servicio de las necesidades sociales reales y prioritarias y no únicamente de las demandas del mercado. Es necesario profundizar y priorizar la función social de la universidad, no como un espacio de negocio y formación de mano de obra cualificada al servicio del mercado capitalista y neoliberal, ni solo como institución académica de prestigio científico, sino como un bien público y un agente dinamizador para la transformación social.

La universidad tiene que abordar los problemas reales antes citados y caminar hacia la universalización del conocimiento, la democratización de su funcionamiento, el acceso garantizado de toda la población sin discriminación de ningún tipo, la reducción y eliminación progresiva de los negocios-universidades privadas, el compromiso académico y científico para salvaguardar la investigación como servicio público con el fin de mejorar el planeta y la sociedad, rechazando la apropiación privada de recursos públicos, financiando de forma efectiva la I+D pública, con un plan de reducción de la precariedad del empleo en la docencia y la investigación (casi la mitad de sus efectivos con contratos temporales) y de un sistema de acreditación del profesorado universitario que supongan una evaluación más justa y que responda a un modelo de ciencia y docencia para el bien común.

Esperamos que el nuevo ministro y su gabinete den pasos decididos en este sentido y apoyen decididamente otra universidad posible y necesaria para el siglo XXI al servicio del bien común y comprometida con un planeta y una sociedad más justa, más libre y mejor.

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