Andalucía se rebela contra el plan del Gobierno para invertir en escuelas infantiles exclusivamente públicas

La Consejería de Educación andaluza se está planteando si acepta los 123 millones de euros que le concederá el Gobierno central, procedentes de los fondos europeos, para la creación de 12.000 nuevas plazas de cero a tres años en escuelas infantiles dentro de la red pública (la partida contempla 660 millones para la creación de 64.000 nuevas plazas en el conjunto de las autonomías, un 16% más). El departamento que dirige Javier Imbroda (Ciudadanos) se ha negado a participar en un modelo de financiación que no contempla fondos para los centros privados. El argumento esgrimido por la consejería es que no pueden “dejar en la estacada” a las cerca de 15.000 trabajadoras de los 1.423 centros de titularidad privada ―los públicos suman 720―. Dentro de la población de cero a tres años, en Andalucía están matriculados en esta etapa el 48% de los niños (la media en España se sitúa en el 37%).

A diferencia de otras autonomías, Andalucía tiene una única red de escuelas infantiles bajo el paraguas del programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de educación infantil ―dependiente de la Consejería de Educación― con un único precio mensual, tanto para las públicas (titularidad de la Junta, de los ayuntamientos o de las diputaciones) como para las privadas: 340 euros al mes con el servicio de comedor incluido. Las familias pueden solicitar subvenciones y en función de su renta perciben desde el 12% hasta el 100% del importe. De los 92.910 menores matriculados en el curso 2020-2021, el 75% recibió alguna bonificación y el 50% de ellos el 100% de los gastos.

En un acto en Sevilla el pasado sábado, la ministra Pilar Alegría calificó la renuncia de Andalucía, que llegó por carta al ministerio, como una “oportunidad perdida para generar más plazas públicas de calidad y gratuitas”. Y dijo: “Lamento profundamente que den la espalda a tantísimas familias andaluzas”, especialmente “a las que menos recursos tienen”. La consejería andaluza tendrá que aclarar su postura y si finalmente acepta los fondos en la conferencia sectorial que se celebra este jueves, que reúne a los consejeros autonómicos con los responsables del ministerio.

El plan del Gobierno es priorizar la creación de plazas de uno y dos años con el argumento del amplio consenso internacional sobre la importancia de la participación de los niños en esta etapa, uno de los predictores del desempeño académico en el futuro. La escolarización de cero a tres años en barrios de baja extracción social es del 26%, mientras que en los de clase media y media alta es del 64%, puntualizó Alegría.

La viceconsejera de Educación de la Junta, María del Carmen Castillo, explica a este periódico los motivos de la renuncia. “El hecho de destinar esos 123 millones exclusivamente a la pública durante un plazo de tres años, ya sea para la creación de nuevas plazas o para la construcción de nuevos centros, no tiene sentido porque este curso hemos registrado 30.000 plazas vacantes (de ellas, el 46% están en la pública y el 54% en la privada)”.

Por ello, recrimina a la ministra Pilar Alegría que no haya contemplado la “peculiaridad andaluza” y permitido que destinen esos fondos a ampliar las subvenciones de toda la red, ya que de no hacerlo “se estaría marginando a muchas familias a las que no les quedan cerca alguno de los 720 centros públicos”. “Sabemos que el motivo de que muchas familias no matriculen a sus hijos en esta etapa es no contar con la gratuidad total. Necesitamos mejorar las ayudas económicas, plazas ya tenemos”, añade.

La caída de las matrículas en esta etapa educativa también se ha notado en el resto de España. Este curso se matricularon 79.333 alumnos menos, una caída del 17%, según datos del Ministerio de Educación. Patronal y sindicatos calculan que una de cada cinco escuelas infantiles privadas cerró por la pandemia y se perdieron unos 10.000 empleos, casi todos ocupados por mujeres. A las bajas por la covid (por la pérdida de empleo de alguno de los progenitores o el temor a posibles contagios) se sumó la caída de la natalidad del 23% en 2020.

Castillo considera que no incluir en esas ayudas a las privadas supondría un “duro golpe” para las 15.000 trabajadoras de los 1.423 centros de este tipo. “La mayoría son mujeres en autoempleo, el modelo habitual son escuelas pequeñas con tres o cuatro empleadas... A medio plazo supondría dejarlas sin trabajo”. La viceconsejera explica que ese modelo se ha consolidado por el refuerzo que durante décadas le han prestado los gobiernos de diferente signo político. “Nunca se ha apostado por la construcción masiva de centros públicos, sino por la subvención a las familias”. Preguntada por si esta inversión europea podría suponer un punto de inflexión para un trasvase progresivo tanto de alumnos como de maestras hacia las públicas, explica que no existe una fórmula para diseñar una convocatoria pública de empleo para absorber a todas esas trabajadoras. “Entraría en juego el concurso de méritos públicos y no podemos asegurar una plaza para ellas”.

La Federación de Centros de Educación Infantil, que representa a más de 1.500 centros de cero a tres años de toda España, recurrió la semana pasada ante el Parlamento Europeo la decisión del Gobierno de que el reparto de fondos beneficie exclusivamente a los públicos y denunció que supondrá una “importante pérdida de empleos”.

Pese a que el número de centros públicos en toda España (4.456) es similar al de privados (4.495), el ministerio considera clave el fomento de las plazas en la pública porque “en las zonas rurales el sistema público tiene un mayor peso que el privado, debido al retraimiento de la oferta privada”. Esta situación lleva a que este servicio en las áreas rurales “recaiga de forma importante sobre el sistema público”. De momento, la única autonomía que ha comunicado al ministerio su rechazo a los fondos ha sido Andalucía.

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