Sí, ministro

El equipo del ministro Manuel Castells presentó a finales de agosto, ante el Consejo de Ministros, su anteproyecto de ley para las universidades: la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). En este periodo de debate hasta su remisión al Congreso queremos hacer una reflexión sobre ella. Si bien es una ley que busca garantizar la calidad del sistema y la buena gobernanza, entendemos que cede la ordenación académica a las editoriales científicas —multinacionales que sancionan el prestigio y la excelencia— y que mantiene la autonomía universitaria como una empresa con financiación pública y sin rendir cuentas.

Ahora bien, nuestra lectura propone que el principal problema que origina el anteproyecto de ley es que mutila a la comunidad investigadora y académica la capacidad de imaginar un cambio de políticas hacia un mundo más justo. En el texto del anteproyecto se sigue sin admitir, en horas y salario, el trabajo del profesorado asociado en el contexto del Proceso de Bolonia. Se otorga mucho peso a una evaluación individualizada como fin en sí misma y, si se fija en los escalones superiores de la universidad, además de que se llega tarde y mal a los problemas de las mujeres en la carrera académica.

La propuesta de ley se limita a enunciar la reducción del problema de la precarización de la docencia universitaria, ya que el profesorado universitario con contrato temporal, fundamentalmente el PDI asociado, no podrá superar el 20% de la plantilla. Recordemos que el límite establecido por la actual ley está en el 40 % y que, según los datos del Observatorio del Sistema Universitario, la mayoría de universidades superan ese límite, ¿cuál es la responsabilidad pública de las y los gestores y gobernantes universitarios? La desprecarización de la docencia universitaria comienza con el reconocimiento de las horas de dedicación docente al profesorado asociado, su correspondencia en el salario y sigue con el establecimiento de una vinculación laboral estable con las universidades que posibilite, entre otras cuestiones, la participación acreditada en la I+D+i competitiva española.

El acto de mantener la idea de calidad como centro de la evaluación lleva a dotar de más recursos económicos a las agencias de evaluación, a aumentar gastos en generar más estructuras para sostener un sistema deprimido más por la ausencia de criterios adecuados para el reparto de la financiación que por el siempre limitado dinero. Así, la evaluación es una medición permanente que se pone en el centro de la vida científica. El fetichismo de una evaluación que reparte recompensas y castigos individuales en un mercado de prestigio científico regulado por índices de impacto —creados por editoriales privadas e incrustados en el subconsciente colectivo— que estructuran el espacio de producción de conocimiento y que ordenan las vidas dedicadas a la investigación. A partir de la nueva ley, también a la docencia.

La desprecarización de la docencia universitaria comienza con el reconocimiento de las horas de dedicación docente al profesorado asociado

Y de esas vidas dedicadas a la investigación y a la docencia, las más vulnerables se quedan fuera de la carrera académica, no por falta de capacidad, sino por falta de adecuarse a los criterios evaluables. ¿Han revisado los estudios que indican que las mujeres son sistemáticamente peor evaluadas en docencia por el alumnado?, ¿los que indican que las mujeres necesitan publicar más para obtener el mismo reconocimiento?, ¿sus sesgados sexenios de transferencia? Al sistema de I+D+i entran más mujeres que hombres, pero, según se avanza en la carrera científica, la proporción de hombres va superando la proporción de mujeres. El punto donde se cruzan los datos solía darse en las primeras posiciones postdoctorales, los últimos datos de la Comisión de Mujeres y Ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) indican que a las mujeres los problemas para su carrera se les adelantan en el tiempo, pues ya se igualan en la posición de partida, en la predoctoral. La entrada y mantenimiento en los primeros años de la carrera académica e investigadora es el problema material al que ellas se enfrentan, unas dificultades que se naturalizan por la tenencia de criaturas.

La actual universidad es una ontología de negocios disfrazada de servicio público. Es una organización sin semántica, es solo la sintaxis de un sistema sostenido sobre falsas definiciones de profesorado y tensas jerarquías, sobre paradójicos criterios evaluativos y peritajes de la excelencia científica y sobre una academia que es, sencillamente, androcéntrica. Cambien de marco, sean creativos y den alternativas.

Iolanda Torró pertenece a la Asociación Estatal de Profesorado Asociado de las Universidades Públicas

Teresa Samper pertenece a la Plataforma de PDI Asociado de la Universidad de Valencia

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