La ministra Alegría pone en marcha su misión de desactivar el conflicto educativo

La nueva ministra de Educación, Pilar Alegría, tiene la misión de desactivar el conflicto educativo, un área que se ha convertido en escenario de duros enfrentamientos desde la tramitación de la ley de educación, la Lomloe, aprobada en diciembre, debido al rechazo frontal que generó en la derecha y en un amplio sector de la escuela concertada. La dirigente aragonesa puso a prueba su estrategia de buscar vías de entendimiento el miércoles en la Conferencia Sectorial de Educación, en la que se reunió con los responsables educativos de las comunidades autónomas. Y el resultado fue, según fuentes presentes en el encuentro, positivo. La tensión fue menor que en las últimas citas presididas por la anterior ministra, Isabel Celaá, y el ambiente fue bueno. Las materias a tratar (el anteproyecto de ley de Formación Profesional y el reparto de una cascada de fondos, 1.486 millones de euros, procedentes en su mayoría del programa europeo de recuperación) facilitaron las cosas.

La nueva norma de FP carece de la carga ideológica de la Lomloe y no toca los elementos educativos que tienden a generar choques políticos en España, como el equilibrio entre la red pública y la concertada, las clases de religión o las reglas para pasar de curso. Y cuenta, además, con el apoyo de la patronal (el miércoles, tras la conferencia sectorial, Alegría se reunió con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi) y los sindicatos. Nadie espera, por ello, un enfrentamiento comparable al que se vivió con la llamada ley Celaá. La ministra presentó la norma de FP a las comunidades como una oportunidad para alcanzar un gran pacto. Les dijo a los consejeros que su despacho está abierto para ellos y les transmitió su intención de visitar las autonomías con regularidad.

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El tono de las comunidades del PP, que en otras conferencias sectoriales fue muy crítico, resultó también más conciliador, según varias fuentes. Aunque Madrid y Galicia aprovecharon sus intervenciones para criticar el proyecto de decreto de evaluación y titulación, redactado en la etapa de la anterior ministra, un asunto que no figuraba en el orden del día. El proyecto de decreto deja en manos de los equipos docentes la decisión sobre si un alumno pasa de curso en función de lo que consideren que será más beneficioso para su trayectoria académica, sin estar limitados de forma automática por el número de asignaturas suspendidas. El objetivo del texto es rebajar la tasa de repetición, que en España casi triplica la media de los países desarrollados, y que, según la OCDE, resulta una herramienta ineficaz para reducir el fracaso educativo y es muy cara para el sistema.

La ministra está en proceso de ponerse al día en los diferentes frentes que tiene abiertos el ministerio (hasta su nombramiento, hace poco más de una semana, era delegada del Gobierno en Aragón, con competencias muy diferentes, si bien de 2015 a 2019 fue consejera de Innovación, Investigación y Universidad en el Gobierno de Aragón y estudió la carrera de Magisterio, entre otras actividades relacionadas con el mundo educativo). Pero respondió a los consejeros de Madrid y Galicia que el proyecto de decreto de evaluación ha sido enviado al Consejo Escolar del Estado y al Consejo de Estado, y que a la vista de los dictámenes que reciba algunos puntos podrían cambiar, explicaron fuentes que asistieron a la reunión.

Pese a apostar por el diálogo y la búsqueda del consenso, Alegría es consciente de la dificultad de sacar la educación del enfrentamiento político, aseguran fuentes cercanas a la nueva ministra. En cómo se desarrollen los acontecimientos en lo que queda de legislatura, prosiguen, influirá la actitud política general, no solo en el ámbito educativo, que adopte la oposición, y principalmente el PP. El recorrido que tiene por delante Alegría parece, en todo caso, más favorable que el que tuvo Celaá.

Relevo

La exministra vasca, relevada en el gran vuelco que el presidente Pedro Sánchez dio al Gobierno a principios de julio, aprobó una ley educativa en un contexto de gran complejidad en el Congreso, coordinó la respuesta educativa a la pandemia y ha dejado preparado el anteproyecto de la nueva ley de FP. El coste en términos de desgaste público y, según su entorno, personal que ha sufrido ha sido al mismo tiempo muy elevado.

La nueva ley de educación y las normas que la desarrollan, que todavía están elaborándose (como el nuevo currículo: qué se aprende en la escuela y cómo se evalúa), buscan corregir varios de los grandes problemas estructurales del sistema educativo español, como el reparto muy desigual del alumnado con dificultades entre las redes pública y concertada. Y avanzar hacia un modelo de enseñanza más basado en que los alumnos sepan aplicar los conocimientos, y no tanto en repetir contenidos, en línea con lo que están haciendo la mayoría de países desarrollados. España cerró el pasado curso como uno de los miembros de la OCDE donde los alumnos perdieron menos clases como consecuencia de la pandemia. Y el anteproyecto de ley de FP ha recibido muchos más aplausos que críticas. Pero ello no ha impedido que Celaá haya terminado con una imagen deteriorada, como reflejó el miércoles el CIS, y convertida en uno de los blancos predilectos de la derecha.

Al resultado no han sido ajenas las condiciones en las que se dio luz verde a la Lomloe. El texto aprobado es distinto al que Celaá mandó al Congreso respecto al tratamiento del castellano (si bien de forma más simbólica que efectiva) y es también un grado más federalizante debido a que salió adelante gracias al apoyo de partidos como Esquerra y el PNV. Por ejemplo, se da más margen a las comunidades autónomas a la hora de aplicar o no las novedades que la ley introduce, como las herramientas para acabar con las escuelas gueto o el grado de autonomía que tendrán los centros educativos para fijar lo que se enseña.

Lluvia de millones para digitalizar las aulas

Además de mostrar un talante proclive al entendimiento (que se vio amplificado por el formato del encuentro: fue la primera conferencia sectorial presencial en un año), la nueva ministra de Educación se estrenó en las reuniones con las comunidades autónomas con una lluvia de millones para repartir: 1.486, de los que 1.398 proceden del fondo de recuperación europeo.

La principal partida, de 989 millones, se destinará a digitalizar el sistema educativo mediante la adaptación de las aulas, la compra de dispositivos portátiles y la formación de profesorado. Otros 118 millones se invertirán en el programa de refuerzo escolar PROA+; 48 millones, a la compra de libros de texto y materiales didácticos, y 30 más a la creación de “unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar del alumnado educativamente vulnerable”, detalló el ministerio.

El Gobierno transferirá a las comunidades otros 300 millones para cuestiones relacionadas con la Formación Profesional: la acreditación por parte de los trabajadores de sus competencias profesionales (115 millones), implantación de ciclos formativos bilingües (93 millones) y creación de nuevas plazas de FP (73 millones), entre otras materias.

Alegría propuso a las comunidades celebrar a finales de agosto una nueva sesión conjunta de la Conferencia Sectorial de Educación y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para decidir si hay que modificar el protocolo sanitario para la escuela aprobado en mayo a la vista de la evolución de la pandemia.