Isabel Celaá, la ministra de Educación que puso coto a la concertada

El entorno más cercano de la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá (Bilbao, 1949) ―que el próximo lunes será sustituida en el cargo por Pilar Alegría, actual delegada del Gobierno en Aragón―, coincide en que aún no se quería marchar. “Han sido unos años duros de mucho trabajo, especialmente el último”, pero su ilusión era dejar aprobada la nueva ley de formación profesional, su “gran empeño personal”, destacan. Celaá deja la cartera con la octava ley de educación de la democracia aprobada, la Lomloe, y con el anteproyecto de la nueva normativa de FP aprobado en Consejo de Ministros y a las puertas de iniciar su tramitación parlamentaria.

Celaá, catedrática de instituto de Lengua y Literatura Inglesa, aceptó dirigir el ministerio tras una vasta experiencia política en el ámbito educativo. En 1987 aterrizó en la Consejería de Educación del País Vasco y entre 1991 y 1995 fue la mano derecha del consejero Fernando Buesa. Entre 2009 y 2012 se convirtió en la titular del departamento con el lehendakari Patxi López. Aceptó liderar el ministerio ―durante el año y medio que duró el primer Gobierno de Sánchez lo compatibilizó con la portavocía― cuando ya estaba jubilada para cumplir con el compromiso del PSOE de derrocar la Lomce, la ley que aprobó el PP en 2016 con la oposición de todos los partidos políticos. Lo consiguió el pasado noviembre después de unos meses convulsos de fuertes choques con los partidos de la derecha, que la acusaron de acabar con la libertad de elección de centro de las familias.

Celaá ha puesto coto a la concertada contemplando en la nueva ley medidas para mejorar la distribución del alumnado vulnerable entre la escuela pública y la concertada (la pública acoge al 79% de los estudiantes inmigrantes y a 9 de cada 10 chavales de los hogares con menor renta). En uno de los puntos, la nueva normativa establece que las actividades extraescolares de pago (que muchas concertadas emplean para financiarse) no podrán ofertarse en horario escolar, así como la creación en las diferentes autonomías de oficinas de garantías para la matriculación de alumnos para reducir la capacidad de maniobra de los centros a la hora de elegir el perfil de los alumnos. Además, los Ayuntamientos no podrán ceder suelo para construir centros educativos que no sean públicos.

“España es un país con poca segregación urbanística y mucha segregación escolar (la separación de los estudiantes en diferentes centros en función de la renta de su familia); el 80% no se da en barrios marginales sino en barrios mixtos, por eso es vital que la Administración intervenga para corregir esos desequilibrios”, defendía Ismael Palacín, director de la Fundación Jaume Bofill y uno de los investigadores de referencia en equidad educativa.

Bajo su mandato tampoco se ha logrado el deseado pacto de Estado por la educación, pero Celaá sí consiguió el apoyo de los nacionalistas catalanes para sacar adelante su ley a cambio de ceder en otros puntos, como la eliminación de la referencia al castellano como “lengua vehicular” en todo el Estado, un término que introdujo por primera vez el PP en la Lomce. Sus años de gestión serán también recordados como los de mayor inversión en becas, con una subida del 22,6% en el presupuesto, hasta alcanzar los 1.900 millones de euros, el mayor incremento de los últimos 11 años y el segundo mayor del presente siglo.

Pese a la promesa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de universalizar la educación gratuita en la etapa de cero a tres años, el mandato de Celaá termina con la creación de solo 65.382 nuevas plazas para el periodo 2021-2023, un total de 6,7 millones de euros procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE. De los 1,2 millones de niños entre cero y dos años, el 59% no están escolarizados en España.

Con las bases del nuevo currículo escolar sobre la mesa, que dan un giro a la forma de enseñar reduciendo los contenidos e introduciendo una metodología más basada en el razonamiento y menos en la memorización, a Celaá le ha faltado culminar lo que sí consiguió en el País Vasco, donde vio triunfar un modelo de FP basado en la colaboración entre Administración y empresas. Eso sí, su obsesión por dignificar esa salida profesional y ponerla de moda entre los jóvenes empieza a dar frutos: el alumnado de FP ha crecido casi un 20% desde 2018.

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