El Gobierno quiere universalizar la educación de cero a tres años, pero que paguen los Ayuntamientos

"Tenemos mucha demanda, la clave es el precio que cobramos y por eso muchas familias quieren venir". El alcalde de Vigo, Abel Caballero, no tiene miedo de reconocer que su ayuntamiento no ofrece plazas suficientes para escolarizar a los niños de cero a tres años. Su ciudad, con 292.817 habitantes, tiene ocho escuelas infantiles municipales, un total de 620 plazas, a un precio máximo de 124 euros al mes. Se queja de que los gastos de gestión de esas escuelas deberían estar cubiertos por el Gobierno autonómico -que es quien tiene la competencia educativa-, pero esa "dejación de funciones" la asumen los consistorios. "Eso es lo grave", lamenta.

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El Ayuntamiento de Vigo destina cada año 1,4 millones de euros al mantenimiento y los gastos de personal de esas ocho escuelas públicas. De las tasas que pagan las familias, ingresan 248.000 euros anuales. "Hacemos un esfuerzo para que la mitad de los niños no paguen nada", apunta Caballero, que además es el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias.

La escolarización temprana, de los cero a los seis años, es, según organizaciones internacionales como la OCDE, recomendable por los efectos en el rendimiento escolar futuro, especialmente en los niños de familias desfavorecidas. La tasa de escolarización en España es del 37,9%, con grandes diferencias entre comunidades.

La dificultad para sostener y ampliar la red de escuelas municipales es común a muchos ayuntamientos españoles. Para dar respuesta a ese problema, el Gobierno anunció hace unas semanas un acuerdo con Podemos para incluir en los presupuestos de 2019 una partida de 330 millones de euros para mejorar las escuelas, lo que Sánchez calificó como el comienzo de la estrategia para universalizar el cero a tres.

Pero de esos 330 millones anunciados, el Gobierno solo aportará 30 para repartir entre los más de 430 ayuntamientos de España endeudados. Los otros 300 saldrán de los presupuestos de cada consistorio, ya que la medida permite a los ayuntamientos con superávit destinar fondos a la construcción de nuevas escuelas o a la mejora de las ya existentes. En la actualidad, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada por el PP en 2012, lo impide.

"Está bien que nos dejen invertir, pero lo importante no es lo que cuesta construir las escuelas, sino mantenerlas. Necesitamos dinero para el funcionamiento", apunta Caballero, que considera positivo el plan del Gobierno para la construcción. El Ayuntamiento de Santa Brígida, el municipio con mayor renta per cápita de Gran Canaria, es uno de los 436 endeudados que, de aprobarse los Presupuestos, se beneficiaría de parte de los 30 millones del Gobierno. Con una población de 18.295 habitantes, tiene una sola escuela infantil municipal, con 50 plazas.

"No pueden dejar a los ayuntamientos abandonados, el mantenimiento de las escuelas es muy complicado", se queja Melquíades Álvarez, concejal de Educación. Hace cuatro años, el Cabildo les retiró la subvención para las escuelas de cero a tres. Desde entonces, cobran una tasa de 200 euros a las familias. "Nos cuesta unos 200.000 euros al año. Lo que necesitamos no es que nos den dinero para construir escuelas, sino que nos ayuden a pagar los gastos y el personal", reclama. 

"Ese plan para universalizar el cero a tres es un brindis al sol, los ayuntamientos que tenemos una situación económica complicada necesitamos otro tipo de ayuda", explica José Manuel Zarzoso, concejal de Educación del consistorio de Parla, el de mayor población dentro de los endeudados, con 125.898 habitantes. La única escuela que tienen, con 150 plazas, les cuesta 300.000 euros al año. 

Muchas familias deciden matricular a sus hijos por una cuestión de socialización. Nacho Aguayo, padre soltero de 36 años, que cuenta con la ayuda de sus padres jubilados, decidió llevar a su hijo a los dos años a una escuela en Madrid. "Noté que necesitaba interactuar con otros niños y ahora me arrepiento de no haberle llevado antes. Ha experimentado un cambio en su expresión y ahora es más independiente". Madrid es la segunda comunidad, por detrás del País Vasco (52%), con la tasa de escolarización más alta entre los niños de cero a tres (un 48,8%) y tiene 56 escuelas públicas, a las que destina 35 millones de euros al año y por las que ingresa 8 millones de las cuotas de las familias, que varían en función de la renta. En 2019 inaugurará 13 escuelas nuevas que les han costado 26, 2 millones, unos dos millones por centro.

Una de las diferencias entre la red pública y la privada en Madrid es la "pareja educativa", dos educadores por aula, maestra o técnica superior de FP -la gran mayoría de educadoras son mujeres-. "Lo que más valoramos a la hora de adjudicar las escuelas municipales a las empresas que las gestionan es la calidad del proyecto educativo", comenta Paloma Catalina, directora general de Educación del Ayuntamiento de Madrid.

"A diferencia de las privadas, aquí no usamos tronas ni mesas con asientos encajados. Ahora damos la comida en el regazo, de uno en uno", cuenta Marta Lucas, directora de escuela pública madrileña San Antón. El proyecto educativo fomenta el movimiento libre de los niños. "Estudiamos su momento evolutivo: en el aula de dos a tres disponen de zonas de escondite porque a veces necesitan desaparecer para contener una emoción. Ya no paralizamos el aula para que todos hagan lo mismo", detalla. 

"Hay que tener mucho cuidado con la universalización del cero a tres, si no se hace progresivamente y con cautela puede acabar en una concertación masiva. Es importante invertir en esta etapa para asegurar el acceso de los alumnos al sistema público", opina María Luz Martínez, portavoz del PSOE en el Congreso. En su opinión, hay "una dispersión tremenda" en las 17 comunidades, ya que en algunas se hacen cargo los ayuntamientos, en otras las comunidades o incluso fundaciones. 

En 2008, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero lanzó el Plan Educa 3, que preveía crear 300.000 plazas de cero a tres con una partida de 1.087 millones de euros hasta 2012. Llegaron los recortes y el programa se eliminó cuando solo se habían puesto en marcha 71.000. Era un plan de cooperación territorial, en el que el Gobierno financiaba el 50% y las autonomías la otra mitad. "Valoramos positivamente la voluntad del Gobierno, pero esos 300 millones serían más efectivos si se destinasen a un plan de cooperación territorial, se podrían sumar a los recursos que ya destinamos cada comunidad", apunta Vicent Marzà, conseller de Educación de la Generalitat Valenciana. Este curso hay 44.302 niños escolarizados en ese tramo de edad, 6.050 que en el último curso del anterior gobierno del PP. 

En el puzzle de la gestión de las escuelas, el caso del País Vasco, con una tasa de escolarización del 52% -la número uno de España-, es diferente a los demás. El Gobierno autonómico sí financia el mantenimiento de la totalidad de centros municipales de cero a tres. En Bilbao, un total de 14 escuelas, con 619 plazas. El Ayuntamiento cubre los gastos de construcción: una media de medio millón de euros por cada una de ellas.