El examen de las pensiones tendrá el escrutinio de la Comisión Europea

Las pensiones afrontan una semana decisiva bajo el ojo atento de la Comisión Europea. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ultima su informe sobre las medidas de ingresos del sistema, cuya publicación está prevista para el próximo 31 de marzo. Se trata de una evaluación que impuso Bruselas porque desconfiaba de la reforma que aprobó el entonces titular de la Seguridad Social, José Luis Escrivá. Así que obligó a que cada tres años se revisen las proyecciones de gastos e ingresos y que, si surge una desviación, se tengan que tomar medidas correctoras.

Para los gastos se toma el informe de envejecimiento que elabora la Comisión. Para los ingresos, la Autoridad Fiscal hace una evaluación de los impactos. Ya se ha publicado el de gastos. Y sobre los ingresos hizo un estudio preliminar la Airef. Al juntar ambos, el resultado es que habría que compensar un desfase de unos 12.000 millones con el PIB actual, un 0,8% del PIB, teniendo en cuenta la primera de las dos revisiones al alza del PIB que ha hecho el INE. Pero el Gobierno recurrió a una estrategia que no esperaba la Comisión: como adelantó EL PAÍS, incluyó como nuevos ingresos las transferencias que inyecta el Estado a la Seguridad Social. Lo hizo en el real decreto en el que desarrolla cómo debe hacer la Autoridad Fiscal el examen. De esta forma, al computar cerca de 20.000 millones en transferencias, la evaluación no arrojaría un ajuste.

El Gobierno evitaría dar una imagen de insuficiencia del sistema y no tendría que abordar una subida de cotizaciones adicional que podría afectar al empleo. La legislación dice que en el caso de encontrar un desfase presupuestario se tendrán que tomar medidas. Si no se llegara a un acuerdo parlamentario sobre ellas, se activaría una subida automática de las cotizaciones a lo largo de un lustro, a razón de un quinto del agujero hallado cada año. Dado el escenario político, lo más probable es que se acabara activando este incremento de cuotas.

Pero el escrutinio de Bruselas va a suponer una estación más que tendrá que superar este examen. Según fuentes conocedoras, hace unas semanas, los equipos de la Comisión visitaron Madrid y discutieron, entre otros temas, la evaluación de las pensiones. Recordaron al Gobierno que meter las transferencias no fue lo acordado cuando se pactó la reforma, la cual formaba parte de los compromisos adquiridos para obtener fondos europeos. El Ejecutivo español alegó que el artículo 109 de la ley de Seguridad Social contempla las transferencias como ingresos. En cambio, los técnicos europeos defendieron que cuando se habla de ingresos estos son cotizaciones o impuestos, pero no transferencias de una parte a otra del Estado. A su juicio, esto no persigue la sostenibilidad de las cuentas, sino que traslada el problema a otro lado de las Administraciones.

Otro inconveniente es que este examen de las pensiones era parte del plan fiscal que España envió a Bruselas. Se esperaba que la evaluación brindara ese ajuste del 0,8% del PIB, lo que ayudó a que se diera el visto bueno al plan presupuestario a medio plazo que se presentó en octubre. De hecho, la Comisión ya había puesto antes pie en pared, forzando medidas adicionales por valor de 4.500 millones, entre ellas la subida del impuesto al diésel, que se recogió como un requisito de la reforma fiscal comprometida para el quinto pago de fondos europeos.

La posición oficial de la Comisión es que está esperando al informe de la Autoridad Fiscal y que ya lo valorará cuando se aborde el pago de fondos europeos. La evaluación del quinto desembolso se ha retrasado al 11 de abril. Aun así, España ya cobró por la reforma de las pensiones en el cuarto desembolso, que alcanzó casi 10.000 millones de euros. Estaba entre los hitos que se dieron por cumplimentados. Pero dependiendo del resultado del examen de la Airef, la Comisión tendrá que ver si se está infringiendo el hito que se había dado por cerrado y que tenía como objetivo “garantizar la sostenibilidad financiera”. En el caso de considerarse incumplido, se podría llegar incluso a retener, con carácter retroactivo, fondos del plan de recuperación. El propio Tribunal de Cuentas Europeo está insistiendo mucho en que todas las reformas e inversiones estén perfectamente cumplimentadas. Y esta alteración del examen con las transferencias podría representar un problema.

Un documento clave es el informe sobre la sostenibilidad de las pensiones que elaboró Escrivá cuando era ministro de la Seguridad Social. Este análisis era un hito que se cumplió para obtener fondos europeos y que tenía que justificar que la reforma de las pensiones había contribuido a la sostenibilidad financiera. Ahí se hacía un cálculo de las medidas de ingresos adoptadas, pero no se incluían las transferencias. Es más, explicaba por qué no lo hacía: en un anexo indicaba que, incluso con la reforma del PP, había un déficit permanente del entorno del 1,5% del PIB. “Ante estos datos negativos, el aumento de la participación del Estado se hacía necesaria para corregir el desequilibrio al menos a corto plazo”, decía. Y señalaba que las transferencias aprobadas buscaban poder afrontar en buenas condiciones los desafíos a medio y largo plazo. Y lo mismo se establecía en el hito 406 ya cumplimentado de los fondos europeos, que decía que las transferencias servían para “reducir el déficit de la Seguridad Social y transferirlo a la Administración central”. De hecho, como parte de ese hito, los presupuestos de 2021 ya incluyeron “un primer y significativo paso en esa dirección”, con casi 14.000 millones.

Es decir, ya se habían utilizado las transferencias para tener un déficit menor, del 0,6% del PIB registrado en 2022, y que precisamente es el punto de partida del examen sobre las pensiones, que analiza el período comprendido entre 2022 y 2050. Como explica Miguel Ángel García, profesor de la URJC e investigador de Fedea, con las actualizaciones del PIB, el gasto va a crecer en ese periodo en 2,2 puntos del PIB en promedio y en 3,8 puntos en 2050. Y bajo la hipótesis de que los ingresos aumentaran como se requiere en el examen, en 1,7 puntos en promedio y 2,4 en 2050, habría siempre un déficit que llegaría al 2% del PIB en 2050. Si además se consideraran las transferencias como nuevos ingresos, por valor del 1,3% del PIB y que ya estaban contabilizados en las cuentas de 2022, entonces el déficit sería superior al 3% del PIB. De ahí que los expertos consultados hablen de doble contabilización, porque ya estaban computados cuando se fijó la evaluación. Y por eso las reticencias de Bruselas, que en todos sus informes sobre España llama la atención sobre los problemas que sufre de equidad intergeneracional.

Mientras tanto, la Autoridad Fiscal se ve entre la espada y la pared. Por un lado, la regulación del Gobierno le obliga a usar las transferencias como ingresos nuevos. Pero, por otro, sabe que está en juego su reputación como organismo independiente. Tendrá que estudiar las transferencias para analizar cuáles son permanentes y vinculantes. Y al margen de esta evaluación publicará a la vez una opinión sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas ante el envejecimiento. Ahí explicará que el objetivo establecido por el examen de Bruselas de ceñirse a un gasto en pensiones, una vez restadas las medidas de ingresos, del 13,3% del PIB no significa de por sí que el sistema de pensiones sea sostenible, y dará su valoración, sin las transferencias, sobre el tamaño del reto al que se enfrenta la sociedad española.