El presidente del BBVA defiende ante el juez que el banco está “colaborando” en el ‘caso Villarejo’

El actual presidente del BBVA, Carlos Torres, ha negado este lunes en la Audiencia Nacional que tuviera cualquier relación con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, al que el banco contrató durante más de una década y al que pagó más de 10 millones de euros por presuntos proyectos de espionaje. Citado como testigo por el juez Manuel García-Castellón, el máximo responsable de la entidad financiera ha afirmado que no supo de la existencia del comisario hasta “junio-julio de 2018” —más de medio año después de su arresto, en noviembre de 2017— y que desconocía que la compañía había contratado sus servicios. “No lo conocía de nada antes. No sabía que había contrataciones con ese proveedor”, ha insistido Torres, según varias fuentes jurídicas presentes en la declaración, a lo largo de la que ha defendido también la actuación del BBVA durante la instrucción judicial.

“Yo, como presidente, y el consejo marcamos en 2019 una instrucción muy clara de colaboración total con la justicia. Aparece en todas las actas. Y considero que así ha sido. El banco ha aportado todo lo que se ha ido descubriendo en la investigación”, ha afirmado Torres, después de que se le haya preguntado sobre una supuesta “falta de colaboración”. La Fiscalía Anticorrupción ha atribuido a la entidad financiera una serie de retrasos en la investigación judicial por haber aportado “información parcial y sesgada”, entregado correos electrónicos “incompletos” y dificultado “cada intento de recabar las pruebas”. El presidente del BBVA ha negado esa tesis este martes.

Durante más de dos horas, apoyado únicamente por los apuntes de una libreta que ha depositado sobre la mesa y que ha usado para tomar notas, Torres ha mantenido así la línea que ha marcado desde que accediera en enero de 2019 a la presidencia de la entidad financiera. Según ha repetido, hasta que estalló el escándalo, nunca supo nada de las irregularidades, pese a que ostentó importantes cargos mientras se pagó al comisario por esos encargos. “No hay ninguna posibilidad de que yo pueda tener responsabilidad por estos asuntos”, dijo ya en 2020.

Torres accedió a la presidencia del BBVA en enero de 2019, pero antes había ocupado el puesto de consejero delegado desde 2015 —además, desde 2008 había ostentado otros cargos directivos—. Una circunstancia que, según varias fuentes jurídicas, la Fiscalía Anticorrupción ha puesto sobre la mesa para preguntarle si, durante todo ese tiempo, no recibió ningún tipo de noticia o información sobre los vínculos del banco con Villarejo o con Cenyt, su grupo de empresas. “No tuve ningún conocimiento”, ha dicho Torres: “No supe nada hasta mediados de 2018”.

Las preguntas de la acusación se han dirigido igualmente al papel de Torres como presidente de un comité dedicado a supervisar el “cumplimiento normativo” dentro de la propia compañía. La Fiscalía y el juez mantienen bajo sospecha a la entidad financiera, imputada como persona jurídica, e indagan sobre los mecanismos existentes dentro del BBVA para evitar irregularidades, así como sobre la actuación de la empresa tras abrir unas pesquisas internas en 2018. El ministerio público quiere saber si alguien informó en algún momento de la contratación de Cenyt en ese órgano que encabezaba: “Que yo recuerde, no”, ha contestado el dirigente de la entidad.

Según fuentes jurídicas, Torres se ha centrado en detallar cómo evolucionó la investigación abierta en el BBVA, una vez saltó la noticia de que habían tenido relación con Villarejo. El presidente ha dicho que, en una primera fase, se encargó el recopilar documentación sobre las contrataciones, que se expusieron en un encuentro de ese comité celebrado en octubre. “Ahí, ya era evidente que se habían cometido irregulares: por un lado, había una falta de documentación; y por otro, una falta de seguimiento de los procesos [contratados]”, ha asegurado Torres. Según ha añadido, al publicarse que esos proyectos de espionaje habrían incluido la obtención de información confidencial —como datos telefónicos—, se decidió entonces hacer una investigación “más profunda” y dedicar “más recursos”. En enero de 2019, además, “se decide externalizar la investigación” para conseguir mayor “independencia”, ha apostillado, según estas fuentes.

Torres, que ha declarado por primera vez en el caso, se ha mostrado tranquilo, según diversas fuentes, y ha esquivado algunas preguntas de la Fiscalía con la excusa de que se le estaban pidiendo “opiniones” y no su conocimiento de hechos concretos. El máximo responsable del BBVA ha optado por ese recurso, por ejemplo, cuando Anticorrupción le ha insistido sobre si altos directos actuaron conforme al código de conducta de la entidad. “Si personal de la alta dirección tenía conocimiento de Cenyt, [el grupo de empresas de Villarejo con el que había contratado el banco], y hubiera visto las noticias en 2015 [que salieron sobre las supuestas irregularidades del comisario], considera que lo hubiera tenido que reportar?”, le ha inquirido el representante del ministerio público. “Eso es una opinión”, se ha escudado Torres, que antes ya había afirmado: “Entiendo que yo vengo a declarar sobre hechos, no a dar opiniones”.

—¿Y usted alguna vez incumplió el código ético del banco? —se ha lanzado incluso el fiscal en ese momento.

—Espero que no —ha respondido el directivo.

Relación con Francisco González

Hace dos semanas, al conocerse la citación de Torres como testigo, este afirmó: “Dado que el juez la ha considerado pertinente, por supuesto que acudiré con total normalidad”. Sin embargo, este lunes, la abogada del BBVA ha sido la primera en tomar la palabra para tratar de delimitar las preguntas que se le pudieran hacer al presidente. A la defensiva, la entidad ha alegado que, a su entender, no se le podían plantear a Torres cuestiones que deban ir “dirigidas” al banco “como persona jurídica” o sobre aspectos que no haya conocido como testigo, sino por el reporte de subordinados: “Él no puede responderlas. Aquí, él no representa a BBVA, sino que está declarando como persona física”, ha añadido la letrada antes de que, ya a preguntas de la Fiscalía, el alto directivo comenzase a narrar su desembarco en la compañía: “Mi primer día de trabajo fue el día que quebró Lehman Brothers”, ha recordado.

—¿Qué relación tenía con Francisco González, [expresidente del BBVA e imputado en la causa]? En 2008, ¿tuvo algo que ver con su incorporación al banco? —ha arrancado el representante de Anticorrupción, según detallan varias fuentes jurídicas.

—Pasé por un proceso de entrevistas. Tuve entrevistas con Ángel Cano y otros directivos; y también tuve una entrevista con Francisco González.

—¿Pero con él tenía relación de antes?

—Habíamos coincidido en una boda.

—¿Y sabía como funcionaba la estructura del grupo? ¿Si era muy presidencialista?

—Nada que yo recuerde, hace mucho tiempo.

El camino hacia Torres

La citación de Torres no ha sido casual. Primero, García-Castellón puso bajo sospecha toda una batería de contratos de la entidad financiera con Villarejo, sellados entre 2004 y 2017, por los que el policía percibió 10,3 millones de euros. Después, el juez comenzó a indagar sobre los “mecanismos de control corporativo” del BBVA, con el objetivo de “determinar” si la compañía tendría alguna “responsabilidad penal” como persona jurídica. Finalmente, en esa línea, el magistrado ha colocado la lupa sobre cómo actuó el banco tras estallar el escándalo y, especialmente, a raíz de las pesquisas internas que abrió en 2018: “Resulta de especial importancia en el presente procedimiento”.

Para ello, el pasado julio, llamó a declarar a María Jesús Arribas, directora de los servicios jurídicos de la entidad. Sin embargo, esta se negó a responder al juez. Citada como testigo, aseguró que se encontraba amparada por el deber de secreto profesional, como abogada del banco en ejercicio. Así que, ante tal actitud, García-Castellón apuntó más arriba: “No habiendo sido posible recabar declaración de Arribas, quien era la persona que reportaba al comité [de Assurance Corporative] lo que se iba realizando en la entidad, [...] resulta preciso interesar la citación como testigo de Torres, a fin de poder delimitar la existencia de una verdadera cultura de cumplimiento normativo en la entidad que pudiera eximir de responsabilidad penal a la misma”, escribió el instructor en una resolución.

Antes, la Fiscalía Anticorrupción ya había abierto la puerta para adentrarse en ese escenario, al apuntar el “alto grado de conocimiento” que podía tener Torres sobre lo ocurrido en el seno del banco tras estallar el escándalo. Según la acusación, Torres participó en 2018, junto a otros directivos, en la reunión que impulsó la investigación interna sobre Villarejo. Y segundo, una vez en la cúpula del banco, el consejo de administración celebrado el 30 de julio de 2019 acordó que él y Arribas designaran a la persona que debía representar a la empresa ante el juez, después de la Audiencia Nacional la imputase como persona jurídica solo un día antes. Una tesis que el juez García-Castellón recogió el pasado 2 de octubre al llamar a declarar a Torres, cuando se incidió también en que el máximo directivo preside el comité de Assurance Corporative de la entidad financiera, órgano “designado [como] responsable de la responsabilidad penal de la persona jurídica”.

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