El juez no encuentra “sentido” a parte de la versión auto exculpatoria de Gónzalez en el ‘caso Villarejo-BBVA’

Francisco González, expresidente del BBVA, ha acudido este viernes a la Audiencia Nacional a declarar por segunda vez como imputado por los trabajos que, durante años, hizo el comisario jubilado José Manuel Villarejo para la entidad financiera. Lo ha hecho a petición propia y con una estrategia muy clara: descargar en sus subordinados toda la responsabilidad de aquella contratación, por la que el banco abonó 10,3 millones de euros, en línea con lo que ya había hecho en su primera comparecencia ante el juez, en septiembre de 2019. Sin embargo, González se ha enfrentado con un interrogatorio muy minucioso de la Fiscalía Anticorrupción y con varias preguntas del magistrado Manuel García-Castellón, con las que han cuestionado parte de su testimonio auto exculpatorio, según han coincidido en señalar a EL PAÍS varios de los asistentes a la declaración.

El instructor García-Castellón se ha mostrado especialmente incisivo cuando ha tomado la palabra, y ha llegado a afirmar que no encontraba “sentido” a parte de la versión de Francisco González sobre su proceder ante el intento, a finales de 2004, de la constructora Sacyr de hacerse con el control del banco. Porque, en un momento del interrogatorio, el expresidente ha rebajado la importancia de aquella operación, que ha llegado a calificar como “nimia”, a pesar de que antes había reconocido que, cuando se produjo, ocupó toda su “agenda”. Además, el grupo de empresas de Villarejo, Cenyt, llegó a elaborar varios informes sobre el tema para el BBVA. Y, según ha admitido el propio González, dos de ellos acabaron en su mesa.

“Eran dos notas, de una o dos hojas, que no decían nada”, ha detallado González, que ha añadido que no sabía que los había confeccionado una agencia de detectives (”parecían resúmenes hechos dentro del banco”, “sin ninguna referencia a tráficos de llamadas ni a ninguna cuestión que pudiese ser ilegal”), por lo que desconocía que estaba detrás Villarejo. Ha sido en ese momento cuando García-Castellón le ha preguntado por qué, si el contenido de esas notas era irrelevante y una “porquería”, no ordenó poner fin a la relación, ya que estaban pagando cantidades “importantes”. “¿Qué sentido tiene que, cuando le presentan los dos informes, no diga: ‘¡Me están tomando el pelo!?”, le ha espetado el magistrado.

La respuesta de González ha pasado, de nuevo, por descargar la responsabilidad en sus subordinados. En concreto, en el jefe de Seguridad, Julio Corrochano, y el superior de este, el exconsejero Ángel Cano —de este ha dicho que fue quien le entregó las notas de Cenyt—. Corrochano y Cano señalaron al expresidente como responsable de la contratación cuando declararon a finales del año pasado. “Villarejo quiere vender su producto, que es humo, y alguien en el banco lo acepta”, se ha escudado también el expresidente del BBVA

—¿Lo acepta usted? —le ha apretado el juez.

—No —ha respondido González, que ha hecho hincapié en que él no fue quien decidió la contratación, que atribuye a Corrochano.

Casi tres horas de interrogatorio

La Fiscalía también ha cuestionado parte de las respuestas de González. En un interrogatorio que ha durado casi tres horas, el representante del ministerio público ha incidido en multitud de detalles de los distintos trabajos realizados por Villarejo para el BBVA que se encuentran bajo sospecha. La insistencia de Anticorrupción ha llegado al punto de mostrarle facturas, correos electrónicos y recortes de prensa que cuestionan su versión. Pero el antiguo responsable del banco ha reiterado que sus subordinados nunca le informaron de que Villarejo estaba detrás de Cenyt, cuya existencia dice que no conoció hasta 2018. También ha recalcado que nunca supo que la agencia de detectives que contrataron estaba ligada a un policía en activo, y se ha atribuido la iniciativa de poner en marcha una investigación interna cuando saltó el escándalo.

Sin embargo, Anticorrupción ha puesto en duda parte de estas justificaciones, al considerar poco creíble que la información obtenida ilegalmente por Villarejo no ascendiera por la cadena de mando del BBVA. Según ha expuesto el fiscal en su interrogatorio, Cenyt “cumplió con los objetivos” y obtuvo datos confidenciales de las víctimas. “[La trama] consigue toda esa información, se la guarda, ¿y no les dice nada? ¿Eso es lo que ustedes dicen?”, ha planteado el ministerio público, que ha recordado también que, en los audios intervenidos al comisario se escucha a Corrochano afirmar que había que “hacer bien el tema de Sacyr” porque “quiere quedar bien con quien le nombró”.

En su declaración, Francisco González ha asegurado que no conoció la contratación de Villarejo hasta mayo de 2018 y que ni siquiera estaba al tanto de las actividades desarrolladas por Cenyt durante el tiempo que estuvo al frente del BBVA. El expresidente del banco, sin embargo, ha reconocido que él, ante los dos candidatos que le presentaron para ser jefes de seguridad, trasmitió que le gustaba más Corrochano. Pero le ha restado importancia a ello y ha matizado que esa era solo su recomendación. Después ha intervenido su abogado Jesús Santos, que lidera el equipo de tres letrados que ha contratado del reconocido bufete internacional Baker Mckenzie, para procurar que su cliente restara credibilidad a los audios de Villarejo. Así, a preguntas de su defensa, el expresidente del BBVA ha afirmado que no reconoce “la veracidad” de esas grabaciones: “No está asegurada la identidad [de quienes intervienen], ni la integridad. Hay frases a medias. Es un batiburrillo de información. Los propios autores de los audios niegan su contenido y esos audios están llenos de mentiras”.

El banquero, imputado por cohecho y revelación de secretos, ha continuado en la misma línea: “Es impresionante cómo se puede fabricar tantas cosas en esos audios”, ha dicho. Además, ha recalcado que él no participaba en las conversaciones que recogen esos archivos, y ha remachado: “No hay ningún indicio de que yo conociera que la compañía de detectives se llamara Cenyt, ni de que yo diera instrucciones de que se investigara la vida personal de estas personas, ni que supiera que esta empresa hacía cosas ilegales”.

Aunque González ha dedicado buena parte de su comparecencia a descargar la responsabilidad de la contratación del comisario en tres subordinados ―además de a Corrochano y Cano, ha señalado al exdirectivo Antonio Béjar, al que ha acusado de mentir―, también ha aprovechado para lanzar una pulla contra el BBVA, que está imputado en la causa como persona jurídica. El expresidente ha acusado a la entidad de su situación judicial por afirmar en un escrito que envió a la Audiencia Nacional en julio de 2019, al poco de iniciarse la investigación del caso Villarejo, que había sido el expresidente el que había propiciado la contratación de Cenyt en la investigación sobre Ausbanc. “Ha habido un error de origen que se ha arrastrado y ha motivado mi imputación”, ha afirmado. El representante del banco rectificó en una declaración posterior. “Habría sido un acto gravísimo del banco, ya que nunca conocí esa contratación”, ha manifestado González, según fuentes jurídicas

Espionaje a periodistas

En un momento del interrogatorio, el abogado de González le ha preguntado por una información que El PAIS y Expansión manejaban en exclusiva en junio de 2016 sobre el futuro cambio en la cúpula del banco que dejaría a Carlos Torres, actual presidente, como número dos del BBVA frente a otros directivos que quedaban relegados. La policía descubrió que los móviles de los periodistas que investigaron esta información, Íñigo de Barrón y Jorge Zuloaga, así como el de un tercero, José Antonio Navas, fueron supuestamente pinchados por Cenyt para conocer los números de teléfono desde los que recibían llamadas o a los que las realizaban.

González ha declarado que sí recordaba la información, que era “privada y sensible para el banco”, pero que no “perjudicaba la imagen del BBVA porque noticias como esa aparecían con frecuencia”. “¿Fue informado de que se iba a investigar a estos periodistas para saber cuál era la fuente de información que tenían en el banco?”, ha preguntado el abogado. “En absoluto”, ha sido la respuesta del expresidente.

—¿Alguna vez usted, como presidente del BBVA, estuvo sometido a una auditoría interna de las órdenes que daba, de las gestiones que hacía? —se ha lanzado también el fiscal durante el interrogatorio.

—Toda mi actuación estaba supervisada. Primero, por el consejo de administración, por una comisión concreta, que era la comisión de auditoría —ha contestado González.

—¿Esa comisión estaba formada por personas a las que usted podía nombrar y cesar?

—No, yo podía proponer, no nombrar.

—¿Recuerda alguna propuesta de nombramiento que no fuera aceptada?

—Cuando se propone un nombramiento, se habla antes con todos los consejeros. Por lo que, cuando se llega a un consejo, en todas las entidades del mundo, no recuerdo un caso en el que a un presidente le rechazaran una propuesta.

La investigación sobre los encargos de la entidad financiera al comisario —en la que están imputadas una veintena de personas, entre ellas el propio Villarejo, Francisco González y el BBVA como persona jurídica— se realiza dentro de una de las más de 30 piezas abiertas por el juez en macrosumario abierto por las actividades presuntamente delictivas del policía. Las pesquisas han revelado que la relación entre el banco y Villarejo arrancó en 2004, cuando la constructora Sacyr trató de hacerse con el control del grupo bancario. Este vínculo se mantuvo, al menos, hasta 2018. En ese tiempo, el BBVA hizo un total de 18 encargos al comisario. Para realizar estos trabajos de espionaje, el policía jubilado accedió de manera presuntamente ilegal a “una ingente cantidad de datos personales” de las bases de datos policiales, según destacan informes incorporados al sumario.