Francisco González pide volver a declarar como imputado en el ‘caso Villarejo’

Francisco González, expresidente del BBVA, ha movido ficha en el caso Villarejo. El exdirectivo del banco ha solicitado al juez Manuel García-Castellón que le llame de nuevo a declarar en este macrosumario de corrupción policial y empresarial, donde permanece imputado desde 2019 por cohecho y revelación de secretos. Así consta en un escrito que su defensa ha enviado al magistrado este mismo viernes, donde insiste en su “fuerte compromiso de colaboración con la justicia”. Según la investigación, la entidad financiera contrató al comisario jubilado durante más de una década y le pagó más de 10 millones de euros por sus servicios, que incluyen presuntos proyectos de espionaje.

González, uno de los banqueros más poderosos del país durante décadas, ya fue interrogado por el juez en noviembre de 2019. Entonces, el expresidente del BBVA se desmarcó de Villarejo y atribuyó cualquier responsabilidad a sus subordinados. Según explicó a García-Castellón, él no supo hasta 2018 que el banco había contratado a Cenyt, el grupo empresarial encabezado por el comisario. Además, añadió que nunca conoció al policía o a su entorno, y que por su mesa no pasaban las contrataciones de proveedores. En este caso, según remachó, fue su jefe de Seguridad, Julio Corrochano, quien se hizo con los servicios del agente de la Policía Nacional, epicentro de la trama.

Pero, según alega la defensa de González, en aquel momento la causa se encontraba secreta. Y, por ello, el ex alto directivo del Ibex 35 quiere volver a comparecer, una vez que ha tenido acceso a toda la instrucción. Una estrategia que ya ha seguido Juan Asúa, asesor principal del actual presidente del BBVA, Carlos Torres. Asúa —que se negó a declarar en 2019 cuando el sumario estaba secreto, a diferencia de González, que sí respondió al juez y a la Fiscalía— regresó a la Audiencia el pasado mayo y se desmarcó de todos los trabajos que Villarejo hizo para el banco.

El expresidente del BBVA también ha solicitado al juez que incorpore a la instrucción los formularios del modelo 347 de Cenyt desde 2004 a 2017. Según la defensa, esta iniciativa es “idónea, necesaria y proporcional”, ya que “acredita” que el grupo empresarial de Villarejo “tenía una actividad económica real en el mercado con un nutrido número de clientes”. A su vez, la defensa de González ha pedido ampliar otros seis meses más la investigación para practicar las pruebas que quedan pendientes, como la incorporación de correos electrónicos.

El juez García-Castellón investiga en esta pieza separada 9 del caso Tándem, el macrosumario abierto para investigar las actividades presuntamente ilegales de Villarejo, los trabajos realizados por el comisario para el BBVA entre los años 2004 y 2017. Las pesquisas han revelado hasta 18 encargos, algunos sin mediar contrato por escrito, por los que el comisario se embolsó 10,3 millones de euros. Para realizarlos, Villarejo accedió a “una ingente cantidad de datos personales” de las bases de datos policiales, según destacan informes incorporados a la causa. Una veintena de personas se encuentran imputadas.