El juez rastrea el destino final de 10,3 millones que el BBVA pagó a Villarejo

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha dado un nuevo impulso a la investigación sobre el dinero que el BBVA pagó al comisario jubilado José Manuel Villarejo con una providencia en la que reclama abundante información a una decena de entidades financiera. Se trata de los bancos, entre ellos el propio BBVA, en los que estaban abiertas 31 cuentas a nombre de 22 sociedades ligadas al policía, en prisión desde noviembre de 2017, y a las que este transfirió millonarias cantidades de dinero durante cerca de 14 años. El magistrado del caso Villarejo, que atiende así a una petición de la Fiscalía Anticorrupción del pasado 13 de marzo, pretende conocer el destino final de ese dinero, buena parte del cual corresponde a los pagos que recibió de la entidad presidida entonces por Francisco González por los trabajos ahora bajo investigación judicial.

La decisión del juez, fechada el 13 de abril aunque conocida este jueves, se produce después de que la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional remitiera a finales de febrero un informe sobre los movimientos de la cuenta abierta por Villarejo en el BBVA a nombre de la empresa Club Exclusivo de Negocios y Transacciones SL (Cenyt), epicentro de su trama societaria y a través de la cual cobró los trabajos presuntamente ilegales que hacía para la entidad financiera. El policía nunca figuró como titular o autorizado, aunque sí aparecían su socio, el abogado Rafael Redondo; su mujer, Gemma Isabel Alcalá; y uno de sus hijos, José Manuel Villarejo Gil, todos ellos imputados en distintas piezas separadas de la causa. Mientras estuvo abierto, el depósito recibió fondos por cerca de 31 millones de euros, de los que cerca de 10,3 millones correspondían a pagos efectuados por el BBVA. Incluso después de la detención del policía, la cuenta siguió recibiendo fondos procedentes de la entidad financiera. En total, 242.000 euros repartidos en cuatro entregas de 60.500 euros.

El documento policial también analizaba las salidas de fondos desde la misma cuenta en un trasiego continuo que, en algunos momentos, la deja prácticamente a cero pese a los ingresos millonarios. En este caso, los investigadores agrupaban el destino de ese dinero en tres bloques diferentes. En primer lugar, las transferencias hechas a otras mercantiles para el pago de facturas por servicios prestados al entramado societario de Villarejo. En segundo, los gastos de “mantenimiento de la estructura societaria” del policía, entre ellos el pago del arrendamiento de los inmuebles que ocupaban sus empresas y las nóminas de los empleados, incluida su esposa. Y, finalmente, un tercer bloque de traspasos “a empresas directamente vinculadas a Villarejo entre los que se incluyen traspasos a la propia Cenyt o a mercantiles bajo titularidad de aquel o con especial vinculación con el mismo”, en referencia a sociedades de su socio Rafael Redondo y del empresario Juan Carlos Escribano, presunto testaferro del comisario jubilado.

El juez quiere conocer ahora cuál fue el destino final del dinero enviado a estas últimas cuentas, que recibieron traspasos desde el depósito de Villarejo del BBVA que iban desde los 2,6 millones que recibió la propia Cenyt a los 5.000 euros transferidos a una empresa llamada Lextor. En total, 22 sociedades del entramado del policía recibieron fondos desde esta cuenta. El juez pide ahora abundante información sobre esas 31 cuentas, incluida la relación completa de movimientos de las mismas “desde la fecha de apertura hasta la actualidad”, aunque ya hayan sido canceladas. También reclama a las entidades que le informen sobre cualquier otro producto bancario (incluidos créditos, préstamos o hipotecas) o cajas de seguridad de las que estas 22 empresas hubieran sido titulares, así como la identidad de las personas que figurasen como autorizadas en las mismas. El magistrado da en su providencia a las entidades un plazo de siete días para cumplimentar el requerimiento de información.