El asesor del presidente del BBVA asegura que desconoce todo sobre los trabajos de Villarejo
Juan Asúa evita señalar durante su declaración como imputado al actual máximo responsable de la entidad, Carlos Torres, y a su antecesor, Francisco González
Juan Asúa, asesor principal del actual presidente del BBVA, Carlos Torres, se ha desmarcado este miércoles en la Audiencia Nacional de todos los trabajos que el comisario jubilado José Manuel Villarejo hizo durante años para el banco, según confirman a EL PAÍS fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio. Asúa, que declaraba como imputado, también ha asegurado que solo tuvo un conocimiento “superficial” de la investigación interna que abrió el BBVA tras estallar el escándalo y que concluyó en un informe forensic incorporado en la causa, pese a que él se encargó de gestionar con el despacho de abogados Garrigues la encomienda a la consultora PwC. Durante su declaración, el directivo del banco ha evitado señalar en todo momento al actual máximo responsable de la entidad y a su antecesor, Francisco González, este último imputado en la causa.
La de este miércoles era la segunda vez que Asúa acudía a declarar en la pieza del caso Villarejo en la que se investigan los vínculos del policía con la entidad financiera desde 2004 y durante 13 años. En la primera, en noviembre de 2019, cuando la causa estaba aún declarada secreta, el directivo del banco se acogió a su derecho a no declarar. Ahora sí ha respondido a las preguntas, pero solo a las que le han planteado la Fiscalía Anticorrupción y su letrado defensor. Su declaración había generado expectativas tanto por su cargo actual ―es el asesor principal del presidente Torres―, como por los puestos que ocupó en BBVA durante los años objeto de la investigación. Entre 2007 y 2012 fue el responsable de la división de España de la entidad y, por tanto, por encima del departamento de riesgos que en aquellos años encargó a Cenyt, el epicentro societario de la trama de Villarejo, descubrir el patrimonio de clientes morosos.
Sin embargo, Asúa ha insistido este miércoles una y otra vez que él nunca supo nada de los trabajos que el comisario jubilado hizo para la entidad, y por los que este se embolsó 10,3 millones de euros. En el caso de las investigaciones sobre clientes morosos, y para los que presuntamente Villarejo obtuvo datos confidenciales de bases de datos policiales, el directivo ha insistido que esa no era su competencia y que no estaba informado. Cuando el fiscal le ha mostrado una serie de correos electrónicos sobre encargos similares del banco a otras agencias como Kroll en los que él figuraba como uno de los destinatarios, el asesor de Torres ha esgrimido que él puede recibir al día más de un centenar de mensajes en los que figura ‘en copia’, y que en la mayoría de los casos no les presta atención y ni tan siquiera los abre para leer su contenido.
Sobre su papel en la gestión del informe interno que el banco encargó tras estallar, en mayo de 2018, el escándalo al publicarse las primeras facturas que desvelaban que la entidad financiera había pagado a la red de empresas de Villarejo cientos de miles de euros, el directivo ha vuelto a marcar distancias. El informe, que fue entregado en la Audiencia Nacional en noviembre pasado, concluía que al menos 11 directivos —entre los que no estaba Asúa— participaron en la firma de los contratos, la validación de los servicios y los pagos a las empresas de Villarejo. El asesor de Torres también se ha desvinculado de las investigaciones que el comisario hizo sobre Ausbanc y su presidente, Luis Pineda, o del supuesto pago irregular de donativos, aguinaldos y cestas de Navidad a miembros de las fuerzas de seguridad del Estado e instituciones oficiales. El directivo ha afirmado que nunca conoció ninguno de estos hechos.
Tras Asúa, ha declarado, en este caso como testigo, Arturo Sáenz de Buruaga, exdirectivo del BBVA que formaba parte del equipo que valoraba los bienes de los clientes morosos. Su comparecencia se ha producido a propuesta Antonio Béjar, imputado en la causa y responsable del Área de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias entre los años 2010 y 2013. Béjar había declarado que el banco contrató a la empresa de Villarejo para localizar propiedades de deudores del banco. Durante su testimonio, Sáenz de Buruaga ha afirmado que creía recordar que tuvieron que rebajar el valor que los informes del policía adjudicaban a los bienes que localizaba porque este era habitualmente muy superior al real. El exdirectivo añadió que, posiblemente, esto se producía porque Cenyt cobraba un porcentaje del valor de las propiedades que ayudaba a intervenir, por lo que a mayor importe mayor beneficio para él. Sáenz de Buruaga también admitió haber tenido un encuentro con el socio de Villarejo, el abogado Rafael Redondo, pero dijo que fue “rápido”.
La investigación sobre los encargos de la entidad financiera al comisario —en la que están imputadas una veintena de personas, entre ellas el propio Villarejo, Francisco González y el BBVA como persona jurídica— se realiza dentro de una de las piezas abiertas por el juez en macrosumario abierto por las actividades presuntamente delictivas del policía. Las pesquisas han revelado, hasta ahora, un total de 18 encargos del BBVA al comisario. Para realizarlos, Villarejo accedió de manera presuntamente ilegal a “una ingente cantidad de datos personales” de las bases de datos policiales, según destacan informes incorporados a la causa.
El magistrado acordó el pasado enero prorrogar la investigación hasta el próximo 29 de julio para tomar las declaraciones que faltaban y practicar otras diligencias pendientes, de las que “pudiera derivarse la realización de nuevas diligencias”. Este jueves está previsto que declaren ante el magistrado otras tres personas, dos de ellas como imputados. Se trata de Nazario Campo, jefe de grupo del equipo de Seguridad del BBVA, e Ignacio Pérez Caballero, entonces director del Área de Riesgos del banco. Ambos figuran entre los 11 directivos y exdirectivos de la entidad señalados en el informe interno elaborados por el banco como participantes en la firma de los contratos con Villarejo. La tercera declaración será de una testigo, Alejandra Fernández-Chico, empleada de Cenyt e hija de un antiguo alto mando policial ya fallecido.
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