La Fiscalía acumula testimonios sobre el supuesto trato de favor como cliente del BBVA a Villarejo

La Fiscalía Anticorrupción está centrando buena parte del último tramo de la investigación sobre los trabajos del comisario José Manuel Villarejo para el BBVA en la cuenta que figuraba abierta a nombre de la empresa Cenyt, epicentro de la trama societaria del policía, en una sucursal de Madrid de esta entidad. Su objetivo: comprobar si el banco dio trato preferente a este depósito como una prueba más del “grado de conocimiento” que BBVA y sus directivos tenían de la vinculación de la mercantil que les prestaba los servicios con el cabecilla de la trama y su condición de policía en activo.

La posible imputación de un delito de cohecho activo al banco depende, precisamente, de esta última circunstancia, ya que las pesquisas han revelado que Villarejo accedió de manera presuntamente ilegal a “una ingente cantidad de datos personales” de las bases de datos policiales. Tras tomar declaración como testigo a dos empleados del BBVA este lunes, el juez Manuel García-Castellón ha continuado este martes con otros dos. Está previsto que hasta el próximo viernes lo hagan, al menos, dos más.

El foco de Anticorrupción es la cuenta que Villarejo abrió, en diciembre de 2004 ―solo unos días después de que su empresa fuera contratada por primera vez por el BBVA― en la sucursal que el banco tiene en el número 23 de la madrileña calle de Orense, muy cerca de Torre Picasso, donde el policía tenía las oficinas de su trama societaria. Esta era la cuenta en la que la propia entidad financiera y otros clientes abonaban al comisario por sus trabajos y que están bajo sospecha por supuestas irregularidades. Un informe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional, incorporado al sumario a comienzos de 2020, destacaba que desde su apertura hasta el arresto de Villarejo, en noviembre de 2017, este depósito recibió cerca de 31 millones de euros. De esta cantidad, un tercio correspondía a pagos efectuados por el BBVA, repartidos en 52 pagos.

Titular o autorizado

El policía nunca figuró en la cuenta como titular o autorizado, aunque sí aparecían su socio, el abogado Rafael Redondo; su mujer, Gemma Alcalá; y uno de sus hijos, José Manuel Villarejo Gil, todos ellos imputados en distintas piezas separadas de la causa. Cuando la cuenta fue embargada judicialmente en enero de 2018, tenía un saldo de 574.810,28 euros. El pasado noviembre, César Béjar, un empleado del banco, ya declaró como testigo ―y, por tanto, obligado a decir verdad― sobre esta cuenta al haber elaborado un informe interno en 2011. La causa de su elaboración fue la demanda judicial que Cenyt había presentado contra el banco al considerar que la entidad le había engañado con uno de los productos financieros contratados.

En aquel informe, el trabajador recogió que el entonces jefe de Seguridad del BBVA, el antiguo comisario Julio Corrochano, imputado en la causa, medió para que Villarejo y dos responsables de la sucursal mantuvieran una primera reunión, a la que siguieron otras posteriores con el socio del policía, para formalizar una cuenta de crédito con garantía hipotecaria por un millón de euros. Este fue el origen de la demanda posterior de Cenyt. El informe del trabajador terminaba dando la razón a la empresa de Villarejo en su reclamación, lo que Anticorrupción considera un indicio más de ese supuesto trato de favor.

A esta primera declaración siguieron este lunes las de otros dos empleados del BBVA, Juan José Lucena y Francisco Javier Sala. El primero fue durante parte de los años en los que la cuenta estuvo abierta el director de la sucursal de Madrid. El segundo, el director de zona del banco a la que estaba adscrita esta oficina. El juez García-Castellón pretendía que ambos aclararan diversos aspectos sobre la apertura y funcionamiento de esta cuenta, aunque sus testimonios fueron pocos reveladores, ya que ambos aseguraron no recordar los detalles dado el tiempo transcurrido, señalan fuentes jurídicas. Lucena afirmó que no conoció Villarejo y que las cuentas que, como la del comisario, tenían elevados saldos y movimientos, tenían que ser aprobadas por su superior, el jefe de zona, en este caso el segundo testigo. Este, por su parte, señaló que la orden de autorizar este tipo de cuentas podía venir de varias áreas de la entidad, pero que en el caso de la del comisario no recordaba quién la dio.

Este martes ha sido el turno de Fernando Fernández-Bermejo, director de zona del BBVA en el barrio de Madrid donde estaba la sucursal entre 2010 y 2012, y Cristina de Parias, que era su inmediata superiora en la estructura del banco. El primero ha asegurado que no recibió ninguna llamada de los servicios centrales de la entidad para que acudiera a la sede de Cenyt o acompañara a algún cliente a un encuentro con el director de la sucursal. Fernández-Bermejo, que también se ha escudado en varias ocasiones en el tiempo transcurrido para responder que no recordaba ciertos detalles, ha añadido que no era habitual que un informe del banco diera la razón a un cliente ante una reclamación, como sí pasó con la sociedad de Villarejo, señalan fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio.

La segunda testigo también ha alegado que no recordaba los detalles de aquella cuenta. En su caso la Fiscalía le ha preguntado si, antes de acudir a la Audiencia Nacional, había tenido algún encuentro con los abogados del BBVA. La trabajadora ha admitido que recibió una llamada del banco para que acudiera al bufete que defiende a la entidad, aunque ha asegurado que en ese encuentro no recibió indicaciones sobre su testimonio, sino que simplemente se le explicó cómo era el procedimiento judicial al que había sido citada. El encuentro de testigos con abogados de la causa no está prohibido, pero despierta recelos en las otras partes del procedimiento.