El juez prorroga seis meses la investigación sobre los encargos del BBVA a Villarejo

Seis meses más. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha acordado prorrogar hasta el próximo 29 de julio la investigación sobre los trabajos presuntamente ilegales que el comisario jubilado José Manuel Villarejo hizo para el BBVA y que debía concluir el próximo sábado, según un auto al que ha tenido acceso EL PAÍS. El magistrado argumenta su decisión en que aún hay que tomar declaración a 14 personas, entre testigos e investigados, además de practicar otras diligencias pendientes, de las que, añade, “pudiera derivarse la realización de nuevas diligencias”.

La prórroga de las pesquisas había sido solicitada por la Fiscalía Anticorrupción y algunos de los principales acusados, entre ellos el expresidente de la entidad Francisco González. Se había opuesto el BBVA. El magistrado ya acordó el pasado jueves prorrogar también medio año la investigación de otra de las piezas de la macrocausa contra el comisario que afecta a una gran empresa, la iniciada por los encargos hechos al policía por parte de Iberdrola.

En la resolución judicial, García-Castellón recuerda que tiene acordadas para las próximas semanas la declaración como testigos de seis personas y que aún está pendiente que la consultora PwC conteste a un requerimiento judicial realizado el pasado 4 de enero para que aclarara algunos puntos del informe que le encargó el BBVA sobre la contratación del comisario y que fue incorporado a la causa el pasado noviembre. Aquel documento concluía que al menos 11 directivos participaron en la firma de los contratos, la validación de los servicios y los pagos a la sociedad Cenyt, epicentro de la trama empresarial del presunto cabecilla de la red parapolicial. El juez recalca que dado el “volumen y trascendencia” de estas diligencias y la posibilidad de que de ellas se derive “la realización de nuevas diligencias, resulta oportuno acordar la prórroga”.

El magistrado también destaca que ocho directivos del BBVA que fueron imputados y que cuando comparecieron por primera vez a declarar ante el juez se acogieron a su derecho a no contestar con el argumento de que la causa estaba entonces secreta, han solicitado en las últimas semanas por escrito que les cite para poder dar su versión sobre los hechos. Entre ellos están Eduardo Arbizu, responsable del área de Regulación y Control Interno del BBVA hasta julio de 2019, cuando fue cesado precisamente por su supuesta implicación en el encargo hecho al comisario de investigar a Asociación de Usuarios de Banca (Ausbanc) y su presidente, Luis Pineda; Manuel Castro Aladro, exdirector de Riesgos del Grupo BBVA, y Javier Malagón, antiguo director de fianzas.

A todo ello se suma, además, que varios investigados han presentado escritos en los últimos días en los que solicitan la práctica de nuevas diligencias sobre las que el juez aún no se ha pronunciado, y que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional debe pronunciarse sobre otras que fueron rechazadas en primera instancia por el magistrado y los que las propusieron han recurrido. “Por todo ello [...] ―añade García Castellón― se reputa necesario, conforme a lo interesado por el fiscal, la prórroga de la presente causa”. No obstante, la decisión aún no es firme y puede ser recurrido por las partes.

La prórroga supone un varapalo para el BBVA, imputado en la causa como persona jurídica, que había solicitado concluir la instrucción de la causa. En su escrito, la entidad financiera había rechazado extender las pesquisas con un escrito en el que afirmaba que, desde que el pasado julio, se acordara la anterior prórroga, todas las pruebas practicadas habían “resultados inútiles” y no habían aportado “ningún dato nuevo” a la causa. En aquel escrito, el BBVA calificaba la investigación como “muy extensa” e insistía en que en otras piezas del mismo sumario se había investigado “en mucho menos tiempo aún refiriéndose a hechos muy similares”.

Las pesquisas sobre los encargos de la entidad financiera al comisario —en la que están imputadas una veintena de personas— forman la pieza número 9 del llamado caso Tándem, el macrosumario abierto por las actividades presuntamente delictivas del policía. Las pesquisas han revelado, hasta ahora, un total de 18 encargos del BBVA al comisario entre 2004 y 2017 por los que este se embolsó un total de 10,3 millones de euros. Para realizarlos, Villarejo accedió a “una ingente cantidad de datos personales” de las bases de datos policiales, según destacan informes incorporados a la causa. Entre las víctimas de estos espionajes ilegales hay periodistas, empresarios y políticos.