Siete exdirectivos del BBVA imputados urgen al juez del ‘caso Villarejo’ a que les tome declaración

Siete exdirectivos del BBVA investigados por los trabajos presuntamente ilegales encargados por la entidad al comisario jubilado José Manuel Villarejo han cambiado durante diciembre su estrategia judicial. Del silencio tras el que se escudaron cuando fueron citados por primera vez a comparecer en la Audiencia Nacional tras ser imputados —algunos hace más de dos años— con el argumento de que la causa estaba entonces secreta, han pasado ahora a solicitar por escrito al juez que les cite para poder dar su versión sobre los hechos, según documentación judicial a la que ha tenido acceso EL PAÍS. La petición de los exdirectivos se produce cuando el juez tiene que decidir si prorroga la instrucción de la causa, en la que se investigan los 18 encargos que el BBVA hizo entre 2004 y 2017 al comisario, y por los que este se embolsó 10,3 millones de euros.

Estos siete ex altos cargos no son los primeros que han pedido declarar en los últimos meses tras haber guardado silencio al inicio de las pesquisas. Otros dos exdirectivos que en su momento se acogieron a su derecho a no contestar, el que fuera jefe de Seguridad Julio Corrochano y el exconsejero delegado Ángel Cano, ya comparecieron el martes de la semana pasada para romper su silencio.

De los siete ex altos cargos que han pedido durante diciembre comparecer ante el juez, el primero en hacerlo, el pasado 3 de diciembre, fue Eduardo Arbizu, responsable del área de Regulación y Control Interno del BBVA hasta julio de 2019, cuando fue cesado precisamente por su supuesta implicación en el encargo hecho al comisario de investigar a Asociación de Usuarios de Banca (Ausbanc) y su presidente, Luis Pineda. Siete días después presentó su escrito Manuel Castro Aladro, exdirector de Riesgos del Grupo BBVA. El día 22 de diciembre lo hizo Javier Malagón, antiguo director de fianzas.

Solo un día más tarde, eran cuatro los ex altos cargos de la entidad que daban el paso: Eduardo Ortega, antiguo director de los servicios jurídicos contenciosos; Ricardo Gómez Barredo, que fuera miembro del consejo de administración de Garanti, la filial turca de BBVA, y anteriormente director de contabilidad; y José Manuel García Crespo, exresponsable de servicios jurídicos del banco. El séptimo y último en hacerlo, el pasado lunes, fue Nazario Campo, jefe de grupo del equipo de Seguridad del BBVA. Campo y otros dos exdirectivos que quieren ahora declarar (Ricardo Gómez y Manuel Crespo) figuran, junto a Corrochano, Cano y otros ex altos cargos imputados, entre los 11 responsables de la entidad señalados por el informe que a finales de noviembre entregó el banco al juez con los resultados de la investigación interna sobre los contratos con Villarejo.

El cambio de estrategia legal de los siete exdirectivos se produce después de que, el pasado octubre, el exjefe de seguridad Julio Corrochano entregara por sorpresa en la Audiencia Nacional un largo escrito en el que aportaba numerosos datos sobre los contratos bajo sospecha. En aquel documento, este ex alto cargo afirmaba que “la decisión de contratar a esta empresa”, en referencia a Cenyt, epicentro de la trama societaria del comisario Villarejo, “fue del presidente”, en alusión a Francisco González, imputado desde 2019. En el escrito, de 41 páginas, Corrochano también implicaba al entonces responsable de recursos humanos, Ángel Cano, que luego fue nombrado consejero delegado del BBVA, y afirmaba que hasta siete departamentos del banco participaron de forma coordinada en esta contratación.

La Fiscalía Anticorrupción pidió entonces al juez que citara a declarar a Corrochano al considerar que aquel escrito no tenía el mismo valor judicial que una declaración oral. La petición de Anticorrupción fue aceptada por el magistrado, que citó a Corrochano y también al exconsejero Ángel Cano —que había pedido declarar voluntariamente—, para el pasado 21 de diciembre. Ese día, el exjefe de Seguridad del BBVA solo contestó a las preguntas de su abogada. En su comparecencia, ratificó el contenido de su escrito porque, recalcó, “refleja fielmente la visión de los hechos que están en la causa”. Por su parte, Cano se esforzó en su declaración en desligarse de la contratación del policía.

La investigación sobre los encargos de la entidad financiera al comisario —en la que están imputadas una veintena de personas, entre ellas el propio Villarejo, Francisco González y el BBVA como persona jurídica— forma parte del caso Tándem, el macrosumario abierto por las actividades presuntamente delictivas del policía. Ahora que el juez debe decidir si prorroga las pesquisas judiciales, el BBVA ha pedido que se les ponga ya punto final. Sin embargo, varios imputados, entre ellos Francisco González, han solicitado que se prolonguen hasta seis meses más, sin cerrar la puerta a futuras prórrogas. Entre los argumentos que esgrime el expresidente del banco se encuentra, precisamente, la necesidad de interrogar a los siete directivos que han pedido ahora declarar.