Dos exdirectivos del BBVA señalan a Francisco González como responsable último de la contratación de Villarejo

El ex jefe de seguridad del BBVA Julio Corrochano ha asegurado este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Joaquín Elías Gadea que su decisión de contratar, a partir de 2004, al comisario José Manuel Villarejo, presunto cabecilla de una trama parapolicial que vendía información confidencial, fue un encargo que recibió de sus superiores y, en concreto, “directamente” del entonces presidente de la entidad financiera, Francisco González, imputado en la causa por cohecho y revelación de secretos. Según confirman fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio, Corrochano, que había entregado en octubre un escrito en el que ya apuntaba a González, se ha ratificado en el contenido de este porque “refleja fielmente la visión de los hechos que están en la causa”. Antes que él había comparecido también como imputado el exconsejero delegado Ángel Cano, quien se ha esforzado en desligarse de la contratación del policía. Cano ha descargado la responsabilidad de aquellos contratos en Corrochano y en González, de los que ha asegurado que tenían una relación “bilateral” que hacía innecesaria su intervención. Fuentes de la defensa del expresidente de BBVA han desmentido este martes que él diera ninguna instrucción de contratar a la empresa Cenyt, epicentro de la trama societaria de Villarejo, y han insistido en señalar al ex jefe de seguridad como la persona en la que se delegó la decisión. En un escrito distribuido a los medios, fuentes próximas a González explican que “el propio jefe de seguridad ha ratificado en su declaración el escrito presentado en el que admite que fue él quien eligió a Cenyt para realizar este trabajo”.

La declaración de Corrochano ha durado tan solo 20 minutos, después de que el exjefe de seguridad del BBVA anunciara que únicamente iba a contestar a las preguntas de su abogada al encontrarse, ha señalado, bajo los efectos de una medicación que le afectaba a su “capacidad de atención”. El exdirectivo se había negado a declarar cuando fue citado por primera vez, en julio de 2019, como imputado. Entonces quedó en libertad tras pagar una fianza de 300.000 euros. Aquel silencio lo rompió el pasado 8 de octubre con la entrega en el juzgado de un documento de 41 folios en el que, además de a Francisco González, implicaba en las supuestas irregularidades al otro alto cargo del banco que declaraba este martes, Cano. Corrochano afirmaba en su escrito que hasta siete departamentos del banco participaron de forma coordinada en esta contratación. Las pesquisas han revelado, hasta ahora, que la entidad financiera hizo, entre 2004 y 2017, un total de 18 encargos al comisario por los que este se embolsó 10,3 millones de euros. Entre las víctimas de estos espionajes ilegales había periodistas, empresarios y políticos. El interlocutor entre el BBVA y Villarejo durante los 13 años fue Corrochano.

Este escrito de octubre ha sido, de hecho, el motivo por el que el ex jefe de seguridad acudía de nuevo a la Audiencia Nacional, después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera que fuera llamado a declarar al considerar que el documento no tenía el mismo valor que una declaración presencial. En su breve comparecencia, Corrochano se ha ratificado tanto en el contenido del escrito como en el de otros dos documentos incorporados a la causa. Uno, la respuesta que envió a los responsables de la investigación interna del banco y otro, a su sucesora al frente del departamento de seguridad. A partir de ahí, siempre según el relato de fuentes presentes en el interrogatorio, el exdirectivo ha intentado marcar distancias con todas las actuaciones presuntamente ilegales que rodearon los trabajos de Villarejo para el banco, como la obtención de información confidencial de los espiados. También ha restado validez a las grabaciones que Villarejo hizo de sus conversaciones con él, y que le fueron intervenidas cuando el comisario fue arrestado en 2017. “Estoy seguro de que esas grabaciones han sido manipuladas”, ha argumentado.

Sobre los contratos con la empresa Cenyt, epicentro del entramado societario del comisario, el ex jefe de seguridad ha recalcado que todos ellos eran “revisados por el departamento de la asesoría jurídica” y que él solo intervino en parte de ellos. En este sentido, Corrochano se ha desmarcado de aquellos en los que la entidad financiera buscaba rastrear los bienes de deudores, cuya responsabilidad ha hecho recaer en otro exdirectivo imputado, Antonio Béjar, responsable entonces del Área Riesgos en España y que colabora con la justicia. El exjefe de seguridad ha asegurado que mantuvo con Béjar una reunión en el despacho de este al que también acudieron Villarejo y su socio, el abogado Rafael Redondo. “El objetivo era presentarles al señor Béjar, que era con quién tenían que mantener la interlocución en los temas de recuperación”, ha dicho. Sobre el avance de estas pesquisas, Corrochano ha asegurado que solo tuvo la información informal que le facilitaba Redondo cuando coincidían tomando café.

Sobre la denuncia contra Ausbanc, que desembocó en la detención, en abril de 2016, de su presidente, Ángel Pineda, Corrochano ha afirmado que fue él quien, a finales de 2014, se dirigió a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía y le hizo entrega al comisario que la dirigía de un informe sobre esta asociación que le había dado el socio de Villarejo. “Le dije [al jefe de la UDEF] que podía tener indicios de responsabilidad penal. Era mi obligación colaborar con la policía”, ha dicho, antes de admitir que nunca les comentó cuál era la fuente del mismo. El exjefe de seguridad asegura que aquel tema se llevó con mucha “discreción” dentro del banco, y que solo cuando se abrió la causa en la Audiencia Nacional contra Ausbanc su departamento pagó una factura por ese trabajo. Corrochano ha negado que recibiera “comisiones” o “regalos” del comisario, con el que en su escrito había admitido haber tenido una profunda relación personal, ya que se conocieron en 1974, en San Sebastián, cuando ambos participaban como policías en la lucha contra ETA.

Informes “muy básicos”

Antes de Corrochano había prestado declaración Ángel Cano, ex consejero delegado del BBVA y que cuando la entidad comenzó a contratar a la empresa de Villarejo era responsable de Recursos Humanos. La investigación interna elaborada por el propio banco, y que envió a la Audiencia Nacional el pasado noviembre, lo señala como uno de los 11 directivos que participaron en la firma de los contratos, la validación de los servicios y los pagos a la empresa del comisario. Su comparecencia de este martes se ha producido a petición propia, después de que cuando fue citado por primera vez, en julio de 2019, se acogiera a su derecho a no declarar con el argumento de que el sumario estaba entonces aún bajo secreto.

Durante la poco más de una hora que ha durado ahora su declaración —en la que solo ha contestado a las preguntas del juez, el fiscal y su propio abogado—, Cano se ha esforzado en desligarse de la contratación de Villarejo a pesar de que su firma aparece en algunos de ellos. El exconsejero del BBVA ha descargado la responsabilidad de aquellos contratos en Corrochano, en el que ha dicho que tenía “plena confianza”, y en Francisco González, según coinciden en señalar fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio. “Julio [en referencia al exjefe de seguridad] lo estaba viendo en directo con el presidente”, ha afirmado, para a continuación insistir en que en aquel momento, él “no despachaba” con Francisco González ni este le dijo “nada” sobre dichos encargos.

Cano sí ha admitido que por sus manos pasaron algunos de los informes que elaboró Villarejo para el BBVA, aunque les ha restado valor. “Era una información muy básica bajada de internet. Lo más parecido a teclear un nombre y lo que salía en el buscador, volcarla en un informe”, ha señalado. El exconsejero también ha insistido en que cuando Corrochano le mostró uno de los contratos con el comisario para que le diera el visto bueno nada le hizo sospechar que “hubiera nada ilícito”.

Durante el interrogatorio del fiscal, este le ha mostrado correos electrónicos en los que él aparecía como destinatario de información sobre los contratos y ha hecho referencia a una grabación que hizo Villarejo de una conversación con Corrochano en el que este último aseguraba al policía que tenía instrucciones directas del propio Cano. El exconsejero ha negado este extremo y ha justificado la alusión a él en una supuesta “estrategia” del exjefe de seguridad para “meter presión” al comisario. “Nunca hablé nada de esto con Julio”, ha dicho, antes de insistir que este tenía una relación “bilateral” con Francisco González de la que él no participaba. A preguntas de su abogado, Cano ha recalcado que nunca “hasta ahora” ha tenido relación con Villarejo.