La investigación interna de BBVA concluye que 11 directivos participaron en la contratación de Villarejo

El BBVA ha entregado en la Audiencia Nacional el informe final de la investigación interna sobre las supuestas irregularidades en los trabajos realizados por el comisario José Manuel Villarejo para la entidad financiera entre los años 2004 y 2017, y por los que el policía jubilado se embolsó 10,3 millones de euros. El documento, elaborado por la consultora PwC y al que ha tenido acceso EL PAÍS, concluye que al menos 11 directivos —de ellos, nueve ya imputados por el juez Manuel García-Castellón— participaron en la firma de los contratos, la validación de los servicios y los pagos a la sociedad Cenyt, epicentro de la trama empresarial del presunto cabecilla de la red parapolicial. Tres de los señalados siguen trabajando en el banco.

Entre los citados, además del ex jefe de Seguridad, Julio Corrochano, figuran el entonces responsable de Recursos Humanos, Ángel Cano, que luego fue nombrado consejero delegado del BBVA; el director de finanzas, Javier Malagón; el jefe del Departamento de Contabilidad, Ricardo Gómez; y Antonio Béjar, responsables del Área Riesgos en España y que colabora con la justicia. En esta pieza del macrosumario del caso Villarejo, están imputadas una veintena de personas, entre ellas el propio Villarejo, el expresidente González y el BBVA como persona jurídica. Entre las víctimas de estos espionajes ilegales hay periodistas, empresarios y políticos.

El informe entregado este viernes por la entidad financiera al juez García-Castellón complementa otros dos anteriores de la investigación interna que el BBVA incorporó a la causa en julio y diciembre de 2019. “En este informe, PwC consolida y desarrolla los dos anteriores informes, elevando sus conclusiones a definitivas”, destaca el escrito del banco que acompaña el mismo. A lo largo de 102 folios, el documento analiza siete contratos firmados, entre diciembre de 2004 y junio de 2016, entre la entidad y la empresa de Villarejo bajo conceptos tan genéricos como “servicios de análisis de información” o “análisis y vigilancia en materia de seguridad del entorno general”. La conclusión del informe es que en todos ellos se produjeron numerosas irregularidades que vulneraban tanto los procedimientos internos del BBVA sobre contratación como, en el caso de algunos directivos, los códigos de conducta en lo relativo a la adquisición de bienes y servicios.

El documento pone el foco principal en el exdirector de seguridad del banco, Julio Corrochano, al que identifica como la persona que firmó cinco de los siete contratos analizados, así como de ser el responsable de verificar, junto a otros directivos, la mayor parte de ellos. Corrochano, que ocupó altos cargos en la Policía Nacional durante su etapa de comisario, también figura como la persona que autorizó los pagos de cuatro de estos contratos. Junto a él, la investigación señala a Ignacio Pérez Caballero, entonces director del Área de Riesgos del banco, como la otra persona que firmó al menos un contrato con las empresas de Villarejo. Pérez Caballero también figura como verificador de los trabajos de un contrato. En esta última función, el informe también señala a Cano, a Béjar, al director de Riesgos del Grupo BBVA, Manuel Castro, y a dos responsables de seguridad, Nazario Campos y Laura Crespo. Estos dos últimos aún trabajan en el banco, según ha confirmado la entidad. Crespo es una de las 11 personas señaladas por el informe que no está imputada en la causa.

Finalmente, como responsables de autorizar los pagos, el documento cita, además de a Corrochano y Pérez Caballero, de nuevo a Cano, Bejar y Castro. Junto a ellos, el informe identifica también con esta función a otros cuatro directivos: Ricardo Gómez, la empleada de contabilidad Beatriz Aguiriano e Inés Díaz Ochagavía, actual responsable de seguridad del banco. Díaz Ochagavía presentó en julio de 2020 un escrito en el que cuestionaba las conclusiones de uno de los informes preliminares de PwC en el que se la señalaba como responsable de la verificación y pago de 20 facturas a la empresa de Villarejo por un total de 1,36 millones de euros.