Anticorrupción señala a “las más altas instancias” del BBVA por las irregularidades del ‘caso Villarejo’

La Fiscalía Anticorrupción, en un escrito presentado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón para solicitar prorrogar al menos otros seis meses la investigación sobre las irregularidades en la contratación por parte del BBVA del comisario jubilado José Manuel Villarejo, carga contra la actual dirección de la entidad financiera, a la que acusa de falta de colaboración en las pesquisas.

En el escrito, los fiscales Miguel Serrano y Alejandro Cabaleiro piden al magistrado la práctica de nuevas diligencias, entre ellas que se tome de nuevo declaración al expresidente del BBVA Francisco González en ese caso por un nuevo delito, el de administración desleal, por el presunto uso de recursos del banco para valorar una finca que iba a comprar a título privado; y que se cite como imputado al director de Comunicación, Pablo García Tobin. El juez ha acordado prorrogar la investigación hasta el próximo 29 de enero de 2022 “ante el carácter complejo de los hechos investigados” y la necesidad de practicar aún numerosas diligencias.

El escrito destaca que de “las grabaciones obtenidas como consecuencia de las entradas y registros, en especial las del domicilio de José Manuel Villarejo, ponen en evidencia que Julio Corrochano [antiguo comisario de policía amigo de Villarejo y que era el responsable de seguridad del BBVA] trataba de estos temas [la contratación de las empresas del policía] con ‘el jefe’, siendo la única persona que puede responder a ello el expresidente de la entidad Francisco González”. Y a continuación añade que “lo anterior sitúa las irregularidades en las más altas instancias de los ejecutivos del banco, ejecutivos que, por otra parte, se mantienen en la actualidad y son los que dirigen la posición procesal de ‘colaboración’ de la entidad”.

Anticorrupción apunta que la presunta colaboración que el BBVA asegura estar prestando en las pesquisas no es real. Los fiscales admiten que la condición de la entidad de persona jurídica investigada “impide que se le pueda requerir a que presente los datos, pues se encuentra amparada por su derecho de defensa”, pero también destaca que en todos los escritos que presentan sus abogados “afirma su voluntad de colaboración que (...) resulta, si no incierta totalmente, sí sesgada e interesada”.

La “inconcebible” pérdida de documentos por parte del BBVA

En este sentido, el Ministerio Público destaca que en la documentación que el banco ha entregado a instancias del juez faltan archivos y, en otros, no existen los metadatos informáticos necesarios para “realizar la trazabilidad desde la creación del archivo hasta la actualidad”, lo que impide conocer qué personas estuvieron autorizadas para acceder a los mismos o si se produjo el borrado de alguno. La Fiscalía considera “simplemente inconcebible que una entidad como el BBVA apele a la pérdida de documentos que, sin ningún género de dudas, deberían de estar en su poder, tanto físicamente como informáticamente”.

La Fiscalía también pide que se cite a declarar de nuevo a Francisco González, ya imputado en la causa, en este caso como presunto autor de un nuevo delito, el de administración desleal. Anticorrupción cree que la investigación ha revelado la utilización de un “recurso de la entidad para su uso exclusivamente personal. En concreto, la utilización de recurso para valorar la adquisición de una finca a título privado”, señala sin más concreción.

Esta sospecha surge después de que el informe forensic elaborado por PwC para el BBVA pusiera de manifiesto la existencia de una serie de encargos del banco para investigar a los propietarios de varias fincas en las que estaría interesado a título personal González. En concreto, fincas en El Escorial (Madrid) y en Mallorca.

Imputación al jefe de Comunicación

Anticorrupción también ha pedido al juez que “se cite a declarar, en calidad de investigado, a Pablo García Tobin, en tanto responsable de comunicación del BBVA”. Fiscalía considera que este directivo de la entidad participó en la creación de un documento de Google Drive (almacenamiento en la nube) al que se incorporaban las principales informaciones sobre esta causa judicial, según manifestó Inés Díaz Ochagavía, número dos de Julio Corrochano, jefe de Seguridad y enlace con Villarejo.

En el escrito también se apunta que García Tobin tuvo una “participación activa en el denominado ‘levantamiento de evidencias’ y, porque dada su posición, se evidencia un trato cercano al expresidente de la entidad”, Francisco González. Los fiscales creen que el jefe de comunicación está relacionado con los hechos y puede aclarar cuál fue el “procedimiento de búsqueda de información” y “determinar qué personas lo conocieron”.

También indican que García Tobin puede conocer a quién se reportaba la información contenida en el Google Drive “y si se ha tratado de encubrir la participación de algún alto directivo o ejecutivo de la entidad”. Por último, apuntan que tras la declaración de Inés Díaz “y lo aportado por la defensa del BBVA, existe una clara contradicción que debe ser resuelta y, si no podemos contar con los metadatos, si al menos debemos de poder dar la oportunidad a Pablo García Tobin de que ofrezca su versión con todas las garantías procesales”.

El juez García-Castellón investiga en la pieza separada número 9 del caso Tándem, el macrosumario abierto para investigar las actividades presuntamente ilegales de Villarejo, los trabajos realizados por el comisario para el BBVA entre los años 2004 y 2017. Las pesquisas han revelado, hasta ahora, un total de 18 encargos, algunos sin mediar contrato por escrito, por los que el comisario se embolsó un total de 10,3 millones de euros. En esta pieza están imputadas 19 personas, entre ellas el propio Villarejo, el expresidente Francisco González y otros directivos de la entidad, así como el BBVA como persona jurídica. Entre las víctimas de estos espionajes ilegales hay periodistas, empresarios y políticos.