La jefa de seguridad del BBVA asegura tener documentos inéditos del ‘caso Villarejo’

Inés Díaz Ochagavía, actual directora de Seguridad Física del BBVA, ha anunciado este jueves, durante su declaración en la Audiencia Nacional como imputada en el caso Villarejo, su intención de aportar al sumario documentos supuestamente inéditos sobre los trabajos que hizo el comisario jubilado para la entidad financiera por los que cobró 10,28 millones de euros, según han confirmado a EL PAÍS varias fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio.

A preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, Díaz Ochagavía ha explicado que en mayo de 2018, tras salir a la luz pública la vinculación del banco con Villarejo, entonces encarcelado, el banco creó un comité para recabar toda la información que obrara en la entidad sobre la contratación de Cenyt, la empresa del comisario, y determinar la responsabilidad de lo ocurrido. Según detalló, en ese comité participaban, entre otros, el responsable de los servicios jurídicos del banco, Eduardo Arbizu, despedido posteriormente por su supuesta implicación en estos contratos, y Paul Tobin, al frente del departamento de comunicación.

La directora de Seguridad Física, imputada en el caso desde julio de 2019 aunque la de este jueves era su primera declaración tras negarse a hacerlo cuando fue citada por primera vez, ha asegurado al juez Manuel García-Castellón que a ella le encargaron recopilar la documentación existente en el área de seguridad y que, para ello, recurrió a su ex jefe y anterior responsable de seguridad del banco ya jubilado, Julio Corrochano, antiguo mando policial e imputado en la causa. Tras recibirla de este, la escaneó y se la devolvió a Corrochano.

Díaz Ochagavía ha asegurado que la copia digital que obtuvo la envió por correo electrónico al banco el 10 de julio de 2018 con el mensaje: “Tal y como comentamos, Julio [Corrochano] ha detallado en un informe todos los detalles de la relación con Cenyt”. La jefa de Seguridad ha asegurado ahora al juez que desconocía por qué parte de esos documentos supuestamente no estaban ahora en la causa y se ha ofrecido a entregarlos este viernes. Tobin, uno de los señalados por la directiva, ha negado que falte documentación: “Toda la recopilada ha formado parte de la investigación posterior realizada por la entidad y se ha aportado a la causa”. Arbizu ha declinado hacer declaraciones.

La jefa de Seguridad, que cuando compareció por primera vez ante el juez el 5 de julio de 2019 se acogió a su derecho a no declarar mientras la causa siguiera secreta, presentó en julio de 2020 un escrito en el que cuestionaba las conclusiones del informe pericial de PcW en el forensic encargado por la entidad. Ese informe, incorporado a la causa, la señalaba como responsable de la verificación y pago de 20 facturas a la empresa de Villarejo por un total de 1,36 millones de euros.

En su declaración de este jueves, Díaz Ochagavía ha negado tener competencias para autorizar esos pagos ni para verificar la realización de los trabajos contratados, y ha señalado que esas funciones eran competencia de su antiguo Jefe, Julio Corrochano, señalado por la investigación como el nexo entre el banco y Villarejo. La jefa de Seguridad también ha negado conocer o haber tratado con el comisario y ha restado relevancia a que su nombre apareciera en copia de los correos electrónicos sobre los encargos a Cenyt.

Declaración de cuatro policías

Este jueves también han declarado como imputados cuatro policías por su presunta relación con los trabajos de Villarejo para el BBVA. Se trata de un inspector jefe, un subinspector y dos oficiales, que presuntamente extrajeron, entre 2014 y 2016, datos confidenciales de 15 personas de cinco bases policiales de uso restringido. Entre esas personas espiadas se encontraba un ciudadano búlgaro que compartió celda con el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, al que Villarejo había espiado para la entidad financiera.

Dos de los agentes ya figuraban como investigados por hechos similares en otras piezas de la macrocausa en la que se investiga la trama parapolicial del comisario. Según fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio, los cuatro agentes han coincidido en señalar que no recordaban aquellas búsquedas concretas y su finalidad. Todos ellos se han escudado en que cumplían órdenes de sus superiores y que entonces estas las recibían de modo verbal y no quedaba ningún tipo de registro físico de las mismas.