Imputados cuatro policías de la lucha antiterrorista por filtrar datos a Villarejo para el BBVA

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Villarejo, ha citado a declarar como imputados a cuatro agentes de la Policía Nacional que presuntamente facilitaron, entre 2014 y 2016, al comisario jubilado José Manuel Villarejo información confidencial de una quincena de personas para el BBVA. Se trata de un inspector jefe, un subinspector y dos oficiales, todos ellos destinados en aquellos años en la Comisaría General de Información, responsable de la lucha antiterrorista, que extrajeron presuntamente de cinco bases policiales datos de uso restringido de 15 personas, entre ellas un ciudadano búlgaro que compartió celda con el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, al que Villarejo había espiado para la entidad financiera.

El magistrado tomará declaración a los cuatro agentes, actualmente con otras funciones dentro de la Policía, acusados de los delitos de revelación de secretos y cohecho. Dos de ellos ya figuran como investigados por hechos similares en otras piezas de la macrocausa en la que se investiga la trama parapolicial del comisario, en prisión desde su arresto en noviembre de 2017.

La citación de los cuatro policías se produce a petición de la Fiscalía Anticorrupción después de que un informe de la Unidad de Asuntos Internos permitiera identificar a los agentes que, durante aquellos dos años, entraron en bases de datos policiales para obtener información que, posteriormente, Villarejo incluyó en informes que envió al BBVA, y que se investigan en la pieza 9 del sumario. Las pesquisas han revelado que la entidad financiera pagó al policía por los servicios que le prestó durante 14 años cerca de 10,3 millones de euros. El auto del juez destaca que para ello, el comisario jubilado se hizo con “una ingente cantidad de datos personales relativos a las personas objetos de investigación, buena parte de los cuales son accesibles a través de los diferentes ficheros y aplicaciones policiales”, cuyo contenido no puede cederse “a entidades privadas”, según recalca el magistrado.

El auto del juez destaca que, el 10 de noviembre de 2016, uno de los policías ahora imputados entró presuntamente en la base de datos Adexttra (que incluye, entre otros, datos de filiación, domicilio, pasaporte e imágenes de ciudadanos extranjeros) para obtener información sobre ocho búlgaros, entre ellos el entonces compañero de celda de Pineda, del que Villarejo sospechaba que podía ser utilizado por este último para vengarse de la entidad. No fue la única consulta sobre estas personas. También en noviembre, otros dos de los agentes ahora imputados consultaron datos sobre ellos en las bases Argos (sistema de consultas para seguridad ciudadana y control de fronteras), Sidenpol (que recoge las denuncias en comisarías y los partes de intervención policial), Atlas (que incluye las reseñas y búsquedas policiales de personas) y Personas-Objetos (con información de personas y objetos catalogados de interés policial). Todos estos datos aparecieron, tras el arresto de Villarejo en 2017, en sendas carpetas denominadas ‘Búlgaro’ y ‘Bond’ que el comisario guardaba en sus equipos informáticos.

Las pesquisas policiales también han localizado consultas irregulares de uno de los policías en las bases Adexttra y Atlas sobre otros dos ciudadanos de origen extranjero que, posteriormente, aparecieron recogidos en los informes del Proyecto Neigbour. Con este nombre, el comisario bautizó la investigación que realizó presuntamente para el BBVA sobre el presidente de una compañía siberiana de petróleo y gas, Alexander N. Ch. Dentro de este encargo, Villarejo recabó información de otras 17 personas. En el auto, el juez también pide a la Policía que amplíe la información recabada hasta ahora sobre este espionaje al haberse detectado una consulta efectuada en las mismas fechas en cuatro bases policial de la que aún no se ha identificado a su autor.

El subinspector imputado deberá responder por la consulta que hizo en las bases de datos Argos, Atlas, Sidenpol y Personas-Objetos sobre cinco personas a las que Villarejo espiaba dentro del que bautizó como Proyecto Templar. En este trabajo, el comisario investigó a Eduardo S. L., un inversor de 75 años que se dedicaba a la adquisición de inmuebles con inquilinos de renta antigua. Según la documentación incorporada al sumario, el BBVA presuntamente encargó a Villarejo comprobar la solvencia personal, profesional, empresarial “y, sobre todo, moral” del empresario. El comisario investigó quiénes eran sus parientes más cercanos y sus socios, y destacó en sus informes que entre ellos había personas con antecedentes policiales.

Finalmente, el juez interrogará a un inspector jefe por haber consultado el 27 y 28 de noviembre de 2014 la base de datos Addnifil (que recoge toda la información del DNI) sobre Luis R. D., principal espiado por Villarejo en el Proyecto Hard. En este, el comisario investigó a los administradores de una empresa dedicada a la promoción inmobiliaria. El auto destaca que el inspector jefe imputado por estos hechos, y que en la actualidad está jubilado, ya figura como investigado en otras piezas del caso Villarejo acusado de hechos similares.