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Summer, Fish, Trampa... Los 13 encargos del BBVA a Villarejo con los que el policía se embolsó 10,3 millones

El sumario desvela los detalles de los trabajos de investigación y espionaje que el banco encargó al comisario cuando aún era policía en activo

El comisario jubilado de Policía, José Manuel Villarejo
El comisario jubilado de Policía, José Manuel VillarejoÁlvaro García

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón acordó el lunes pasado levantar el secreto que pesaba sobre la investigación de los contratos del BBVA con el comisario jubilado José Manuel Villarejo en el sumario abierto tras la Operación Tándem. EL PAÍS ha accedido al sumario de la causa, donde se recoge la información recopilada hasta ahora por los investigadores sobre los trabajos que el policía—en prisión provisional desde noviembre de 2017— realizó para el BBVA. El primer contrato de la entidad financiera con el Grupo Cenyt, el entramado societario que dirigía Villarejo, data del 2 de diciembre de 2004, cuando aún era policía en activo. Según la Fiscalía Anticorrupción, el banco ya conocía entonces "la naturaleza ilícita de todas las contrataciones". La investigación ha revelado la existencia de al menos seis encargos, todos ellos bautizados con nombres en clave: 

Proyecto Trampa/FG

El entramado de Villarejo llevó a cabo este encargo entre los años 2004 y 2005. Se trataba de obtener información sobre lo que llamaban "grupo hostil", el intento de adquisición por parte de Sacyr de una participación significativa en el BBVA, algo que en el banco se interpretaba como un asalto a su autonomía. Villarejo hizo seguimientos y escuchas para controlar las comunicaciones.  

Los empleados del comisario jubilado accedieron al tráfico de llamadas de los investigados dentro de una estrategia global de "hostigamiento sostenido" contra varias personas, entre ellas, Luis del Rivero (presidente de Sacyr), José Domingo de Ampuero y Osma, Vicente Benedito Francés, al entonces vicepresidente de la CNMV Carlos Arenillas Lorente, o al entonces director de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno Miguel Sebastián Gascón. Este hostigamiento afectó "a su libertad, intimidad, reputación, carrera profesional, y a la esfera más privada de su vida personal y familiar", según la Fiscalía Anticorrupción. 

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Por este proyecto, el entramado de Villarejo cobró un mínimo de 592.069,61 euros, a los que según Anticorrupción podrían sumarse otros pagos que ascienden a 483.431,40 euros realizados entre 2005 y 2007. Su vinculación "permanece pendiente de esclarecer por completo", asegura Anticorrupción en un informe incorporado al sumario. 

Proyecto Summer/Gate

Así es como el grupo de Villarejo bautizó otro de los trabajos encargados por el BBVA. En este caso, consistía en investigar al que fuera dueño de Inmobiliaria Colonial, Luis Portillo, para tratar de recuperar una deuda de 60 millones de euros que tenía con el banco. 

El banco interpuso una denuncia contra Luis Portillo ante la Fiscalía Anticorrupción en el año 2012. Y lo hizo, según Anticorrupción, "a sabiendas de que se habría nutrido de la información suministrada por Cenyt en sus informes de averiguación patrimonial". 

Antonio Béjar relató en su declaración ante el juez el problema que se suscitó en el BBVA cuando la dirección del banco decidió denunciar a Portillo y renunciar a buscar los bienes localizados, tal y como estaba previsto en el contrato, por lo que debieron hacer frente al abono de la prima de éxito por ese concepto que les reclamaba Cenyt.

El pago inicial por empezar (lo que se conoce como provisión de fondos) a trabajar en el proyecto Fish fue de 435.000 euros más IVA. La contraprestación final iba a incluir el 12,5% de todo lo recuperado para el BBVA. Según una factura encontrada al socio de Villarejo, Rafael Redondo, Cenyt recibió 1,2 millones por recuperar fondos para la entidad bancaria.  

Proyecto Pin /Ausbanc

El llamado Proyecto Pin, que pretendía obtener información sobre la Asociación de Usuarios de Banca (Ausbanc) y su presidente, Luis Pineda Salido, se desarrolló entre los años 2012 y 2015. El banco trataba así de defenderse de la "campaña de desacreditación y presión judicial y extrajudicial" a la que le estaban sometiendo, como la propia entidad reconoce en dos escritos aportados a la causa. Según Anticorrupción, el encargo era "eminentemente ilícito y especialmente confidencial", por lo que no consta contrato por escrito con esa denominación. 

Los investigadores creen que los pagos relativos a ese encargo se canalizaron mediante la emisión de facturas emitidas durante el periodo de vigencia del proyecto, pero con distintas denominaciones. Se han encontrado hasta cinco facturas que podrían corresponder a los pagos por investigar a Ausbanc, alguna de ellas empleando conceptos diferentes. El banco solo reconoce una factura emitida en 2015 por servicios de Pin, por un total de 211.750 euros, con IVA. 

Proyecto Autumn/Fall

Este proyecto en realidad es previo a Villarejo. Entre 2008 y 2010 el BBVA encargó a la agencia Kroll, con el despacho Simmons&Simmons como intermediario, que investigara el patrimonio de Luis Portillo (Inmobiliaria Colonial) y Fernando Martín (Martinsa). Según declaró Antonio Béjar, ante los "escasos resultados" del proyecto, bautizado como Autumn, el presidente del BBVA, Francisco González, le ordenó "trabajar con la empresa que iba a contratar Julio Corrochano". Fue este encargo el que dio lugar a todos los contratos que se firmaron entre 2010 y 2014 con Cenyt.

Proyecto King 

Este contrato tenía como objeto la prestación de servicios de rastreo y detección de bienes de cualquier tipo del Grupo Prasa. Las empresas de Villarejo cobraron en total 2,1 millones de euros por estos encargos. El BBVA pretendía buscar bienes o fondos para resarcirse de la deuda no cubierta por las garantías reales contratadas.

En aquel momento, el Grupo Prasa le debía al BBVA unos cien millones de euros, según se desprende del contrato que el 1 de febrero de 2012 firmaron Julio Corrochano, entonces jefe de Seguridad de la entidad, con Rafael Redondo, socio de Villarejo, que rubricaba en representación de Club Exclusivo de Negocios y Transacciones (Cenyt). 

El pago inicial para empezar a investigar fue de 737.500 euros y posteriormente constan otras tres facturas que suman más de 1,3 millones de euros, según facturas que constan en el sumario. 

Proyecto Fish

Así se bautizó el encargo para detectar y rastrear bienes de Fernando Martín Álvarez, dueño de Martinsa y expresidente del Real Madrid. El contrato entre Julio Corrochano y Rafael Redondo se firmó el 5 de febrero de 2010. Martín debía al BBVA 50 millones de euros, según documentación que obra en la causa. 

En este encargo la Fiscalía Anticorrupción ha detectado indicios de ilegalidades. En un correo remitido por Redondo a Antonio Béjar el 25 de julio de 2013, que se encuentra en el sumario del caso, aparece un acceso ilícito de Cenyt a información patrimonial que no se podía obtener de fuentes abiertas. Redondo escribe: "Antonio, tenemos una nueva pista (procedente del resultado de una comisión rogatoria ordenada por el entonces juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz) cuyo seguimiento parece prometedor: La sociedad de Islas Vírgenes Butler Properties (fundada en 2004), de la que FM [Fernando Martín] es presidente". Es decir, el equipo de Villarejo accedió a documentación confidencial de una instrucción judicial aún en marcha.  

El pago inicial por empezar (lo que se conoce como provisión de fondos) a trabajar en el proyecto Fish fue de 575.000 más IVA. La contraprestación final iba a incluir el 12,5% de todo lo recuperado. No consta que Cenyt consiguiera recuperar bienes o fondos para el banco y, por tanto, no cobró nada por ese concepto. 

Entre Fish y Gate la policía ha recopilado facturas por un total de 2,8 millones de euros pagados a las empresas de Villarejo. La suma de todas las facturas abonadas por el banco a Cenyt, atribuidas a esos proyectos o en facturas que aún no están claras asciende a 10,28 millones de euros, según la Fiscalía Anticorrupción. 

Proyecto Duke

En este trabajo, entregado a finales de 2014, el investigado fue Nicolás Osuna García, presidente del grupo de inversiones NOGA, empresa dedicada a la construcción, promoción y explotación inmobiliaria. También se investigó a otras personas relacionadas con él, de las que se obtuvieron datos personales. 

Proyecto Templar

Villarejo elaboró un informe para el cliente K (Corrochano) acerca de Eduardo Santos de Lamadrid, un inversor de 75 años, que se dedicaba a la adquisición de inmuebles con inquilinos de renta antigua. Al autor del informe le llama la atención que "el citado señor figura como administrador único de una veintena de sociedades, todas ellas constituidas muy recientemente (a partir de 2012), sin socios o promotores conocidos y con poco capital social". Según un informe que obra en el sumario, al cliente le interesaba comprobar la solvencia personal, profesional, empresarial, "y sobre todo moral", antes de trabar relaciones con él. Se trataba de "evitar riesgos reputacionales". 

Los autores del informe —que no va firmado y apareció en documentación intervenida a Rafael Redondo— rastrean hasta la infancia de Santos, dónde fue al colegio y a qué se dedican sus parientes más cercanos. También investigan quiénes son sus socios en las sociedades de las que es administrador y encuentran a personas con antecedentes penales, por lo que recomiendan no hacer negocios con él. Entre esas averiguaciones los investigadores del caso Tándem encuentran acciones ilegales. 

Proyecto Hard

El comisario jubilado investigó para el BBVA a la sociedad Ibérica de Maderas y Aglomerados, que se dedica a la promoción inmobiliaria y construcción de inmuebles. El entramado buscó información sobre los administradores de la empresa. 

Proyecto Gossip

Los investigadores han encontrado informes que indican que se investigó a Eduardo Inda, propietario de OKDiario, después de que este medio publicara una noticia negativa acerca de Francisco González. Cenyt rastreó sus llamadas y destacó que hablaba mucho con Florentino Pérez, presidente de ACS.

Proyecto Doctor

En él se investigó a la familia Sanahuja, antiguos máximos accionistas de la inmobiliaria Metrovacesa, y se elaboraron perfiles sobre muchas personas vinculadas a la familia. 

Proyecto Neighbour

Este trabajo contiene documentos sobre el presidente de una compañía llamada Ruspetro, Alexander Nikolaevich Chistyakov. Como ocurre con otros informes, el equipo de Villarejo accede a datos personales de esta persona a través de bases de datos policiales. Dentro de este encargo, Cenyt investigó a otras 17 personas relacionadas con el presidente de Ruspetro. 

Proyecto Slon

En este encargo las empresas de Villarejo investigaron qué personas o intereses estaban detrás del fondo de inversión Slon Capital y si este tenía relación con el empresario Enrique Bañuelos. El trabajo concluyó que Bañuelos no tenía relación con el fondo.   

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